Política e historia

07 mayo 2002. Los diputados de algunos partidos políticos de oposición parecen no saber qué es lo que quieren. ¿Un cambio de orientación en la política exterior de México? ¿O la remoción del canciller Castañeda, encargado de esos asuntos? ¿O ambas cosas?

Si lo que quieren es remover al secretario actual mediante juicio político, entonces no les interesa realmente la política exterior de México, porque en el hipotético y remoto caso de que prospere su demanda, la remoción del secretario no hará variar la política que ha seguido el presidente.

Si, por el contrario, quieren que el gobierno cambie la orientación de su política exterior, entonces necesitan legislar al respecto, a fin de que éste o cualquier otro secretario cumpla con la normatividad en la materia, con o sin juicio político de por medio, en el entendido de que si no lo hacen así, de poco valdrá el ruido que están haciendo.

Si lo que quieren son ambas cosas, la cuestión es más espinosa aún. Porque iniciar juicio político contra el canciller Castañeda por recomendar al presidente Fox una política exterior que ha complacido los intereses de Washington, como se vio en el “consenso de Monterrey” (en que el canciller mintió e hizo mentir al presidente) así como en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (en que el peso de México inclinó la balanza para emitir una resolución contra Cuba) es muy controvertible.

Para comenzar, el responsable de conducir la política exterior no es el canciller Jorge Castañeda sino el presidente Vicente Fox. Y al presidente no es posible someterlo a juicio político más que por traición a la patria o delitos graves del orden común. Por otra parte, Castañeda no es más que un empleado del presidente. No puede ser sometido a juicio político por actos de éste.

Por cierto, es absurdo y ridículo que dichos diputados, al visitar al presidente en Los Pinos la semana pasada, le hayan pedido que remueva a su canciller. Aquél tiene la facultad y la obligación de nombrar y remover libremente a sus secretarios de despacho. Es su responsabilidad constitucional. Pedirle la remoción de Castañeda fue pedirle que decline sus atribuciones; es decir, que viole la Constitución que aquellos quieren hacer cumplir. La negativa del presidente fue adecuada: no tiene ninguna intención de remover a su secretario porque le parece correcta su actuación.

Ahora bien, los diputados dan por sentado que en el asunto de Cuba, el gobierno de México ha violado el principio de No Intervención, la Doctrina Estrada y la Carta de la ONU. Pero esto es muy discutible. Impulsar la vigencia plena de los derechos humanos, las libertades democráticas o cualquier otra causa noble, social o humanitaria en alguna parte del mundo, no viola ninguna norma jurídica en el ámbito interno o externo de ningún país. Al contrario. ¡Qué más quisiéramos! ¡Que estos valores se respetaran en todos los rincones de la Tierra, incluyendo muchísimos de nuestros mexicanos rincones, tan olvidados de Dios y principalmente del gobierno! Para eso se instituyeron las naciones: para garantizar su observancia.

Por lo que se refiere al principio de No Intervención, es falso que el gobierno de Fox lo haya violado. Este principio fue definido desde 1814 por la Constitución de Apatzingán en los siguientes términos: “Ninguna nación tiene derecho a impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza. El pueblo que lo intente debe ser obligado por las armas a respetar el derecho convencional de las naciones”. En el presente caso, si México hubiera recomendado en la ONU que impidiera a Cuba el uso libre de su soberanía o que impusiera los derechos humanos y las libertades democráticas por medio de la fuerza, entonces habría apoyado una abierta intervención. Pero no hubo tal.

Por otra parte, el gobierno de Fox tampoco ha violado la Doctrina Estrada (derivada del principio de no intervención), que establece que "México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos a los gobiernos porque considera que ésta es una práctica denigrante, que sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos". Si México se hubiera pronunciado por reconocer o desconocer al gobierno de Cuba, herido su soberanía o calificado sus asuntos internos en algún sentido, habría violado la Doctrina Estrada. Pero tampoco hubo tal.

Por último, se ha argumentado que la Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo I, artículo 2, fracción 7, establece que "ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta". Pero México no votó por la intervención de la ONU en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de Cuba, ni porque se le obligue a someter sus asuntos internos a procedimientos de arreglo. Lo que apoyó fue una resolución que reconoce el avance que ha logrado la isla en materia de derechos sociales y recomienda que impulse igualmente “los derechos humanos, civiles y políticos”.

Si no ha habido tal violación al principio constitucional de No Intervención, ni a la doctrina Estrada, ni a la Carta de la ONU, y el responsable de la política exterior es el presidente, no el canciller Castañeda, es muy difícil que prospere una demanda de juicio político contra éste. Tal parece que es una acción condenada al fracaso.

Y es que el asunto no es personal ni jurídico. Es fundamentalmente ético y político. Es un asunto de fuerza moral y material. Una política exterior grosera, basada en la mentira y el engaño, como la que el presidente Fox ha sostenido en sus relaciones con el presidente Fidel Castro, o que respalda la condena al débil para complacer al fuerte, como la que México ha seguido contra Cuba para obsequiar los intereses del gobierno norteamericano, es altamente censurable; pero no menos inevitable. ¿Cuándo han alzado la voz nuestros diputados para condenar expresamente el embargo que EEUU ha impuesto injustamente a Cuba desde hace más de cuarenta años? O por lo menos, ¿cuándo han censurado al propio gobierno mexicano por la aplicación injusta del Pacto de San José, mediante el cual proveemos de petróleo a todos los países de Centroamérica y del Caribe, menos a la isla? ¿Cuándo han legislado para superar una y otra cosa? ¿Por qué no protestaron cuando el presidente Fox alineó a México con la política bélica e intervencionista de EEUU contra Afganistán? ¿Dónde está la fuerza moral que requieren para exigir el cambio de rumbo en esta materia?

Lo que necesitan los diputados es ganar fuerza moral, porque ésta es la única generadora de la fuerza material. Si la adquieren, ganarán el apoyo del pueblo y podrán inducir al presidente Fox a que modifique su política y designe a otros colaboradores. Pero si no, seguirán dando bandazos sin ningún beneficio para el país y menos para Cuba.

jherrerapen@hotmail.com