Historia y política |
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Cambio de la
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12 agosto 2000. “La lucha armada es producto y tiene su sustento en la pobreza, en la marginación, en la miseria, en la negación de los derechos políticos, económicos y sociales a la mayoría de los mexicanos, en la represión, y mientras estos existan, la lucha armada revolucionaria es tan legítima y necesaria que constituiría un error y un crimen pretender dejar indefenso y a merced de los cuerpos policíacos y militares a los sectores sociales que hoy ven en el movimiento armado una alternativa política”. Tal
es la respuesta del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Partido
Democrático Revolucionario Popular (PDRP) a varios grupos de exguerrilleros, publicada
en su órgano de análisis y difusión llamado “El Insurgente”, fechado en
mayo-junio del corriente año, pero enviado a través del correo electrónico hasta el 11 de
agosto. La
solicitud de que depongan las armas y prosigan la lucha por la vía pacífica
fue hecha “a los grupos armados” por un conjunto de exguerrilleros de los años 60 y 70, que
formaron parte de los grupos Liga Comunista 23 de Septiembre, Partido
de los Pobres, Liga Espartaco y Movimiento de Izquierda
Revolucionaria. Dichos
grupos firmaron un compromiso político el 20 de junio del presente año ante
el Instituto Federal Electoral (IFE), obligándose a “trabajar intensamente
para lograr la paz en México, por el respeto a los derechos humanos y la
consolidación de las instituciones fundamentales para la vida del país,
además de hacer un llamado a los grupos armados para que dejen esta lucha”. Los exguerrilleros que trabajan por la paz
aclararon a “los grupos armados… que no se trata de un llamado a la
claudicación, ni a que se rindan. No se trata de un llamado a la traición de
sus principios y aspiraciones”. Se trata solamente de que acepten continuar su
lucha por medios pacíficos y en el marco de la ley, porque “el costo de
llevar a una sociedad a la guerra es altísimo” y “porque en este momento no se
justifica la lucha armada”. El EPR y el PRDP contestan que ya impulsaron la
lucha legal y pacífica, pero sólo recibieron represión: “allí están Aguas
Blancas, Acteal, el Charco, El Bosque, cientos de perredistas asesinados,
presos y desaparecidos políticos, hogares vestidos de luto y habitados por
viudas y huérfanos”. Allí están también las cárceles del país llenas de
“campesinos, indígenas y luchadores sociales, sobre todo en Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Veracruz e Hidalgo”. Todos ellos –agregan- son “testigos y botón de
muestra de la respuesta gubernamental a la lucha legal y pacífica”. No hubo más alternativa que repeler la fuerza con
la fuerza. Consecuentemente, “para nosotros y para la base política que nos
sostiene y nos protege, la lucha “legal y pacífica” ha sido agotada, porque
no resuelve los problemas económicos, sociales y políticos de nuestro pueblo.
De esto dan cuenta los últimos 11 años de lucha electoral, que algunos
sectores sociales vieron como una esperanza”. En conclusión, según el EPR y el PRDP, “la lucha armada hoy más que
nunca tiene vigencia, y es tan legítima y necesaria desarrollarla, que sería
un crimen social, una cobardía política y una inconsecuencia histórica no
enarbolar las banderas de la lucha armada revolucionaria que hoy ondean en
varios estados de nuestra patria”. “Abandonar las armas insurgentes constituye una traición a nuestros
muertos caídos en combate y en la tortura, a nuestros presos y desaparecidos
políticos, a nuestras bases populares que a pesar de la guerra de baja
intensidad siguen resistiendo y sosteniendo las banderas de la lucha por el
socialismo, de ese cambio social profundo y revolucionario que demanda con
urgencia nuestra sociedad”. |
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