Historia y política

09 mayo 2001.- Desarrollo político, según el gobierno federal, es establecer bases para seguir debilitando al PRI en la próxima elección presidencial; ampliar la base electoral del próximo presidente de la República no priista, y fortalecer después a los otros dos poderes del Gobierno Federal.

Tal es lo que parece desprenderse del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del gobierno foxista (que se presenta hoy), según las notas periodísticas que se han publicado al respecto. Por eso, el secretario de Gobernación Santiago Creel dijo que “su forma y estilo son diametralmente opuestos al priismo” (El Economista, 22 mayo 2001).

Dicho funcionario declaró que las materias que requieren planeación son cuatro: “desarrollo humano”, “innovación gubernamental”, “orden y respeto”, y “desarrollo político”. Y este último, a su vez, está integrado por tres temas básicos: segunda vuelta electoral, voto de los mexicanos en el extranjero y reforma política, así, en su orden.

En este caso, ¿para qué se establecería la segunda vuelta en la elección presidencial? Sin duda, para ampliar la base política del próximo presidente de la República. ¿Para qué el voto de los mexicanos en el exterior? Para garantizar que el nuevo presidente sea un no priista? ¿Y para qué la reforma del Estado? Para proyectar influencia no priista a los poderes legislativo y judicial de la Federación.

Si las cosas son así, la orientación del Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, del gobierno federal, en lo que se refiere al desarrollo político, parece tener claros sus objetivos.

La segunda vuelta no es un procedimiento nuevo en nuestra historia. La elección ha sido indirecta y directa. Antes, en la época en que la elección era indirecta, y concretamente, de 1857 a 1912, los ciudadanos designaban a electores, y reunidos éstos en asambleas distritales, designaban a diputados, senadores, presidentes de la República y de la Suprema Corte, y ministros del más alto tribunal de la nación. Se requería que los candidatos obtuviesen “mayoría absoluta”. Cuando esto no ocurría, quedaban como candidatos los dos que habían alcanzado el mayor número de votos, y entre ellos se celebraba una nueva elección -una segunda vuelta- con la ventaja de que ésta tenía efectos en la misma fecha, al reconocerse de inmediato al que obtenía “mayoría absoluta”. Y si los dos quedaban empatados, se dejaba el asunto a la suerte: se depositaban las dos cédulas en un ánfora de cristal, se agitaba ésta y la cédula que salía en primer lugar correspondía a la del candidato ganador.

No era malo el procedimiento. Lo malo fue la forma de la que se valió el régimen de Porfirio Díaz para controlar a las asambleas electorales del país y garantizar la reelección indefinida.

En 1917 se sustituyó el sistema de elección indirecta por la elección directa para designar diputados, senadores y presidente de la República, no así ministros de la Suprema Corte de Justicia; éstos siguieron siendo designados por elección indirecta; aunque ya no por las asambleas electorales distritales sino por el titular del Ejecutivo con aprobación del Senado. En todo caso, de 1917 a 1970 se declaró electo presidente de la República al ciudadano que obtenía “la mayoría absoluta de votos”. Fueron los tiempos, primero, de los grandes caudillos, y después, del partido “casi único”.

Pero luego ocurrieron dos cosas. En 1973 se dispuso que el presidente fuera electo “por votación directa y mayoritaria relativa en toda la República”. Y en 1977 se llevó a cabo esa gran reforma política que estableció, entre otras cosas, el sistema de partidos, que consideró a éstos como entidades de interés público y que generó condiciones para su desarrollo institucional, algunas de las cuales fueron las prerrogativas de tener acceso permanente a la radio y a la televisión, y recibir financiamiento público.

A partir de esta última reforma, el partido “casi único” empezó a perder votos y se convirtió en “partido mayoritario”. Los partidos de oposición, en cambio, aumentaron sus clientelas electorales, a tal grado que 23 años después, en 2000, se declaró presidente de la República a un candidato del PAN por el sistema de “mayoría relativa”. Si se establece la segunda vuelta, el próximo presidente habrá de ser electo por “mayoría absoluta” y tendrá con ello una base electoral más amplia, es decir, una mayor fuerza política.

Por lo que se refiere al voto de los mexicanos en el extranjero, no hay antecedentes en la materia; pero en los 80’s empezó a ser tema electoral. Millones de hombres y mujeres de todos los rincones de la República emigraron a Estados Unidos. (Lo siguen haciendo). Pero a pesar de su innegable valor para buscarse la vida en ese país -en condiciones adversas-, los que se fueron conservaron un hondo resentimiento contra los regímenes priistas que los obligaron a irse, y se sienten atraídos por los partidos de oposición, especialmente por el PRD; aunque, como es natural, hay de todo.

Ya se dispuso constitucionalmente que los emigrantes podrán tener dos nacionalidades: la de su origen y la de su residencia. Menos mal. Ya pueden participar en las elecciones presidenciales, a condición de que lo hagan dentro de la República. Falta que voten en el país de su residencia. En caso de que se impulse el desarrollo político en esta dirección, se observará un notable fenómeno: personas que al emigrar y adquirir otra nacionalidad se quedaron sin la suya, ahora se convertirán en ciudadanos especiales, con doble nacionalidad, que podrán votar en dos países. Y los partidos políticos nacionales, en lugar de circunscribirse a hacer campaña dentro de los límites del territorio nacional, se verán obligados a hacerla en México y Estados Unidos. Habrá que ver si esto es posible.

Pues bien, según la concepción gubernamental, reducido a su mínima expresión el partido antes “casi único”; después, mayoritario, y ahora, primera minoría, quedarán firmes las bases del nuevo equilibrio político, en el que el nuevo presidente podría ser otro no priista (quizá otro panista) y sobre tales bases, llevarse a cabo la reforma política en busca de un nuevo equilibrio entre los poderes del Estado.

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