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Cambios en la
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Por HUMBERTO MUSACCHIO
Cd de
México.-El texto que sigue fue escrito por el general José Francisco Gallardo
Rodríguez, general brigadier que ha levantado la demanda de crear un
ombudsman de las Fuerzas Armadas. Preso desde hace años, el general Gallardo
ha hecho frente a decenas de procesos los cuales ha ganado uno tras otro en
la Suprema Corte de Justicia mientras sus acusadores le arman
nuevas acusaciones. Su firmeza y la justicia de su causa le han ganado un
respeto generalizado y el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, del PEN Internacional y de numerosos organismos nacionales y
extranjeros defensores de los derechos humanos. Se trata de un hombre con
autoridad para opinar sobre el ámbito castrense y proponer su reforma. Este
es su texto: José Francisco Gallardo RodríguezSi retomamos la historia, el sistema político mexicano (1929),
nació con vicios de origen al tener en su seno una marcada presencia militar
y hacer de las Fuerzas Armadas una corporación más del partido ligado al
poder. Fue hasta 1946 cuando se entregó la Presidencia de la República a un
civil. Pese a lo anterior, hasta 1964 los militares ocuparon la presidencia
del partido oficial. Igualmente, con la creación de la Dirección Federal de
Seguridad (DFS) varias figuras del orden castrense ocuparon posiciones
significativas en los servicios de inteligencia que reclamaba el gobierno. De
la misma manera, elementos militares se han desempeñado en gubernaturas, han
tenido cargos en los tres niveles de gobierno, así como escaños y curules;
han operado en las policías y en la campaña contra el narcotráfico a la vez
que mantienen permeada a la administración pública mediante el Estado Mayor
Presidencial con escoltas, guaruras, abrepuertas, etcétera. Lo anterior ha tenido resultados nefastos que van desde la
corrupción hasta crímenes de lesa humanidad, como el homicidio del general
Francisco Serrano en Huitzilac y de los vasconcelistas en Topilejo; el
asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, la masacre estudiantil de 1968,
los desaparecidos de la década de los setenta, los asesinatos políticos, los
crímenes de odio en Aguas Blancas, Acteal o El Bosque; la participación de
altos jefes militares en el narcotráfico y el lavado de dinero y la
descomposición de la moral y estructura del Ejército que afecta el orden
público y la seguridad nacional. La politización del Ejército o la militarización de la sociedad,
a tono con la negación al principio de civilidad del Estado, ha llevado al
rompimiento del tejido social y a socavar el orden institucional al trastocar
la Constitución, lo que se refleja en una persistente y sistemática violación
de los derechos humanos y en altos índices de inseguridad. El día 2 de julio, al recobrar la calidad de ciudadanos por
relevar en las urnas al grupo que nos había gobernado por más de 71 años, se
inició el desmantelamiento del sistema autoritario de gobierno. Para
continuar con esa tarea, se hace necesario acabar con el carácter perverso de
las Fuerzas Armadas, a las que durante muchas décadas se confundió con una
institución al servicio del gobierno y del partido. La próxima administración
debe incluir dentro de la reforma del Estado, y muy en serio, la
modernización, apertura y vigilancia de las Fuerzas Armadas. En ese contexto,
siendo tan importante para el país, sería altamente riesgoso dejar la cartera
de la Defensa Nacional en manos exclusivamente de militares. En ese contexto de renovación, la primera institución que se
debe instaurar es el Ombudsman Militar; es decir, el Congreso de la Unión
deberá crear, a través de una reforma o adición al apartado B del artículo
102 de la Constitución, un instrumento que le permita tener presencia
permanente dentro del Ejército, vigilar el respeto a los derechos humanos de
los militares y de los civiles que se vean afectados por la actuación de las
Fuerzas Armadas y supervisar el ejercicio del presupuesto y la acción de
mando con el fin de fortalecer la disciplina y fomentar una cultura de
respeto al derecho y la dignidad de la persona, para que la disciplina
militar se soporte en criterios como un alto concepto del honor, la lealtad, el
patriotismo, la ética y la moral. En esas condiciones, el ombudsman tutelará
el fiel y exacto cumplimiento de las leyes militares y de la Constitución
General de la República, será la palanca del cambio, la soberanía en acción
dentro del Ejército. La existencia de un auténtico ombudsman en México tendrá que ser
por completo distinta de esa pantomima que es la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. El ombudsman militar debe ser el germen, la fuente, el
principio de modernización y apertura del Ejército hacia la sociedad, el
ariete que derrumbe los muros de la corrupción y de la impunidad, la química
que dé transparencia a las Fuerzas Armadas y las mantenga inmunes a toda
contaminación. Dado el primer paso, los cambios vendrán uno tras otro, la
designación de un secretario de Defensa de procedencia civil, el vínculo
entre el Ejército y los poderes públicos y la sociedad, lo que impedirá a los
militares olvidar que están subordinados al poder civil. De esa manera, la
dirección operativa del Ejército deberá estar al mando de un Estado Mayor
conjunto de las tres Fuerzas Armadas, cada una de las cuales tendrá que sea
autónoma. Para romper la cultura de la sumisión, el servilismo y el culto
a la personalidad, se deben reestructurar los sistemas de educación y adiestramiento
militar. Con base en el federalismo se tendrá que descentralizar el ejercicio
de mando y crearse la guardia nacional. Se deberán acotar en todas sus formas
las funciones del secretario de la Defensa, abrogar el fuero de guerra en
tiempos de paz, incorporar el sistema de administración de justicia militar
al Poder Judicial de la Federación; dar independencia a la seguridad social
militar, la industria militar y el sistema escalafonario; es indispensable
que la Cámara de Senadores ratifique el nombramiento del secretario de la
Defensa, de altos cargos militares y agregados castrenses y que supervise los
tratados internacionales que tengan que ver con la defensa nacional; debe
evitarse que las comisiones de Defensa del Congreso sean presididas por militares;
el secretario de la Defensa y altos jefes militares deben comparecer ante el
Congreso cada vez que sean requeridos; tendrá que suprimirse el Estado Mayor
Presidencial; regresar a filas a los elementos militares de la Policía
Federal Preventiva; incorporar a escoltas, comisionados en policías y cuanto
personal militar esté fuera de filas; el Ejército deberá regresar a sus
cuarteles y no realizar más funciones que sean exclusivas de la autoridad
civil; para romper el nepotismo y los favoritismos en los ascensos y
recompensas se tendrá que fortalecer el sistema de méritos y competencia a
través del servicio administrativo de carrera; los aparatos de inteligencia
tendrán que estar permanentemente sometidos al poder civil y separados los
servicios de inteligencia de los que realizan tareas operativas; habrán de
rendir cuentas y ser suprimidos la Policía Judicial Militar y el Centro de
Información del Alto Mando (CIAM), policías políticas del secretario de la
Defensa, grupos inconstitucionales que habiendo rebasado al mando y sus
funciones se dedican a delinquir y denigrar al Ejército. De lo que se trata es de que a partir de una decisión soberana iniciemos la formación de un Estado que se funde en el principio de civilidad y de que el Ejército quede definitivamente anclado en el cauce constitucional y acotado en sus funciones, que no serán otras que aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿En estos nuevos tiempos democráticos, se tendrá la voluntad política para llevar adelante esta gran reforma? |
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Publicado en Reforma, 08 agosto 2000 |
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