Historia y política |
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Información sobre México |
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14 octubre 2000. El proyecto de crear una comunidad
económica con los países de América del Norte puede ser conveniente o no;
pero suponer que para ello es necesario ceder una parte de la soberanía es técnicamente
inexacto, jurídicamente incorrecto y políticamente contraproducente. El gobierno representa la soberanía, pero no es su titular. Tampoco
lo son el Congreso de la Unión, ni los partidos políticos, ni los sectores
organizados, ni las clases sociales del país. Consecuentemente, aunque el gobierno
quisiera, no podría ceder la soberanía a nadie -ni total, ni parcial, ni
inteligente, ni torpemente- porque no tiene derecho a ceder lo que no es
suyo, con aprobación del Congreso o sin ella. El único soberano es el pueblo. Es la fuente suprema del derecho y
del poder. Y dicha fuente no se puede dividir en dos, tres o cien partes.
Tampoco se puede ceder a título oneroso o gratuito. No se puede vender, negociar,
arrendar, obsequiar o transferir de alguna otra forma, a corto o a largo
plazo. Los políticos suelen ceder lo que sea -territorio,
población, derechos o posiciones políticas- cuando son constreñidos a ello,
por razones internas o externas. Lo que no pueden hacer es ceder soberanía. La desafortunada
expresión debe ser expulsada del vocabulario político panista. Concita a la
discusión estéril, inoportuna e innecesaria. Sobre todo, porque
el concepto encierra no sólo complejas ideas políticas sino también profundas
emociones históricas. Mutilarlo es correr el riesgo de producir inútilmente
sismos sociales de efectos y plazos impredecibles. En México hemos tenido múltiples experiencias que tienen como referente
a Estados Unidos. En el pasado, le cedimos parte de nuestro territorio así
como la población que ocupaba dicho territorio. En los últimos años, le hemos cedido millones de trabajadores
emigrantes; el derecho a controlar nuestra frontera común; el derecho a
participar en la lucha contra el narcotráfico dentro del país y varias cosas
más, sobre todo en materia de negocios. Pero nunca le hemos cedido soberanía. Felipe González, exprimer ministro de España, ha
justificado “la cesión de parte de la soberanía de su país para ingresar a la
Unión Europea”. El presidente electo Vicente Fox, al escucharlo, ha
considerado que es válido hacer lo mismo para crear una Comunidad Económica
Americana. Pero Felipe no tiene razón. Tampoco Fox. En Europa, el concepto de soberanía nació para
justificar el poder supremo de los reyes frente a las potencias externas y
los rivales internos. El monarca era el soberano, el señor, el Estado. Sus
asuntos personales eran asuntos de Estado. La revolución francesa trastocó el concepto. El
nuevo soberano fue el pueblo. Los atributos del monarca, o sea, legislar, administrar
los recursos de la sociedad y hacer justicia, fueron asumidos por el pueblo. Ahora, los asuntos del pueblo son asuntos de
Estado. Y los asuntos de Estado son asuntos del pueblo. En México, Morelos dio a la soberanía su
significado actual. En los Sentimientos de la Nación escribió que ésta
dimana del pueblo y sólo la deposita en sus representantes. La Constitución
de Apatzingán de 1814 siguió esta idea y agregó que, por ello, “la sociedad
tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga,
alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera”
(Art. 4). Nuestro concepto definitivo de soberanía se
estableció en la Constitución Federal de 1857. Es el concepto vigente. Está
redactado en los siguientes términos: “La soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (Art. 39). México ha suscrito desde el inicio de su vida
independiente innumerables tratados internacionales. Todos ellos han
producido efectos internos. De otro modo, hubiera resultado ocioso
aprobarlos. Ultimamente ha firmado acuerdos de libre comercio
con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, todos los cuales han
implicado la adecuación de la legislación nacional al espíritu de tales
acuerdos. Pero ni antes ni ahora esto ha significado ceder
soberanía sino al contrario: ejercerla. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son los puntos
fundamentales del proyecto comunitario? ¿Despejar la vía no sólo a las mercancías
sino también a los capitales, a las personas y al desarrollo sustentable?
¿Sujetar las políticas fiscales, cambiarias, financieras y laborales del país
a un esquema común internacional? ¿Abrir las áreas estratégicas de la economía
nacional a la inversión extranjera? ¿Flexibilizar las leyes laborales?
¿Someter las ganancias de los sectores productivos, de servicios y financieras
a regulaciones aprobadas conjuntamente por varios países? ¿Construir un mercado común no sólo de mercancías
sino también de mano de obra y de inversiones? ¿Vincular el valor de la
moneda nacional a una unidad monetaria internacional? ¿Llegar en un futuro lejano a la supresión de
pasaportes, visas y demás requisitos para viajar, residir, trabajar y ejercer
derechos políticos en cualquiera de los países signatarios del convenio
respectivo? Todo ello se puede hacer sin ceder nada a nadie. Lo único que se requiere es muy simple: legislar
en consecuencia, esto es, ejercer la soberanía conforme a uno de sus principios
fundamentales: que las leyes que se expidan y los poderes que se instituyan no sólo dimanen del pueblo sino también sean para su beneficio. Eso es todo. |
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