Política e historia
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Justicia electoral JOSÉ HERRERA PEÑA El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán es
el órgano que dará definitividad a
las distintas etapas del proceso electoral que se llevará a cabo en noviembre
próximo y garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad. Las
reformas y adiciones que se hicieron a la Constitución Política así como al
Código Electoral del Estado (decretos de 11 de septiembre de 2000 y 7 de
febrero de 2001, respectivamente) modificaron el procedimiento para designar
a los titulares de tal órgano de justicia. Ahora lo integrarán siete
magistrados numerarios y tres supernumerarios, nombrados por las dos terceras
partes de los diputados presentes en el Congreso del Estado, a propuesta del
Supremo Tribunal de Justicia. El
nuevo Tribunal Electoral se regirá por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo. De allí
que los 47 aspirantes propuestos por el Supremo Tribunal de Justicia hayan
sido -y sean- sin excepción, ciudadanos y ciudadanas de reconocida
honorabilidad, competencia profesional e independencia de criterio, cuya
trayectoria ha sido la de responder a su vocación de servicio y al mandato de
la ley. El
jueves 7 de junio apareció la noticia de que “en una lista preliminar,
previamente consensada entre los representantes de las fracciones
parlamentarias” de la legislatura local, “hay una relación de cuando menos
trece nombres de posibles magistrados”, entre ellos, cinco jueces de primera
instancia (tres hombres y dos mujeres), tres litigantes, dos profesores y
tres funcionarios públicos. Uno
de esos nombres es el de un brillante
catedrático de las Facultades de Derecho de la UNAM, de la Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, de la Vasco de Quiroga y de la División de Estudios
Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de México; autor de
múltiples trabajos de investigación en asuntos constitucionales y otras
materias jurídicas, y dos veces Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado de Michoacán (del que salió con el mismo honor, dignidad y
probidad que con los que entró): Augusto Arriaga Mayés. Durante
su comparecencia ante el Congreso del Estado, Arriaga Mayés puso de
manifiesto las aportaciones de las recientes reformas constitucionales y
legales en materia político-electoral; entre ellas, la participación
ciudadana (a través de las figuras del referéndum, plebiscito e iniciativa
popular), el nuevo Instituto Electoral del Estado, y la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Electoral. Hizo
referencia igualmente a la supresión de las atribuciones del Congreso de
erigirse en Colegio Electoral para calificar las elecciones de Gobernador,
así como a la transferencia de dichas atribuciones al nuevo Tribunal
Electoral; al fortalecimiento de este órgano de justicia gracias a la
participación de los Poderes Judicial y Legislativo, y a la creación de dos
Salas de Segunda Instancia y el Pleno, este último, como instancia única para
resolver las impugnaciones que se presenten sobre la elección del Gobernador. Y
no olvidó mencionar asuntos como la nueva redistritación con 24 distritos
electorales; la ampliación de los periodos ordinarios de sesiones; la nueva
prohibición a funcionarios públicos de contender a cargos de elección
popular, a menos que renuncien un año antes de la elección; la inmunidad de
los miembros del Instituto Electoral y de los Magistrados del Tribunal; el
juicio político en su contra en caso de responsabilidad oficial, y la
atribución del Congreso para nombrar Consejeros y Magistrados con la
participación del Supremo Tribunal. Entrando
al tema: “¿por qué quiero ser magistrado”?, Arriaga Mayés respondió: “porque la
función de juzgador no me es ajena. En justicia de amparo, desde mis
proyectos de sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá por
el año de 1972, supliendo licencia del hoy Ministro Presidente de la Corte
Genaro Góngora Pimentel; en justicia administrativa, cuando resolvía recursos
en materia fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre
asuntos de toda la República; en justicia civil, cuando fui por primera vez
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y fui llamado por segunda vez a
ocupar nuevamente ese puesto, habiendo tenido la satisfacción de resolver
controversias con apego a Derecho, pero con sentido humano y de justicia…” Después
de hablar de Tabasco y Yucatán, recordó los cuatro motivos que planteó ante
el Supremo Tribunal de Justicia en su carta de solicitud de aspirante a
Magistrado del Tribunal Electoral: “contribuir al perfeccionamiento del
Estado de Derecho que debe prevalecer en nuestra entidad; desempeñar una
función jurisdiccional electoral para participar en el fortalecimiento de
nuestra vida democrática; cumplir como juzgador para contribuir a la
tranquilidad y paz social de mi Estado, premisa fundamental para su
desarrollo y crecimiento, y cumplir con mi vocación de juzgador”. No
sólo Arriaga Mayés y los demás “finalistas”, sino la totalidad de los
aspirantes, presentaron un respetable currículum vitae al Supremo
Tribunal de Justicia y participaron destacadamente ante la legislatura local.
A pesar de la sangría de recursos humanos que ha tenido Michoacán en las
últimas cuatro décadas, es sorprendente su capacidad para formar ciudadanos
de altísima calidad en esta función de Estado. El esfuerzo del Congreso no ha
sido identificar a los que llenan los requerimientos para ello, porque todos
los llenan, sino escoger a los mejores de entre los mejores. Don Augusto
Arriaga Mayés –quien me distingue y me honra con su amistad- siempre ha sido y será de éstos. No
dudo que, así como fue integrado el Consejo Electoral con ciudadanos
ejemplares, el Tribunal Electoral lo será por muy distinguidos Magistrados.
Tampoco dudo que Arriaga Mayés estará entre ellos. De este modo, el Congreso
culminará su obra legislativa y política. Entonces, todo estará preparado
para que nuestras elecciones sean las más limpias, legales y justas que habrá
habido este año en la República.
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