¿Guerra Justa?

III

JOSÉ HERRERA PEÑA*

21 febrero 2002. «Una guerra justa no puede ser llevada a cabo más que por una autoridad legítima responsable del orden público. La violencia gratuita, oportunista e individualista no es jamás moralmente aceptable.

«En la teoría de la guerra justa, la exigencia de una autoridad legítima tiene por fin principal impedir la anarquía de una guerra privada llevada a cabo por los señores de la guerra; una anarquía que se encuentra en nuestros días en ciertas partes del mundo, de la cual los agresores del 11 de septiembre son sus encarnaciones más representativos.»

Tales palabras han sido suscritas por sesenta intelectuales norteamericanos en una carta dirigida a los musulmanes, fechada en febrero 2002, que es al mismo tiempo una réplica a la filosofía de Osama Bin Laden y una justificación de la política bélica de EEUU. Los suscriptores son profesores de universidades, directores de sociedades filantrópicas o pastores de credos. Entre los primeros, por cierto, se encuentran Francis Fukuyama, profesor de Economía Política Internacional de la Escuela Johns Hopkins de Estudios Avanzados Internacionales, y Samuel Huntington, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard; de cuyas obras “El fin de la Historia” y “El choque de las civilizaciones”, respectivamente, hice recientemente un brevísimo comentario en este espacio (Cambio de Michoacán, 12 febrero 2002)

Luego entonces, en opinión de los intelectuales, si la guerra no es sostenida por una autoridad pública legítima, no será moral sino inmoral. No será justa sino injusta. O al contrario, si la violencia y el terror son desatados por individuos u organizaciones no gubernamentales, dichos actos serán inmorales y no formarán parte de la guerra justa sino de la guerra injusta... o del terrorismo anarquista e injustificable. Sólo el Estado, pues, en cuanto administrador de la violencia legal organizada, tiene la atribución moral de desatar justificadamente el terror y la violencia.

Esta tesis es muy cuestionable. Por una parte, detentar el monopolio de la violencia no autoriza a ningún Estado a ejercerla indiscriminadamente, si no quiere incurrir en ilegitimidad, en cuyo caso, como decían José Ma. Morelos, Melchor Ocampo y Ricardo Flores Magón en épocas distintas, es lícito responder a la fuerza con la fuerza. La violencia, pues, también puede ser y es ejercida legítimamente por organismos o personas que no forman parte del Estado, cuando éste oprime y reprime a la población. Por eso, los intelectuales norteamericanos se apresuran a agregar algunos matices a la tesis que antecede y justifican el uso de la violencia por otras entidades, en los siguientes términos:

«La exigencia de una autoridad legítima no puede aplicarse, por diversas razones, a las guerras de independencia nacional o de sucesión. Primeramente, estos tipos de conflictos no son internacionales. Después, en estos conflictos es precisamente la legitimidad pública la que está en entredicho. Por ejemplo, en la guerra de independencia consecutiva a la fundación de EEUU, los analistas de la guerra justa subrayan frecuentemente tres elementos: que las colonias rebeldes constituían ellas mismas una autoridad pública legítima; que estas colonias consideraron razonablemente que el gobierno británico (en el texto de nuestra declaración de independencia) se había convertido en un “obstáculo para alcanzar sus fines”, y que por consiguiente dicho gobierno había cesado de ser una autoridad pública competente.

«Por otra parte, aún en el caso en que los beligerantes no constituyan una autoridad pública reconocida en sentido propio (por ejemplo, el alzamiento del guetto de Varsovia en 1943 contra la ocupación nazi) la exigencia de la autoridad legítima en la teoría de la guerra justa no invalida moralmente el recurso a las armas por aquellos que resisten la opresión y buscan derrocar a la autoridad legítima.»

Los intelectuales norteamericanos, por consiguiente, oponen tres excepciones al principio de que sólo el Estado puede sostener la guerra justa:

a)     las guerras de independencia nacional que, según ellos, no son internacionales (a pesar de que involucran necesariamente a las autoridades públicas de dos naciones en conflicto, por lo cual, aunque son nacionales para la nación opresora, son en cambio internacionales para la nación oprimida, pues las autoridades de la nación que lucha por su independencia se afirman no sólo frente a las anteriores, que quieren mantenerla bajo su sujeción, sino también, como lo expresó Morelos, frente “a cualquier otra nación, gobierno o monarquía”);

b)    las guerras de sucesión, por ser conflictos esencialmente internos y en los que la autoridad legítima está en tela de duda, y

c)     las guerras de resistencia contra la opresión de la autoridad, aunque esta autoridad sea legítima y los que la resisten no tengan “autoridad reconocida en sentido propio”.

Ahora bien, quienes presuntamente perpetraron los atentados terroristas del 11 de septiembre, según los intelectuales, no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. Por consiguiente, la acción de sus instigadores no corresponde a una guerra justa, conclusión que es totalmente inobjetable, sean quienes hayan sido dichos instigadores..., si bien podría plantearse la tesis, como se ha planteado, de que los atentados de referencia podrían inscribirse dentro del tercer grupo.

Porque es necesario advertir que, hasta la fecha, no se sabe quiénes fueron los responsables de tales actos. Nadie ha asumido la responsabilidad, como suelen reconocerlo los grupos terroristas. Y aunque el gobierno de EEUU ha atribuido dichos actos al señor Osama Bin Laden y a la red terrorista Al-Qaeda, nunca ha ofrecido convincentes pruebas de ello a la comunidad internacional. El presunto responsable, por su parte, aunque se ha congratulado de que dichos atentados hayan ocurrido, ha negado haber sido su causante. Además, se ha especulado que los auténticos instigadores pudieron haber sido otros individuos vinculados a intereses domésticos e israelíes.

Pues bien, a pesar de que el terreno está sembrado de dudas y no hay claridad al respecto, los intelectuales norteamericanos consideran fundada la acusación oficial y dictan sentencia condenatoria contra los acusados, sin haberles concedido al menos el derecho de audiencia. Su argumentación no está fundada en la ley, ni siquiera en la moral, sino en la política.

«El 11 septiembre 2001, un grupo de individuos atacó deliberadamente EEUU, utilizando aviones desviados como armas para matar en menos de dos horas a más de 3000 de nuestros ciudadanos en Nueva York, Pennsylvania y Washington... Los que murieron esa mañana fueron matados cobardemente, al azar y con premeditación, es decir, en términos jurídicos, asesinados...

«Los individuos que cometieron estos actos no actuaron solos, sin apoyo, ni por razones desconocidas. Eran miembros de una red islámica internacional compuesta por cuarenta países, actualmente conocida con el nombre de Al-Qaeda. Ese grupo no es en sí mismo más que un brazo de un vasto movimiento islámico radical, que ha crecido desde hace décadas bajo la mirada complaciente y a veces incluso con el apoyo de ciertos gobiernos, y ha proclamado abiertamente, mostrando que tiene los medios, su voluntad de recurrir al asesinato para alcanzar sus objetivos.»

Los intelectuales norteamericanos, pues, dan por hecho lo que no sigue siendo más que una hipótesis a los ojos de la comunidad internacional; es decir, que los ejecutores de los atentados pertenecían a una red terrorista islámica; que ésta apoyó la organización y ejecución de esos actos, y que la red, a su vez, forma parte de un movimiento islámico más amplio apoyado por varios gobiernos, sin señalar cuáles (aunque ya el presidente Bush <hijo> los nominó: Irak, Irán y Corea del Norte..., para empezar)

Y una de dos: o los intelectuales saben mucho más de lo que su gobierno ha hecho saber al mundo, en cuyo caso podrían tener razón, o saben lo mismo (que es lo más probable) y entonces estarán incurriendo en juicios condenatorios que, no por estar inflamados de chovinismo, dejan de ser menos temerarios.