Agosto 2001. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió amparo al General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez a fin de que mantenga su grado militar, el cual le había sido cancelado por la Secretaría de la Defensa Nacional hace año y medio.

Las autoridades habían exigido al General Gallardo la entrega de las patentes o constancias de sus grados militares a fin de proceder a su cancelación, en cumplimiento de una sentencia del Supremo Tribunal Militar.

Además, le habían prohibido que no usara las insignias de General Brigadier, retirado su salario y apercibido que no firmara con su grado de general, ya que de hacerlo se haría acreedor al cargo de usurpación de funciones.

El General Gallardo interpuso una demanda de amparo -que fue registrada con el número 669-98 por el Juzgado de Distrito respectivo- contra tales disposiciones. El juez de Distrito se lo concedió.

Sin embargo, las autoridades se negaron a acatar la resolución, motivo por el cual la defensa del General Gallardo interpuso una queja por desacato que fue turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corresponde al tribunal supremo resolver si hay sanciones contra las autoridades militares que se negaron a acatar la sentencia de amparo y, en su caso, cuáles son éstas.

El General Gallardo ha interpuesto 17 amparos en materia penal y 20 en materia administrativa contra actos de la autoridad militar a lo largo del proceso que se le sigue desde 1993, en el cual se han acumulado 16 averiguaciones previas, 9 causas penales, 7 autos de formal prisión y más de 20 delitos imputados.

El caso del General Gallardo atrajo la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación para que éste sea liberado.