Raíces

-históricas, políticas, constitucionales-

del

Estado mexicano

José Herrera Peña

Prólogo

Si las leyes más importantes de una monarquía son las que regulan la sucesión dinástica, las de una república serán las que norman la elección popular.

Estos sistemas de transmisión del poder no sólo son incompatibles, en principio, sino también contradictorios. Sin embargo, la fuerza de los acontecimientos obligó a políticos y juristas europeos y americanos de los siglos XVIII y principios del XIX a acercarlos a un imposible punto de convergencia.

Aunque la tarea no tuvo éxito, alcanzó por lo menos a conciliar dos elementos aparentemente inconciliables derivados de aquéllos: la aristocracia y la democracia. En Inglaterra, por ejemplo, esta conciliación se logró a partir del siglo XVIII, porque aristocracia y democracia convivieron dentro de la monarquía. En Estados Unidos también, porque la democracia y la aristocracia conjugaron sus principios, aunque esta vez dentro de la república. En Francia no, porque la monarquía y la aristocracia fueron eliminadas y en su lugar se estableció la república democrática. En España tampoco, porque en las primeras décadas del siglo XIX se conservó la aristocracia dentro de la monarquía, pero se suprimió la democracia.

En México, según opinión de algunos, el Estado nacional no se formó sino hasta 1857. El Estado, sí; pero la nación se formó antes, a lo largo del siglo XVIII. Durante la gran crisis política en que el universo hispánico se quedó sin soberano, a partir de 1808, la Nueva España -que era jurídicamente un reino gobernado por el rey a través de un virrey- intentó asumir los atributos de la soberanía a través de un congreso nacional electo por las provincias.

De haber prosperado su intento, se hubiera pasado –por la vía pacífica- del Estado colonial al Estado autónomo, de la monarquía absoluta a una monarquía moderada (o a un imperio constitucional) y de la aristocracia a la democracia. La antigua España y la nueva España habrían sido libres e independientes entre sí, pero quizá unidas bajo una misma autoridad soberana.

Al iniciarse este proceso, los representantes de la sujeción española rechazaron la transición. Entonces, los partidarios de la autonomía americana decidieron avanzar sin ellos. Al cabo de escasos tres meses, la minoría española resolvió el conflicto sorpresivamente, recurriendo a la fuerza y descargando un golpe político contra la mayoría americana. El 16 de septiembre de 1808, el grupo peninsular depuso al virrey y encarceló a los principales partidarios de la autonomía. El desenlace fue trágico. Por una parte, se frustró el esfuerzo nacional para transitar pacíficamente de un sistema a otro, y por otra, quedaron rotos los puentes de entendimiento entre ambas partes.

El resultado fue una nación dividida, polarizada, en la cual cada grupo se atrincheró detrás de sus propias posiciones y decidió hacer prosperar su proyecto político por encima del contrario. Los partidarios de la sujeción aristocrática y esclavista recrudecieron la represión, y los de la autonomía democrática, la rebeldía. El 16 de septiembre de 1810 -dos años después- cuando por fin se dio el choque abierto y frontalentre ellos, la explosión sería brutal.

A partir de entonces, ya nada fue igual, y todos, amos y esclavos, señores y siervos, propios y extraños, comprendieron que el pasado había muerto, a pesar de que los partidarios de la sujeción intentaron desesperada y ferozmente mantenerlo vivo durante los años siguientes. Todo sería inútil. No quedaba más que el futuro.

En este contexto, los grupos políticos americanos (o criollos) intentaron avanzar a través de distintas estrategias. Unos insistieron en afirmar la identidad nacional dentro del mundo hispánico y dieron cauce a sus empeños como diputados de las cortes de Cádiz. Otros, los que ya habían roto definitivamente con este mundo con las armas en la mano, construyeron sus propios órganos de gobierno.

El precedente de la primera tendencia se dio en 1809, cuando los españoles, con el asentimiento americano, eligieron a la persona que debía representar a la Nueva España ante la Junta Central Gubernativa de España. Un año después, en 1810, rotas las hostilidades entre los partidarios de la sujeción y los de la independencia, se complicaron las cuestiones constitucionales. En 1810, por primera vez en la historia, al mismo tiempo que surgieron dos ejércitos frente a frente -los nacionales y los españoles-, se celebraron dos elecciones -de diferentes características- en los campos opuestos de la colonia y la insurgencia; unas cupulares –entre los miembros de los ayuntamientos- para nombrar diputados a las cortes constituyentes españolas, y otras, populares, entre las multitudes congregadas en los llanos del Bajío, para elegir a los representantes ejecutivos de la nación en pie de guerra, ratificadas éstas por los ayuntamientos de las ciudades y villas que tocaban.

En 1811 se llevó a cabo otra elección, esta vez indirecta, en el área geográfico-política de la insurgencia, para reorganizar el gobierno del Estado nacional, en proceso de crisis por la pérdida de los primeros caudillos, apoyado por la fuerza armada popular.

Y en 1813, como en 1810, se celebraron otras dos elecciones en medio de la guerra, ambas indirectas; unas, en segundo grado, en las provincias dominadas por el gobierno español, y otras, en primer grado, en los territorios controlados por las fuerzas nacionales. Aquéllas, para representar a la Nueva España ante las cortes ordinarias de España –que no condujeron a resultado alguno- y éstas, convocadas por José Ma. Morelos, para formar un cuerpo constituyente nacional que declarara la independencia, asumiera íntegramente los atributos de la soberanía y diera forma jurídica a la nación.

Estos esfuerzos democráticos -apuntalados por las armas- imprimirían profundamente su huella -aún claramente visible- en el rostro político de la nación y, con éxito inmediato o sin él, sentaron las bases firmes del Estado nacional mexicano.

Aquí se describe la forma en que ocurrieron

Morelia, Mich., 22 octubre 2001.