José Herrera Peña
Sala del Pleno
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo.

Polémica sobre un caso célebre

DOS INTERPRETACIONES DE LA MISMA HISTORIA

III

PETICIÓN DE PERDÓN

En los últimos momentos de su vida, Morelos se retractó de haber participado en el movimiento de independencia, según la tesis fundamental de Carlos Herrejón Peredo, expuesta en su libro Los Procesos de Morelos, editado en 1985 por el Colegio de Michoacán, financiado por el Gobierno de Michoacán a cargo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y subsidiado por la Secretaría de Educación Pública cuyo titular era Miguel González Avelar.

Su retractación -añade el referido historiador- no fue un acto aislado, final y único, sino la culminación de un proceso de ablandamiento y declinación que se fue desarrollando a lo largo de su cautiverio. "Puede pensarse -dice Herrejón- que varias declaraciones de los procesos, en conjunto, representan una disposición de ánimo que se encaminaba a la retractación".

El avance de dicha disposición, a juicio del investigador citado, dejó su huella en cuatro cuestiones distintas: primera, "el deseo manifestado por Morelos, desde el proceso de la Jurisdicción Unida, de acudir al rey a pedirle perdón". Otra, la revelación que hizo Morelos el 12 de diciembre, de su puño y letra, sobre escondite de armas y material bélico. Tercera, el testimonio del arzobispo Fonte sobre la autenticidad de la retractación. Y la más grave de todas -concluye Herrejón-, el hecho de que Morelos recibió los sacramentos de la Iglesia antes de morir.

Al autor de Los Procesos de Morelos se le pasó agregar otras dos -por lo menos- que también podrían formar parte de ese "estado de ánimo" tendiente, según él, al "arrepentimiento" y a la "retractación": una de ellas, el reconocimiento que hizo de los "errores" que se le señalaron sobre la Constitución de Apatzingán, y la otra, la elaboración de un "plan de pacificación".

Sin embargo, ninguno de los hechos anteriores, ni los mencionados por el historiador ni los agregados por mí, representa esa supuesta "disposición de ánimo". Veamos la primera de las fallas que se le critican, la de su intento de ir a la antigua España para solicitar el perdón del rey. Luego, por separado, las demás.

Al caudillo, como se asentó en uno de los capítulos anteriores, se le hizo comparecer en la ciudad de México ante un tribunal especial, mixto, formado por la Iglesia y el Estado. Este tribunal, llamado Jurisdicción Unida, se constituyó para juzgarlo -como a don Miguel Hidalgo y Costilla en Chihuahua en 1811- al tenor de las disposiciones jurídicas españolas en vigor: Ley 12, título 9; Ley 71, título 15, y Ley 13, título 12 del Código Carolino, llamado así en honor de Carlos IV, bajo cuyo reinado se expidió. Estas normas jurídicas habían derogado en 1795 a las de la antigua Recopilación de Indias, en lo relativo a clérigos españoles que cometen el delito de "lesa majestad" y otros "crímenes enormes y atroces".

Para fundamentar su legitimidad, la Jurisdicción Unida -como le ocurriría igualmente al Tribunal del Santo Oficio-, tenía necesidad de dejar acreditado en autos que Morelos era clérigo español, que se había levantado en armas contra su soberano, es decir, había cometido el delito de alta traición y otros crímenes enormes y atroces.

Y es que, de reconocerse que el detenido tenía características diferentes a las exigidas por las leyes españolas, como lo propusiera el supremo gobierno nacional insurgente en marzo de 1812, a través del Plan de Paz y Guerra (redactado por José Ma. Cos), la situación hubiera sido diferente. En otras palabras, de haberse admitido que Morelos había adquirido una nueva nacionalidad, la americana (mexicana), como él lo proclamó, y dejado la anterior, la española; que además ostentaba el carácter de militar -con el grado de capitán general-, no de clérigo, y por último, que era jefe de un nuevo Estado nacional -en lucha por su independencia-, no un rebelde a la autoridad establecida, y que este Estado había tenido que recurrir a la guerra contra otro Estado -el español-, las leyes carolinas arriba citadas no hubieran sido aplicables. En este caso, los tribunales coloniales se habrían visto obligados a disolverse, por carecer de jurisdicción y competencia, y a tratar al detenido como prisionero de guerra; es decir, a privarlo de su libertad, no de la vida, hasta que se consumara la paz. Pero lo que se quería era darle muerte. Tal es la razón por la cual las actas en todos los procesos están redactadas con el lenguaje jurídico y político de sus captores, de tal suerte que lo que consta en ellas no hace sino reafirmar constantemente la pretendida legitimidad de los tribunales que las produjeron.

Si se toma en cuenta esta dicotomía no sólo formal sino también ideológica; no sólo lingüística sino igualmente política, no será difícil comprender el verdadero sentido de los procesos y podrá admitirse, por consiguiente, que el intento del declarante de ir a España "a pedir perdón al rey" no fue otra cosa que un plan para negociar directamente el reconocimiento político del nuevo Estado nacional.

Habrá que explicar el asunto. Las declaraciones de Morelos son breves, directas y frecuentemente irónicas. Cuando se le acusa de haber traicionado al rey, produce una sarcástica respuesta que deja perplejos a los jueces: imposible cometer delito alguno contra una persona que no existe. Tenía razón. El monarca había abdicado la corona en favor de Napoleón desde mayo de 1808 y no sería reinstalado en su trono -por la misma Francia- sino seis años después, en mayo de 1814; reinstalación de la cual dudaba el prisionero que hubiera tenido efecto.

Sus palabras textuales son las siguientes: "No creyó que incurría en el delito de alta traición cuando se decidió por la independencia de estas provincias -y trabajó cuando pudo por establecerla-, porque al principio no había rey en España contra quien se pudiese cometer este delito". Cierto que después sumó su voto a la Declaración del Congreso de Chilpancingo "de que nunca debía reconocerse al señor Fernando VII, ya porque no era de esperarse que volviese, o ya porque si volvía había de ser contaminado". En todo caso, antes de votar, lo consultó "con las personas más instruidas que seguían aquel partido. Y le dijeron que era justo por varias razones, de las cuales una era la culpa que se consideraba en Su Majestad por haberse puesto en manos de Napoleón y entregarle la España como un rebaño de ovejas".

En la declaración anterior hay varios términos que no son de Morelos, sino de los jueces. Luchó por la independencia de la nación, no de "estas provincias", expresión heredada de la Constitución de Cádiz recientemente derogada por el monarca. Escribió los Sentimientos de la Nación, no los sentimientos de "estas provincias". Las personas "más instruidas" que lo asesoraban crearon una nueva entidad política independiente, un nuevo Estado nacional, no un nuevo "partido político"; que le hizo la guerra a España, no que promovió una revolución contra el rey.

Aunque el secretario del tribunal intercala en el acta el título de "su majestad", al referirse al monarca español, escribe después involuntariamente las auténticas palabras de Morelos, según las cuales no es el "rey nuestro señor", como los jueces lo han registrado antes, sino "el señor Fernando", a secas. Además, culpa al señor Fernando -lo considera culpable- de haber cedido cobardemente sus posesiones y entregado su pueblo como ganado a un déspota extranjero. Este acto constituye el más grave de los delitos políticos en cualquier país y en cualquier época de la historia. El ilustre reo dicta sentencia. La alta traición fue cometida por "el señor Fernando", a quien considera culpable, no por él. Y por último, esta apreciación no es personal sino del nuevo Estado nacional, obligado a insurgir de entre las ruinas del viejo Estado español. El juicio contra él, en resumen, lo convierte en un juicio contra el rey (y los que dependen de él).

En estas condiciones, ¿no es extraño oírle decir a continuación que, si el Congreso lo aprobaba, pensaba salir a Nueva Orleáns o a Caracas en busca de ayuda, "o a la antigua España para presentarse al rey nuestro señor... y pedirle perdón"? ¿No es incomprensible que proyectara hacer un viaje a los países de América (del Norte y del Sur) para pedir apoyo y, al mismo tiempo, a España, para lo contrario, es decir, para echarse a los pies del rey? ¿No es absurdo, además, que intentara ir a pedir perdón a un hombre al que acababa de calificar de traidor?

No. No es incomprensible, ni absurdo, ni extraño, ni incongruente, ni contradictorio, si lo dicho anteriormente se expresa, no en la terminología colonial sino en el lenguaje insurgente. El viaje a España pensó hacerlo -no lo olvidemos- sólo si el Congreso le daba la autorización y los recursos. Así lo declaró ante el tribunal. No fue un intento personal e íntimo, que sugiere el deseo de huir desmoralizado, ya que transmitió "su pensamiento a sus dos compañeros de gobierno" (formado por tres). El proyecto, por consiguiente, debía ser previamente aprobado por el Supremo Consejo de Gobierno; luego, por el Congreso. Tratábase entonces de un proyecto de Estado.

En este contexto, "pedir perdón al rey" no era solicitar un perdón destinado a salvar la vida de un hombre, como pudiera erróneamente suponerse. De haber querido hacer esto, no necesitaba trasladarse "a la antigua España". Le hubiera bastado negociar el indulto -tantas veces ofrecido y siempre rechazado- en la Nueva España. Y habría mantenido oculto su pensamiento. Comunicárselo a sus compañeros de gobierno era absurdo y contraproducente. Menos a los diputados del Congreso, en el cual tenía rivales políticos que lo habrían hecho pedazos.

El "perdón" al que se refiere Morelos estaba destinado a salvar la vida de una nación torturada por una larga guerra, que no había cometido más crimen que el de querer forjar su propio destino histórico. Siguiendo este orden de ideas, el "perdón" solicitado al rey para la nación no podía ser más que el resultado del "perdón" concedido por la nación al rey, por haberla traicionado y abandonado durante años; por tenerla todavía desamparada, "si es que se había restituido", a pesar de tener la obligación legal y política de protegerla; por haberla dejado, en suma, en manos de tiranos extranjeros y asesinos locales, los peninsulares, que ejercían despóticamente el poder colonial, en lugar de confiarlo a los que la habían defendido en su ausencia para conservarla dentro de sus dominios.

Recuérdese la terminante declaración de Morelos, de que "nunca debía reconocerse al señor Fernando"... a menos que él reconociera la independencia de la nación. Pedir "perdón", en estas circunstancias, no era ninguna afrenta sino una obligación política. La frase del "perdón" -insisto- pertenece a la terminología enemiga. Lo que se quería pedir, en realidad, en el lenguaje insurgente, era el "reconocimiento político" del nuevo Estado nacional. Esta solicitud era la carta de negociación que se quería plantear directamente ante el monarca, "si es que se había restituido". Y se quería plantear directamente ante él, no a través de terceros, como lo eran los gobernantes de la Nueva España. El proyecto no implicaba renunciar a la lucha armada y mucho menos a la independencia. Al contrario. Tomaba a una y otra como punto de partida para llegar a una transacción favorable a las dos partes en conflicto. La concesión del "perdón" era la concesión de la independencia.

De haberse llevado a cabo este proyecto, la república independiente, establecida en forma provisional al tenor de la Constitución de Apatzingán, hubiera sido reemplazada por una monarquía constitucional independiente. La nación, a través de sus representantes reunidos en Congreso, habría asumido la jefatura de gobierno, y el rey, la del Estado. Morelos hubiera aceptado este compromiso -no hay ninguna duda-, como lo hiciera de agosto de 1811 a 1813, al formar parte de la Suprema Junta Nacional Americana, que sostuviera a la par la independencia y los derechos del monarca ausente, de acuerdo con la tesis de López Rayón.

Y es que, a pesar de que Morelos era un republicano convencido, por la consecución de la independencia nacional todo debía intentarse. Todo. Incluyendo -desde luego- la instauración de la monarquía democrática. De hecho, tal fue la posición de Vicente Guerrero cinco años después; tal el proyecto que se vio obligado a formular Agustín de Iturbide...

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