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Sección Política

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Temario

José Herrera Peña

Prólogo

Capítulo I
El Primer Congreso Nacional

Capítulo II
La frustrada elección nacional de 1808

Capítulo III
Las elecciones de 1810

Capítulo IV
La elección española de 1810

Capítulo V
La elección de 1811 y el proyecto constitucional de la Junta de Gobierno

Capítulo VI
La Constitución Política de la Monarquía Española

Capítulo VII
Principales principios constitucionales aplicables a América

Capítulo VIII
Sentimientos de la Nación

Capítulo IX
Las elecciones de 1813

Capítulo X
Congreso Constituyente de Chilpancingo

Capítulo XI
La Constitución de Apatzingán

23 tesis y 2 conclusiones

Casa de la Constitución

Constitución para la libertad

Raíces

-históricas, políticas, constitucionales-

del

Estado mexicano

José Herrera Peña

VII

Principios constitucionales aplicables a América

1) La igualdad de los desiguales

Si a los negros y sus descendientes -puros o mezclados con blancos, indios o asiáticos-, es decir, a las castas, se les negó la ciudadanía, a los indios, en cambio, se les reconoció. No faltaba más.

En ejercicio de sus derechos políticos, los indios votaron en lo sucesivo por candidatos a los que, dado el sistema de elección indirecta en segundo grado, nunca conocieron, por lo lejanos, y éstos, por su parte, ni como miembros de los ayuntamientos, ni como diputados provinciales, ni como diputados a cortes, tampoco los atendieron en forma alguna.

Se les extendió constitucionalmente el título de ciudadanos, pero se les obligó a prestar el servicio militar, del que hasta entonces habían estado exentos.

Se les libró generosamente del tributo, pero en lo sucesivo se les sometió al pago de las contribuciones generales.

Se les admitió en los ayuntamientos de los pueblos, pero se les privó del régimen particular de sus parcialidades y repúblicas.

Se mandó que no se les diese azotes por castigo, pero se les sometió a la secuela interminable de los procesos de la jurisdicción ordinaria, tanto en materia penal como civil.

Sus cajas de comunidad quedaron extinguidas y sus mermados recursos fueron refundidos en los mal administrados fondos de propios.

Ganaron el título de ciudadano, que los sujetó en lo individual a nuevas y desconocidas obligaciones y les otorgó nuevos e impracticables derechos; pero perdieron el espíritu proteccionista que la legislación de Indias había tenido hasta entonces en su beneficio, producto de muchos errores sufridos en el curso de tres siglos, muchos de ellos corregidos en dicha legislación.

Y ellos, que solían vivir en comunidades, no como individuos sino como partes de un todo -pueblos, parcialidades, “repúblicas de indios”-, empezaron a sentir los rigores del régimen político liberal e individualista, pero sin recibir más que algunos de los beneficios que éste trae consigo.

La diputación americana apoyó estas innovaciones legislativas, basada en el romántico principio liberal de que, así como la mala ley embrutece a los seres humanos, la buena ley los humaniza y enaltece; principio que, por otra parte, sería invocado por Morelos en sus Sentimientos de la Nación.

Sin embargo, aunque los diputados no tuvieron dudas de la bondad de las nuevas leyes liberales e individualistas, basadas en el principio de regular las relaciones de seres libres e iguales en derechos, sí dudaron, y muy seriamente, que los seres desiguales de América, indios y españoles, fueran iguales en derechos. Las antiguas Leyes de Indias no habían sido malas por su espíritu proteccionista, ni por reconocer implícitamente la desigualdad y la incapacidad relativa de los indios, sino por haberse aplicado mal y en provecho de los españoles.

El padre Mier, por ejemplo, tan poco afecto a la legislación de Indias, comentaría más tarde que ésta se había ido adaptando poco a poco a las necesidades e intereses de los indios, como resultado de siglos de desatinos, mientras que la nueva legislación, impuesta súbitamente por el espíritu liberal, había destruido de golpe toda su organización y sistema, sin haber creado previamente las bases firmes y adecuadas para sostener el nuevo.

Han pasado dos siglos desde entonces. A pesar de los intentos que se han hecho para sujetar a los indios a leyes e instituciones liberales, muchas veces éstas se han tenido que modificar conforme al espíritu de las antiguas, para regular tanto las relaciones de los indios con otros grupos, cuanto sus relaciones entre sí. Más adelante, al hacer referencia a la Constitución de Apatzingán de 22 de octubre de 1814, se precisará esta idea.

2) Diversidad regional en la unidad soberana

España y América no podían ser gobernadas por la misma legislación y por las mismas instituciones. No lo habían sido durante los tres siglos anteriores. No lo podían ser ahora. No lo llegarían a ser nunca. Siendo sus problemas diferentes, tenían que ser diferentes su legislación, sus instituciones y su forma de gobierno.

“Yo sé bien –expresó Guridi y Alcocer- que la ley es una para todos, aquí (en España) y en América; pero no lo es su ejecución, la que no puede prescindir de las circunstancias peculiares, que es indispensable conocer. Y no las conocerá sin duda, ni las tendrá presentes al tiempo del despacho, sino quien se dedique privativamente al de aquel mundo”.[1]

Era necesdario reconocer las diferencias. Sin embargo, las cortes no establecieron más diferencias que las que les sirvieron para ejercer su control a través de la centralización del poder. En cambio, las diferencias absolutamente indispensables para conservar la unidad de la nación -aunque no necesariamente del gobierno- no las aceptaron.

En  lugar del virrey, gobernador, capitán general y superintendente de la real hacienda, crearon para las provincias -incluidas las de ultramar- la figura del ”jefe superior” nombrado por el rey. En cada provincia se estableció además una diputación o junta provincial, presidida por el “jefe superior” y compuesta por el presidente, el intendente y siete individuos electos, no como un embrión de un poder legislativo local, sino como órgano adicional y prolongación del poder ejecutivo.

Por otra parte, las relaciones del virrey con la audiencia, la participación de ésta en los negocios del gobierno como consejo del virrey -con el nombre de real acuerdo- la junta superior de real hacienda, y los juzgados y administraciones especiales en varios ramos, todo quedó teórica y constitucionalmente suprimido. En la práctica, al contrario, todo fue anticonstitucionalmente sostenido.

La diputación americana había advertido a las cortes la necesidad de innovar y cambiar leyes e instituciones en función de la igualdad de los españoles de ambos hemisferios así como de la igualdad de las diversas entidades provinciales que formaban parte de su estructura política; pero respetando al mismo tiempo las diferencias que hubieran de respetarse -tradiciones, instituciones, leyes, y autonomías- para salvaguardar su riquísima diversidad en la unidad esencial de la nación.

El mismo diputado Guridi y Alcocer, por Tlaxcala, lo expuso muy claramente desde que empezaron los debates. El término nación debía interpretarse en su más amplio significado político. Y así como en Alemania, Inglaterra y otros países, la diversidad de sus religiones no había sido incompatible con la unidad nacional, de la misma manera entre nosotros la diversidad de territorios, separados por un inmenso océano, o la de idiomas, como el castellano y las lenguas vernáculas, o la de naciones distintas, como las de españoles, indios, negros y asiáticos, tampoco debía ser incompatible con la unidad del Estado español.[2]

El gobierno, pues, debía reconocer, atender y respetar esas diferencias, variedades y diversidades, sin perjuicio de que sus componentes quedaran “sujetos a una autoridad soberana”.

Era necesario sostener la igualdad entre los españoles de todos los continentes, y a partir de esta igualdad, por paradójico que parezca, reconocer las desigualdades que tuvieran entre sí. De ahí la necesidad de declarar la ciudadanía común de los españoles no sólo de raíz europea y asiático-americana sino también africana, y al mismo tiempo, de reconocer la validez de las diferencias en costumbres, leyes e instituciones locales.

Era necesario, por consiguiente, que el principio de igualdad entre españoles y americanos se expresara en el poder ejecutivo; específicamente, en el órgano consultivo, es decir, en el Consejo de Estado, y en sus órganos administrativos, o sea, en las secretarías de despacho.

Sólo a partir de esta igualdad, reflejada en sus instituciones centrales, se podría garantizar el desarrollo desigual de América respecto de España, bajo una misma autoridad soberana.

Pero al mismo tiempo, para hacer valer las diferencias que garantizaran e hicieran posible la unidad, era indispensable instituir en forma especial y distinta las siguientes figuras locales: jefe político de las provincias, juntas provinciales, ayuntamientos y órganos de justicia.

3) El Consejo de Estado

La Constitución propone que el Consejo de Estado, una especie de pequeño Senado, sea formado por cuarenta individuos, de los cuales cuatro serán eclesiásticos, cuatro grandes de España, y los demás distinguidos por su ilustración o conocimientos, o por sus señalados servicios en los ramos de la administración y del gobierno del Estado.[3]

De los cuarenta consejeros, “doce a lo menos deben ser nacidos en las provincias de ultramar”.[4]

Todos son nombrados por el rey -a propuesta de las cortes- y tienen facultades para emitir dictamen en asuntos graves gubernativos; señaladamente, en los relativos a dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados.[5]

“La comisión –dice Barragán- quiso establecer esta concesión –la de los doce consejeros de ultramar- no sólo para borrar el gran malestar que había producido la exclusión del estatuto de la ciudadanía a las castas, sino también debido a que las clases superiores, la nobleza y la eclesiástica, eran mucho menos numerosas en las Américas que en la Península, y así, sin esta concesión, se habría menguado más todavía su representación”.[6]

Pero esto no satisfizo a la diputación americana, que reprodujo sus reproches de que no se respetaba el trato de igual a igual aprobado por las cortes.

“Con todo –concluye Barragán- y pese a la sinceridad de estos reclamos, no hubo modificación sobre el particular”.[7]

De los cuarenta consejeros de Estado, sólo se eligió a la mitad, y de los doce americanos, únicamente a tres: José Mariano de Almansa, de Veracruz, que había sido candidato a vocal de la Junta Central; Melchor de Foncerrada, oidor de México, y José de Aizinema, coronel de milicias de Guatemala. De los tres, los dos primeros –de origen novo hispano- nunca irían a servir a sus destinos. Sólo fungiría como consejero por América el tercero, es decir, el guatemalteco.

4) Secretarías de despacho

La comisión propuso siete secretarías de despacho: 1) Estado, 2) Gobernación para la Península e islas adyacentes, 3) Gobernación para Ultramar, 4) Gracia y Justicia, 5) Hacienda, 6) Guerra y 7) Marina.[8]

Al discutirse este asunto, la diputación americana, en lugar de aceptar una secretaría, la de Gobernación para Ultramar, reclamó tres: la primera, Gobernación, Gracia y Justicia; la segunda, Hacienda, y la tercera, Guerra y Marina. Paralelamente, propuso otras tres similares para los asuntos de la Península. Se alejaría así el tema del despotismo.

La comisión alegó que un gabinete dividido produciría una nación dividida. Guridi y Alcocer replicó que “la unidad consiste en el rey, que es la cabeza, no en los ministros, que son los brazos, y aún el cuerpo humano tiene dos… La monarquía abarca dos mundos, y por lo mismo debe tener dos ministros en cada ramo de los que admiten división.”[9]

Ramos Arizpe, por su parte, hizo hincapié en que los principios invocados para la creación de las secretarías de España eran exactamente los mismos e igualmente invocables para los asuntos de ultramar, “en donde se ofrecen tantos, tan interesantes y acaso más complicados negocios que en la Península.”[10]

“Para el gobierno de las provincias de la Península, en que viven once millones de hombres alrededor del gobierno, se establecen seis secretarios, y para cada una de las Américas -que es medio mundo- en que habitan quince millones de habitantes (o dieciséis según el diputado Beye de Cisneros) un solo secretario”.[11] No es justo reunir bajo una mano los negocios de las Américas y la Península, y las cortes deben desechar tan confusa idea”.[12]

Justo o no, confuso o no, el proyecto se aprobó y las Américas no tuvieron más que una secretaría para que atendiera el despacho de sus asuntos; pero, por lo menos, se dejó a las cortes ordinarias la teórica tarea de que hicieran la variación “que la experiencia o las circunstancias exijan”.[13] Nunca se haría variación alguna.

Conforme a la Constitución, todas las órdenes del rey tienen que ir firmadas por el secretario del despacho del ramo a que el asunto corresponda. Ningún tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden real que carezca de este requisito.[14]

Los secretarios de despacho, pues, son responsables ante las cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el rey.[15]

La elección para ministro de la Gobernación de Ultramar recayó en Tomás González Calderón, regente de la Audiencia de México, y por no haber querido o podido pasar a España “por sus enfermedades”, ocupó su lugar Manuel de la Bodega y Molinedo, oidor de la misma Audiencia, convertida ésta en Tribunal Supremo y aquél en magistrado del mismo órgano judicial, por disposición constitucional.

Sería él, Manuel de la Bodega y Molinedo, ministro de Gobernación de Ultramar, quien elaboraría la memoria sobre la mezquindad de las cortes para reconocer la ciudadanía a los españoles de las castas americanas, sin pensar que así como éstas habían defendido sus reinos, de la misma manera podrían volver sus armas contra ellos; memoria que presentaría a Fernando VII, al retornar a su trono, y que no sería rechazada por éste.

5) Jefes políticos y juntas provinciales

El gobierno político de las provincias residía en un “jefe superior” nombrado por el rey, al que se empezó a llamar “jefe político”, a cargo del poder ejecutivo (sustituto del virrey, aunque con menos facultades discrecionales que éste, en teoría, no en la práctica)[16]

Se propuso que en cada provincia hubiera una diputación llamada provincial, presidida por el “jefe superior”, compuesta por el presidente, el intendente y siete individuos electos; no, se reitera, como embrión de un órgano legislativo sino como prolongación del poder ejecutivo.[17]

Los diputados americanos a las cortes constituyentes sostuvieron que si se confiaba todo el gobierno de la provincia a un ministro del rey, como lo era el “jefe superior” o “jefe político”, no habría remedio contra el despotismo. Para evitarlo propusieron que se estableciera una junta formada por personas que merecieran la confianza, no tanto del rey, cuanto de los pueblos; la cual, además de auxiliar al “jefe político” a hacer el bien, le impidieran hacer el mal.

“De nada servirán las leyes y las mejores instituciones en el centro de la nación -declararon- si no adoptamos esta moderación en las provincias. Los recursos contra la opresión, esencialmente las largas distancias, son regularmente inútiles para obtener el remedio, sólo por la dilación”.[18]

“La nación, además, está habituada en gran parte, desde nuestra gloriosa revolución, a que las provincias sean gobernadas por autoridades colectivas, elegidas por ellas mismas y presididas por gobernadores de nombramiento real”.[19]

Así había ocurrido, en efecto, no sólo en la Península -al formarse juntas en cada ciudad- sino también en las Américas, desde 1808, aunque aquí con más orden y mayor autonomía de facto, salvo en México, cuya junta había sido frustrada desordenada y atropelladamente por los europeos.

Las diputaciones provinciales debían tener facultades para asistir no sólo a los jefes políticos locales sino también al mismo gobierno central, a través de sus informes; pero era necesario que dichos jefes no concentraran toda la autoridad, como lo señalaba el proyecto, porque si esto ocurría, según el diputado Larrazábal, se dejaría abierta la puerta “a la arbitrariedad y el despotismo, en tal grado a que no habíamos llegado en tiempos del antiguo despotismo”.[20]

En efecto, el “jefe político” o “jefe superior” podía muy bien no dar curso a ninguna reclamación, siempre que así le conviniera. “Es conocido que aquí, en España, los jefes superiores impiden la circulación y cumplimiento de los decretos de las cortes. ¿Qué no sucederá en las lejanas provincias de ultramar?”[21]

El diputado Ramos Arizpe, por su parte, preguntó a las cortes: “¿Qué temor se tiene a las representaciones (informes) francas y directas de las diputaciones provinciales? ¿O no se quieren oír verdades importantes? Pues las diputaciones no dirán otra cosa si se les deja en libertad.”[22]

“Es monstruosidad ridícula –dijo Ramos Arizpe- proclamar seguridad, libertad, franco acceso de cada español al gobierno, y negar éste a unos cuerpos que, poseídos de verdadero patriotismo, son los únicos que podrían frenar el poder de los jefes, si no se les pusiera una traba escandalosa en este artículo… esto es dar licencia de andar a los tullidos y poner grillos a los que tienen pies robustos”.[23]

Si la Constitución –continuó Ramos Arizpe- “ha depositado el gobierno en los jefes políticos, sea enhorabuena. Pero si la misma Constitución se ha ocupado de acabar con la tendencia del gobierno a la arbitrariedad, es necesario que junto a él esté otra autoridad que, además de ilustrarlo con sus luces, contrarreste su natural inclinación al despotismo”.[24]

“¿Y qué autoridad está más inclinada, o mejor diré, terminantemente designada -en la Constitución- que las diputaciones provinciales? Estas, por sus elementos constitucionales, tienen más íntima analogía con la parte gubernativa, y verdaderamente entran en lo que, generalmente hablando, se conoce como poder ejecutivo o gobierno”.[25]

“Si las leyes han de ser expresión de la voluntad general, yo aseguro a las cortes que toda la nación, especialmente su mayoría –que habita en las Américas- quiere que sus cuerpos representativos y más populares, cuales son las diputaciones, tengan libre este derecho”.[26]

“Y ojalá tuvieran el de castigar a sus jefes, como lo han expuesto con repetidas quejas varias provincias, demostrando con la experiencia de tres siglos que el gobierno español, lejos de castigar a sus malos gobernantes, o les ha disimulado sus delitos y conducta desoladora, hasta llegarse a dispensar, como al virrey Brachifort, de ser residenciados (juzgados) o lo que ha sido peor y más frecuente, los ha premiado y dado nuevos empleos”.[27]

Las cortes no aceptaron la propuesta de los diputados americanos, pero sí, por lo menos, que las diputaciones provinciales dieran parte al supremo gobierno de los abusos de los jefes en la administración de las rentas públicas así como en las infracciones constitucionales que advirtiesen.

Por lo demás, las diputaciones provinciales debían turnar a las cortes para su aprobación, con su informe, las ordenanzas municipales de los pueblos, los arbitrios propuestos por los ayuntamientos para las obras públicas y las cuentas de la inversión de estos mismos arbitrios.

La única diferencia que se admitió fue que las provincias de ultramar, por razón de la distancia, ejecutaran las medidas anteriores –elaboración de ordenanzas, ejecución de arbitrios y rendición de cuentas- con sólo la aprobación provisional del “jefe político”, aunque siempre dando cuenta a las cortes después, para su aprobación definitiva.

6) Los ayuntamientos

En lugar de los antiguos ayuntamientos, que se componían de regidores perpetuos, cuyos oficios eran vendibles y renunciables, con alcaldes y cierto número de regidores nombrados por los mismos ayuntamientos, las cortes dispusieron que se establecieran ayuntamientos de elección popular.

Debían componerse estos de uno o dos alcaldes, regidores y el procurador síndico; ser presididos por el “jefe político”, donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o por el primero de los alcaldes, si hubiere dos.[28]

Se estableció la no reelección de alcaldes, regidores y procuradores síndicos, sino hasta pasados dos años por lo menos.[29]

Ramos Arizpe propuso la siguiente adición:

“No asistiendo por cualquier motivo el jefe político y el alcalde de primera elección, lo presidirá el de la segunda, y en ausencia de éste, el regidor más antiguo de los concurrentes, porque la experiencia enseña que mil veces se frustran por no querer asistir el jefe político o presidente, y se ha dado el caso escandaloso, sobre injusto, de recoger las llaves de los archivos de ayuntamientos. Sépase que ha de haber cabildo, reunida la mayor parte de sus individuos”.[30]

Pero la adición no fue aprobada.

De acuerdo con la ley, los ayuntamientos tienen a su cargo la política interior de los pueblos: rentas municipales, instrucción pública, casas de beneficencia y obras de comodidad y ornato.

Para el desempeño de sus funciones, dichos ayuntamientos quedan bajo la inspección de la diputación provincial, a quien deben rendir cuenta justificada cada año de los caudales públicos que hubieren recaudado e invertido.[31]

7) La Constitución en la Nueva España

A partir del 30 de septiembre de 1812, en que la Constitución se dio a conocer y se juró en México, empezaron a publicarse bandos con prevenciones para intentar ir adaptando las viejas instituciones y prácticas a las formas y lenguaje del nuevo sistema.

La plaza, llamada hasta entonces plaza mayor, tomó el nombre de “Plaza de la Constitución”, según la inscripción correspondiente que se mandó poner en una lápida.

La aduana, casa de moneda y rentas dejaron de denominarse reales, como hasta entonces, y empezaron a llamarse nacionales.

La audiencia dejó de ser consejo del virrey y se redujo a la función de administrar justicia. La mayor parte de los juzgados especiales cesaron. Reducida la administración de justicia a tribunales ordinarios, cesó también la “junta de seguridad” que había estado encargada especialmente de los procesos de infidencia, es decir, de los casos políticos.

Las administraciones particulares de ciertos ramos de obras públicas, como el desagüe y otros, pasaron teóricamente a la diputación provincial.

Los cambios anteriores representaron sólo una transferencia de facultades de unos órganos a otros y variaciones de nombre. De ellos, la libertad de prensa y las elecciones para nombrar ayuntamientos, diputados provinciales y diputados a cortes, hubieran podido significar cambios profundos, históricos, de fondo; pero no se llevaron a cabo. Y los que se intentaron, fueron inmediatamente suprimidos, derogados o permitidos en forma incompleta y por poco tiempo, volviéndose todo al estado de cosas que existían antes de ellos.

En esta materia se distinguen dos épocas:

• una, en 1812, en que establecidas las instituciones constitucionales anteriores, se da marcha atrás y se restablecen las preconstitucionales, derivadas de las Leyes de Indias, invocándose el estado de excepción en que vivía el reino a consecuencia de la guerra de independencia, y

• la otra, en 1813, en que se restablecen de forma las instituciones constitucionales, pero de hecho se ejercen las antiguas, hasta que en 1814 se restauran formalmente éstas –las antiguas- debido a la supresión por bando real del orden constitucional en todos los dominios de España.

8) Primera época constitucional

De las leyes expedidas por las cortes, la más importante sin duda fue la relativa a la libertad de imprenta, promulgada para “atender la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas” como “único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”, pero fundamentalmente con el doble propósito de permitir “un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan” así como “de ilustrar a la nación en general”.[32]

El decreto sobre libertad de imprenta no se dio a conocer en México sino hasta que el diputado Ramos Arizpe pidió a las cortes que ordenaran su establecimiento y puesta en vigor. No pudiendo los tribunales coloniales suspender la ejecución de las leyes, dada la orden del supremo gobierno de que se publicara la referida ley, no se pudo evitar más dilación, y el 5 de octubre de 1811, el virrey tomó juramento a los individuos de la junta de censura que habían de garantizar el ejercicio de la libertad de prensa, en el estricto marco de la ley.

Inmediatamente surgieron periódicos por todas partes. Carlos Ma. de Bustamante inauguró el suyo con el significativo título de: “Conque podemos hablar…”[33]. También Joaquín Fernández de Lizardi empezó su colección “El Pensador Mexicano”. Y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, se convocó a las asambleas populares para que nombraran electores que habrían de designar a los miembros de los ayuntamientos. Por bando del 27 de noviembre las elecciones -primarias y secundarias- se celebraron el domingo 29 de ese mes. Pero la celebración de éstas trajo como consecuencia la derogación de la libertad de prensa y la suspensión de las elecciones terciarias.

Los resultados electorales fueron los mismos en México, Puebla, Toluca y otros puntos en que pudieron celebrarse, ocupados por sus tropas, no así en los que estaban bajo la jurisdicción del gobierno insurgente: por todas partes resultaron electos americanos partidarios de la independencia, y ningún peninsular. Correspondería a estos electores decidir en elección posterior los cargos de los ayuntamientos.

Siendo americanos todos los electores, todos los miembros de los ayuntamientos tendrían que serlo también. Era inevitable. Francisco Antonio Galicia, uno de los electores de la ciudad de México, informaba el 3 de enero de 1812 al insurgente López Rayón, presidente de la Junta de Gobierno, que el virrey, la audiencia “y todos los gachupines” habían procurado entorpecer el proceso electoral “porque bien conocen que no saldrá ninguno de ellos, y en esto no se engañan, pues los electores están resueltos a que así se verifique”.[34]

Y así se verificó. Fue tal el delirio popular que desató la elección anterior, que el “jefe político” constitucional o “virrey” de facto Francisco Javier Venegas consultó a la audiencia (que constitucionalmente ya no existía por haberse convertido en tribunal) y a la cual ya no podía consultar en “real acuerdo” (porque esta función había sido suprimida) sobre la conveniencia de suspender la libertad de imprenta.[35]

De este modo, el orden constitucional empezó a volverse inconstitucional. En lugar de “jefe político” con facultades políticas limitadas, Venegas empezó a ejercer como “virrey” de facto, con amplias facultades discrecionales. Y en lugar de tribunal de justicia, con atribuciones exclusivamente judiciales, funcionó de hecho una audiencia con atribuciones consultivas en materia de gobierno.

Reinstaladas de facto las instituciones anteriores, y tras una deliberación de cinco horas, el “real acuerdo” anticonstitucional decidió, por mayoría de quince votos, salvo uno en contrario, suspender la libertad de prensa. El bando correspondiente expone los abusos cometidos al amparo de la libertad, restablece las antiguas leyes y reglamentos, y advierte que la libertad de prensa se pondrá en vigor hasta que cesen las extraordinarias circunstancias que han obligado a las autoridades a suspenderla.

Por lo que se refiere a las elecciones de los ayuntamientos así como de diputados provinciales, Venegas, “jefe político” de nombre y “virrey” de hecho, decretó que éstas quedasen suspensas y que el antiguo ayuntamiento continuara hasta nueva orden. De este modo, los electores no pudieron elegir a los miembros del nuevo órgano municipal constitucional.

Y también quedó sin efecto todo lo demás de la Constitución.

Además, a través de las elecciones y la libertad de prensa quedaron señaladas y marcadas las personas que las autoridades españolas debían tener por peligrosas y ser por lo mismo objeto de persecución. Se inició la represión. Quienes no fueron detenidos tuvieron que esconderse o huir, los más, al campo de la insurgencia. Fue un escándalo. El 15 de enero de 1813, Morelos escribía irónicamente a López Rayón: “Estamos acabando de ver la legalidad de su conducta. Convocaron a elecciones para echarse sobre los electores de México. Concedieron licencia de prensa para aprehensar a los escritores. ¿Quid adhuc desiderare possumus?”[36]

El “jefe político” anticonstitucional -o “virrey” no nombrado por el rey- informó a España lo ocurrido. Al mismo tiempo, el diputado Ramos Arizpe, apoyado por treinta y un diputados, pidió a las cortes que la Regencia diera cuenta del estado que guardaba la ley de imprenta en la América mexicana. El 23 de julio de 1813 el Consejo de Estado se reunió para consulta. El único consejero americano que había a la sazón, el conde de Piedra Blanca, dijo que tanto el virrey como la audiencia habían incurrido en responsabilidad, la que debía exigírseles en la forma prescrita por las leyes, pues si se comenzaba por autorizar las infracciones a la Constitución en América, se seguiría la anticonstitucional autorización en España, y en pos de ésta vendría la anarquía y la pérdida de la libertad.

Sin embargo, la mayoría de los consejeros de Estado, de origen europeo, resolvió que lo más conveniente sería diferir la resolución hasta recibir nuevos datos. Y aunque reconoció que no había habido ningún abuso grave de libertad de imprenta en México, consideró peligrosísimo revocar la providencia represiva del "jefe superior" de la Nueva España. Era conveniente que la revocación de la libertad de imprenta subsistiera hasta que las circunstancias variasen.

La junta de censura de México, por su parte, en lugar de apoyar al “virrey” de facto, condenó la supresión de la ley de imprenta e informó a las cortes que los supuestos abusos que había traído consigo eran muy pocos y bastante frívolos, y además, que le parecía muy peligroso que autoridades subalternas se abrogaran una facultad tan propia de la soberanía, como lo es suspender las leyes que aquélla ha expedido para ser observadas y ejecutadas.

Sin embargo, la comisión parlamentaria de las cortes a la que correspondía el asunto, adoptó mayoritariamente la opinión del Consejo de Estado; es decir, que en México no debía haber tal libertad mientras durase la “revolución”, como se le llamaba a la guerra de independencia. De este modo, las cortes sostuvieron implícitamente la validez de los derechos contra el Derecho.

9) Segunda época constitucional

Al suceder a Venegas y proclamar su nombramiento como “jefe político” y gobernador militar de México, Félix Ma. Calleja contrajo el compromiso solemne de “poner a los mexicanos en entera posesión de los bienes que encerraba la Constitución, y ser el primero en observar celosamente sus preceptos”. Sin embargo, uno de los más preciados de dichos bienes, la libertad de prensa, nunca la pondría en posesión de ningún mexicano.

a) Ayuntamiento. Uno de los primeros pasos que dio para restablecer el orden constitucional fue permitir que se llevara a cabo la última etapa de la elección para miembros de ayuntamientos y diputados provinciales.

Los electores, nombrados desde el 29 de noviembre anterior, se reunieron el 4 de abril de 1813 y eligieron al ayuntamiento de México, cuyos miembros resultaron todos adictos a la independencia. Fueron los siguientes:

• Dos alcaldes: conde de Medina, coronel y propietario, y Antonio Velasco, comerciante y propietario.[37]

• Dieciséis regidores: Juan Ignacio González Vértiz de Guerra, excónsul y propietario; conde de la Valenciana, minero y propietario; José Ma. Garay, capitán de milicias y propietario; Tomás Salgado, letrado; Francisco Manuel Sánchez de Tagle, propietario; conde de la Prensa de Jalpa, propietario; Juan de Anteparán, comerciante; Francisco Galicia, exgobernador de indios de la parcialidad de San Juan.[38]

También regidores: Marqués del Valle-Ameno, propietario; Juan Vicente Gómez Pedroso, propietario; José Ignacio Adalid, propietario y letrado; Francisco Villanueva Cáceres y Obando, propietario; José Santos Vargas Machuca, exgobernador de indios de la parcialidad de Santiago; Juan Orellana, dueño de tocinería; José Ma. Prieto de Bonilla, Caballero de los Olivos, propietario, y Juan Pérez Juárez, comerciante.[39]

• Dos síndicos: Rafael Márquez y Antonio López Salazar, ambos letrados.[40]

Pronto empezaron los choques entre la autoridad municipal y el jefe político de México Félix Ma. Calleja, por cuanto a los diversos entendimientos que dieron al alcance de sus respectivas atribuciones.

b) Tribunales. En lo que se refiere a tribunales, por bando de 4 de mayo siguiente, la audiencia quedó nuevamente reducida a sólo las funciones judiciales, suprimiéndose -o trasladándose a otras corporaciones o personas- las comisiones lucrativas que antes desempeñaban los oidores y que se consideraron incompatibles con su nuevo carácter.

Se suprimieron además los juzgados especiales, entre ellos, los de obras públicas, mayorazgos, de policía y de repúblicas de indios -o administración particular de justicia en sus pueblos por medio de sus gobernadores y fiscales- no así los de hacienda, minería y consulado (aduanas) que subsistieron a pesar de lo dispuesto por la Constitución.

Adicionalmente, el 8 de junio se extinguió el tribunal de la inquisición por decreto de las cortes de 22 de febrero anterior.

c) Diputados a cortes y a juntas provinciales. A partir del 4 de julio se llevaron a cabo las elecciones, durante tres días consecutivos, para elegir a los electores que habrían de nombrar diputados a las cortes ordinarias de España.

El día 18 se eligieron catorce diputados, de los cuales nueve resultaron abogados y cinco eclesiásticos, todos americanos y partidarios de la independencia. También se eligieron cuatro suplentes: un hacendado, dos abogados y un eclesiástico. Todos americanos. Ningún europeo. Ningún indio.

Dado que el estado de la hacienda pública no permitía sufragar los gastos de traslado de los diputados, a todos se les dio orden de que viajasen a España a sus propias expensas. Todos contestaron que no se trasladarían más que en caso de que se les diera la habilitación prevenida. Al no dárseles nada, no viajaron. Por consiguiente, nunca asumieron su cargo. La elección quedó de hecho frustrada.

En cambio, emprendieron la marcha contra su voluntad el canónigo José Ma. Alcalá y el licenciado Manuel Cortázar, a quienes el “jefe político” Calleja obligó a ir por la fuerza, ya que consideró perjudicial su permanencia en México, por su activismo a favor de la independencia. Viajaron más en calidad de expatriados que de diputados. Además, mandó arrestar al diputado Ignacio Adalid, “miembro de una diabólica junta establecida en esta capital bajo el nombre Los Guadalupes”, e implicó en la misma causa a los diputados José Ma. Fagoaga y Félix Lope de Vergara.[41]

Finalmente, se eligieron también a los individuos que habrían de componer las Juntas Provinciales; pero en lugar de que cada provincia eligiese a los diputados de la Junta que habría de constituirse en las capitales de cada una de ellas, el “jefe político” consideró que la Nueva España era una provincia y dispuso que cada provincia de esta provincia nombrase sólo a un diputado para que se incorporase a la junta provincial de México. De este modo, en lugar de diecisiete juntas provinciales, hubo una sola, la junta central de México, presidida por el “jefe político” Calleja.

La audiencia de México, por su parte, hacía notar que “de los seiscientos cincuenta y dos nombramientos hechos en México para unas y otras elecciones, ninguno recayó en europeos”; que tampoco “mereció ser nombrado ninguno de tantos americanos sobresalientes” amigos de los europeos, y que también “los indios han sido excluidos”.[42]

d) Dictadura anticonstitucional. De cualquier modo, el “jefe político” Calleja continuó ejerciendo discrecionalmente como “virrey” todas las atribuciones políticas del reino, es decir, continuó levantando tropas, imponiendo contribuciones y disponiendo de los fondos públicos a su arbitrio, atribuciones que correspondían a las cortes. Alegó en su descargo que no podía hacer otra cosa. Si se respetaba y se hacía respetar la Constitución, se perdía el gobierno:

“Obstinados en su mal propósito de independencia y segregación de la península (los americanos) sólo reciben la Constitución como un medio que puede proporcionarles llevar a cabo sus intenciones con menos obstáculos”.[43]

Y a la inversa: si se quería mantener el gobierno, era necesario violar la Constitución y dar a sus oponentes una de estas tres cosas: encierro, destierro o entierro.

El 27 de abril de 1813 el “jefe político” Calleja publicó un bando por el que se previene que los expedientes relativos a infracciones de Constitución sean sometidos a los tribunales competentes.

En ese mismo bando, dicho “jefe político” pretende haber cumplido con su oferta de observar la Constitución, siendo la libertad de imprenta lo único que la salud de la patria le había obligado a dejar suspensa; pero confiesa que bajo el peso de una escasez absoluta y en las circunstancias más estrechas, se había visto obligado, de acuerdo con las corporaciones e individuos más respetables, a recurrir a los préstamos, contribuciones y arbitrios que le habían parecido indispensables, lo cual, sin embargo, como se dijo antes, era una facultad que la Constitución reserva a las cortes.

Por otra parte, para evitar las formalidades constitucionales que eran necesarias en la aprehensión de los individuos, los militares continuaron fusilando a todos los que les parecía bien, sin forma alguna de proceso, teniendo como delincuentes a los que elogiaran a los insurgentes o a los que atribuyeran la revolución a opresión e injusticia de virreyes y magistrados, aún cuando no manifestasen estos sentimientos con palabras sino con otras señales exteriores. “No sólo hay infidencias habladas. Las hay mudas: un gesto, una risa falsa, una media palabra, cierto tono de voz, el mismo silencio seco e inoportuno”.[44]

Los diputados a las cortes ordinarias, como antes se dijo, nunca se integraron al cuerpo parlamentario de España, por lo que algunos de los suplentes de las anteriores cortes extraordinarias continuaron ejerciendo su encargo. Y los de la junta provincial de México esperaron inútilmente durante largo tiempo a que se les llamara a la capital del reino, lo que no ocurriría sino hasta un año después, el 13 de julio de 1814, dos meses antes de ser abolida la Constitución en la Nueva España. Así que, de hecho, no funcionó.

Por último, el tribunal superior de la capital volvió a reunirse anticonstitucionalmente en “acuerdo”. Y a pesar de que sus funciones eran las de juzgar y hacer que se ejecutase lo juzgado, no conocer asuntos legislativos, gubernativos o económicos, ni opinar sobre ellos, el 18 de noviembre de 1813 formó un extenso documento en el que da una idea muy completa acerca del origen, crecimiento y estado actual de la situación del reino, así como de las razones por las cuales, en su opinión, no es posible que las autoridades -de cualquier nivel- puedan cumplir y hacer cumplir la Constitución.

El tribunal anticonstitucional o “audiencia” de facto considera que la Constitución favorece a la independencia, y que para evitar ésta, es necesario violar aquélla. Por lo tanto, propone que se observe la Ley de Indias, sobre todo la parte que se refiere a medidas represivas y específicamente a las facultades concedidas al virrey, para extrañar de estos dominios a los que convenga, y en suma, que se adopte el sistema de rigor, único que para casos semejantes enseña la historia de las naciones.

Por el contrario el ayuntamiento de Veracruz, aunque formado sólo por europeos, estimó que la revolución se había propagado porque la Constitución era sólo “un ente de razón” o una obra de ostentación y gusto que enriquecía las bibliotecas de los literatos, pero no una ley fundamental; por lo que recomendó que se observara ésta para debilitar a la “revolución”.

El “jefe político” Calleja, en fin, informó reiteradamente al gobierno de España que con Constitución o sin ella, con leyes de Indias o sin ellas, este reino estaba condenado a perderse, a menos que fuera gobernado con mano dura.

Así gobernaría y de todos modos se perdió.

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