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Raíces
-históricas,
políticas, constitucionales-
del
Estado mexicano
José
Herrera Peña
II
La frustrada
elección nacional de 1808
1)
Las semillas del congreso
Los
recelos de los europeos eran justificados. Al solicitar al virrey que
convocara a un congreso nacional, los americanos le habían solicitado prácticamente
que estableciera las bases del Estado nacional independiente. Entre los
papeles recogidos e inventariados a fray Melchor de Talamantes había unos Apuntes
Constitucionales, en los que se lee:
“El
Congreso nacional americano debe ejercer todos los derechos de la soberanía”.
Esto significaba asumir el poder supremo y ejercer atribuciones legislativas,
ejecutivas y judiciales.
La
primera facultad soberana que debe ejercer dicha asamblea nacional es
“nombrar virrey capitán general del reino y confirmar en sus empleos a los
demás”.
Las
otras doce, que podrían calificarse de prioritarias, eran las siguientes:
·
Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas.
·
Trasladar a la capital los caudales del erario y arreglar su
administración.
·
Conocer y reservar los recursos que las leyes reservaban a Su
Majestad.
·
Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la metrópoli
con esta parte de las Américas.
·
Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura e industria,
quitándoles las trabas.
·
Nombrar embajador
que pasase a los Estados Unidos a tratar de alianza y pedir auxilios.
·
Erigir un tribunal de correspondencia de Europa, para que la
reconociese toda, entregando a los particulares las cartas en que no se
encontrase reparo, y reteniendo las demás.
·
Convocar a un concilio provincial, para acordar los medios de suplir
aquí lo que está reservado a Su Santidad.
·
Suspender al tribunal de la inquisición la autoridad civil, dejándole
sólo la espiritual, y ésta, con sujeción al (tribunal) metropolitano.
·
Extinguir todos los
mayorazgos, vínculos y capellanías, y cualesquiera otras pensiones
existentes en Europa, incluso el estado y marquesado del Valle.
·
Extinguir la
consolidación (especie de “fobaproa” colonial), arbitrar medios de
indemnizar a los perjudicados y restituir las cosas a su estado primitivo.
·
Extinguir todos los subsidios y contribuciones eclesiásticas,
excepto las de media-anata y dos novenos.
“Aproximándose
ya el tiempo de la independencia de este reino –concluía Talamantes- debe
procurarse que el Congreso que se forme lleve en sí mismo la semilla de esta
independencia”, en el entendido de que ésta debe ser “una independencia sólida,
durable y que pueda sostenerse sin dificultad y sin efusión de sangre”.
Ahora
bien, ¿era lícito que un reino sujeto a la corona española reasumiese su
soberanía? ¿A pesar de que la Nueva España era despectivamente considerada
por los europeos como una colonia, no como reino?
Melchor
de Talamantes dirigió un escrito al Ayuntamiento de México en el que citó
doce razones por las cuales es legítimo que las colonias se separen de la
metrópoli:
1.
Cuando las colonias se bastan a sí mismas.
2.
Cuando las colonias son iguales o más poderosas que sus metrópolis.
3.
Cuando las colonias difícilmente pueden ser gobernadas por sus metrópolis.
4.
Cuando el gobierno de la metrópoli es incompatible con el bien
general de la colonia.
5.
Cuando las metrópolis son opresoras de sus colonias.
6.
Cuando la metrópoli ha adoptado otra constitución política.
7.
Cuando las primeras provincias que forman parte del cuerpo principal
de la metrópoli se hacen entre sí independientes.
8.
Cuando la metrópoli se somete voluntariamente a una dominación
extranjera.
9.
Cuando la metrópoli fuere subyugada por otra nación.
10.
Cuando la metrópoli ha mudado de religión.
11.
Cuando amenaza a la metrópoli mutación en el sistema religioso.
12.
Cuando la separación de la metrópoli es exigida por el clamor
general de los habitantes de la colonia.
Todos
los casos anteriores eran aplicables a la situación que guardaba la Nueva
España. Era legítimo, por consiguiente, que ésta (reino, colonia o ambas
cosas) preparara su independencia.
2)
Deficiencias de la convocatoria
Al
convocar a la junta nacional, el virrey no había establecido la forma en que
debían hacerse las elecciones de los individuos que habían de componerla.
Esto lo llevó a consultar al real acuerdo, un día después, lo siguiente:
·
si consideraba
necesaria la concurrencia de los diputados de todos los ayuntamientos, en
cuyo caso era de preverse una asamblea sumamente numerosa, o
·
si bastaría que
diesen sus poderes a los de las capitales de provincia, y que estos los
sustituyesen en las personas que hubieren de ser nombrados por aquellos, en
cuyo caso la asamblea no contaría más que con diecisiete representantes,
uno por cada provincia (según se establecería posteriormente en la
convocatoria a las cortes españolas y se determinaría igualmente por el
congreso mexicano que decretaría la Constitución de Apatzingán)
La
audiencia contestó el día 6 de ese mismo mes que se negaba a entrar en
materia, porque se oponía no sólo a la forma de elección sino también a la
elección misma y, por consiguiente, a su convocación; citó las leyes que la
prohibían y pidió al virrey que no llevase adelante su intento.
Percibiendo
la agresiva y permanente oposición de la audiencia al proyecto de establecer
la junta o congreso, fundamentado o no, el virrey le consultó si consideraba
conveniente su dimisión, a lo que aquélla le respondió que en caso de dejar
el mando supremo, se lo entregara al mariscal de campo Pedro Garibay.
El
ayuntamiento, por su parte, sabedor del incidente, pidió al virrey que no
renunciara. De este modo, empezaron a precipitarse los acontecimientos.
3)
Cuestiones constitucionales
El
9 de septiembre se llevó a cabo una nueva reunión convocada por el virrey,
en la que participaron los mismos que lo habían hecho en las anteriores, es
decir, audiencia, ayuntamiento, nobleza, clero, altos burócratas,
gobernadores de indios y demás notables, sin saberse de antemano, como
siempre, cuáles serían los puntos a tratar, además del de entregar su voto
por escrito.
Sin
embargo, al ser interpelados algunos y verse obligados a aclarar el sentido
del voto que habían entregado al virrey, resumiendo el de las dos últimas
sesiones, se plantearon los puntos del debate.
Vildosola,
Aguirre y Matías de Monteagudo, por ejemplo, habían votado por el
reconocimiento simple y llano de la Junta de Sevilla, y en contra, el síndico
Primo de Verdad, el inquisidor Sainz, Felipe de Castro, el arzobispo Lizana,
el inquisidor Prado, el marqués de Rayas, Azcárate y Rivero.
Sin
embargo, entre los que se pronunciaron por el reconocimiento a la Junta de
Sevilla, Monteagudo se había declarado partidario del reconocimiento total, y
Vildosola y Aguirre, limitado su voto a las materias de hacienda
y guerra.
Por
su parte, entre los que votaron por el no reconocimiento una junta española,
unos lo emitieron en forma total, mientras no fuera autorizada por el monarca
(Verdad, Castro y Prado) y otros, con el agregado de que aunque no se
reconociera a ninguna, se extendieran auxilios a todas (Rivero). A partir de
esta última posición, es decir, de que no se reconociese a ninguna junta y
se auxiliasen a todas, unos votaron además por la convocatoria al Congreso
Nacional (marqués de Rayas y Azcárate) y los últimos, por el reconocimiento
posterior a una junta española, sin señalar cuál (Lizana y Sainz)
De
este modo, el inquisidor decano Sainz, al ser interpelado para que aclarara el
confuso sentido de su voto, puntualizó que juntas nacionales, como la que el
alcalde de corte Jacobo de Villaurrutia había propuesto el 31 de agosto, eran
por su naturaleza sediciosas o, a lo menos, peligrosas y del todo inútiles,
porque,
·
si dichas juntas nacionales no habían de tener más carácter que el
de consultivas, no salvaban la responsabilidad del virrey, y
·
si tenían el carácter de decisivas, entonces cambiaban la
naturaleza del gobierno en una democracia, para lo que el virrey no tenía
autoridad, ni el que hablaba podía reconocerla.
El
virrey explicó que, en cuanto a ese punto, ya había convocado la junta
nacional o congreso y que eso no tenía vuelta de hoja. Tomada la decisión,
lo que deseaba ahora saber era quién tenía el voto del reino, es decir, la
autoridad suprema en cuestiones soberanas, si el congreso o el virrey, para
proceder con su acuerdo y quedar a cubierto. Porque así como habían venido
comisionados de la junta de Sevilla para que se le reconociese, podrían venir
también de la reina de Portugal, del rey de Nápoles, o de Napoleón y del
duque de Berg, o acaso recibir también una orden reservada de Fernando VII.
Todas estas cosas eran en extremo delicadas y extraordinarias para resolverlas
por sí solo. Necesitaba conocer la opinión de los demás.
Por
su parte, los tres fiscales de la audiencia, en lugar de dar respuesta a las
inquietudes del virrey, reprodujeron las propias, que se concretaban a
oponerse a la junta o congreso nacional, con base en las razones expuestas
desde el 9 de agosto anterior. Esta junta no debía efectuarse:
·
porque convocar un
organismo de tal naturaleza es propio sólo del rey, no del virrey;
·
porque está prevenido, en
la ley misma que declara a México el primer lugar en las juntas que en
Nueva España se celebren, que esto siempre sea con anuencia real, y éste
no era el caso;
·
porque las leyes
prohiben tales reuniones sin dicha anuencia;
·
porque en América no
hay necesidad de estas juntas, ya que las necesidades ocurrentes pueden
directamente atenderse por el virrey o por éste en consulta con el real
acuerdo;
·
porque convocar al
congreso es convocar a la revolución, como en Francia, que al llamarse a
los estados generales, se había precipitado la monarquía hacia la vorágine
de su propia destrucción, y lo que ha ocurrido allá podría ocurrir aquí.
Por
las razones anteriores, no debía haber más asamblea que la que aprobara el
rey. Y dejaban implícita la idea de que el virrey no era el rey.
El
oidor Bataller, en apoyo a lo expuesto, invitó al alcalde de corte Jacobo de
Villaurrutia, puesto que él había promovido la idea de la convocación a la
junta o congreso nacional, que contestara las objeciones de los fiscales, y
agregó que sería muy conveniente que lo hiciera por escrito. Aclaró además
que, para evitar confusión, su respuesta debía contraerse a los siguientes
puntos:
·
Autoridad para
convocar la junta.
·
Necesidad de su
convocación.
·
Su utilidad
·
Personas que a ella
habían de concurrir.
·
De qué clase, estado
o brazos.
·
Y si los votos habían
de ser decisivos o consultivos.
Villaurrutia
ofreció contestar a todos los puntos, por escrito, como se le requirió,
dentro del término de tres días que se le concedieron para tal efecto.
Ya
no habría tiempo para ello.
4)
Oposición al Congreso Nacional
La
demanda del oidor Bataller era tanto más pertinente, cuanto que el virrey no
había determinado qué personas debían componer la junta del reino. Esta es
una de las cuestiones fundamentales que le había planteado a la audiencia. Y
aunque la respuesta debía ser discutida tres días después, según lo
propuesto por el oidor y aceptado por el alcalde de corte Villaurrutia, en la
misma reunión del 9 de septiembre salió a relucir espontánea y anárquicamente
el tema.
Al
observarse que la convocatoria del virrey hacía referencia únicamente a los
apoderados de los ayuntamientos, en cuanto representantes del estado llano, no
así a los de la nobleza y el clero, el procurador Agustín Rivero explicó
que si bien es cierto que él, como síndico, no podía tomar la voz sino por
los plebeyos, como procurador general de la ciudad, en cambio -que tal era
investidura- podía representar también a las demás clases.
Esta
opinión produjo una larguísima y enconada discusión, hasta que el
arzobispo, que siempre había apoyado al virrey y dado su voto por el no
reconocimiento de junta alguna española, e indirectamente por la reunión de
la junta nacional, viendo la dificultad que ofrecía este solo punto, dirigiéndose
a él, expresó:
“Si
el tratar solamente de las juntas del reino produce esta división, ¿hasta dónde
llegará si se realizan? Y así yo, desde ahora, me opongo a tal convocación,
y deseo que vuestra excelencia (únicamente) consulte con el real acuerdo”.
De
este modo, el citado arzobispo Francisco Javier de Lizana y Beaumont así como
su primo el inquisidor Isidoro Alfaro Sainz y Beaumont reformaron el voto que
tenían presentado por escrito en contrario, y se adhirieron al parecer de los
fiscales, esto es, de que no se reuniera ningún congreso nacional.
El
regidor decano Antonio Méndez Prieto, por su parte, que nunca sabía lo que
se iba a tratar en cada asamblea, como los demás; que llegaba tan impreparado
en los temas que se trataban, como los demás, y que tampoco estaba habituado
a hablar en público sobre asuntos de Estado, como los demás, pidió que se
cerrara la puerta del salón, la cual había estado abierta desde la segunda
junta, y en lugar de proseguir con el tema, en nombre de la ciudad reprochó
al virrey su incongruencia. Le recordó que mientras hacía pocos días había
hecho juramento de defender el reino y conservarlo para Fernando VII, aún a
costa de su vida, enseguida había hablado de dimitir, por lo que, si
renunciaba, lo haría responsable de lo que ocurriera. El síndico Verdad lo
apoyó. Lo mismo hicieron el procurador general Rivero y el marqués de
Uluapa.
Pero
más que una crítica o un reproche, lo que se percibió en el ambiente fue el
respaldo político del ayuntamiento al virrey, frente al acoso de la
audiencia. Los demás asistentes no se comprometieron. Prefirieron callar. El
virrey aprovechó el silencio que se hizo y dio por concluida la reunión.
Como
en las tres asambleas anteriores, se habían discutido desordenadamente
cuestiones trascendentales para el reino, sin haberse llegado a tomar tampoco,
como en las otras, ninguna resolución definitiva al respecto. La real
audiencia de Guadalajara, al enterarse del contenido de esta reunión, comunicó
al virrey que estimaba nula dicha junta y advirtió que “ésta y otra de la
misma naturaleza pueden producir consecuencias graves”.
Sin
embargo, ya no habría “otra de la misma naturaleza”: ésta sería la última,
a pesar de lo cual se produjeron “consecuencias graves”.
5)
Golpe de estado del 15 al 16 de septiembre
El
virrey Iturrigaray, en los oficios dirigidos al real acuerdo, había dejado
implícito su deseo de convocar un congreso consultivo que lo dejase en el
ejercicio del poder absoluto, como el que detentaba.
Villaurrutia,
según las notas que preparó para responder a la interpelación de los
fiscales –que nunca se produjo- pretendía, en cambio, que el poder del
virrey se restringiese y que se le quitara el manejo de la hacienda pública
así como toda intervención en la administración de justicia. Pensaba en un
congreso por estamentos, lo que hace suponer un organismo formado por dos cámaras,
en una de las cuales se congregaría el elemento popular, procedente en lo
esencial de los ayuntamientos -que vendría a ser equivalente a la cámara de
diputados- y en la otra, la nobleza y el clero –que resultaría equiparable
a la de senadores.
Y
pensaba igualmente en otras instituciones, entre ellas, en una junta de
gobierno y en un consejo de apelación judicial. La junta o consejo de
gobierno, presumiblemente para auxiliar, pero también para contener y moderar
al titular del ejecutivo, como lo había hecho la audiencia hasta entonces,
que de esta manera, por su parte, se vería constreñida al ejercicio de sus
funciones exclusivamente judiciales. Y la otra, la junta o consejo de apelación
judicial, como tercera y última instancia en los asuntos civiles y
criminales, es decir, como supremo tribunal de justicia, en lo cual se quería
convertir a la audiencia de México para llenar el vacío que había
ocasionado en esta materia la ocupación francesa en España.
El
virrey, por su parte, había convocado a la capital sólo a los procuradores
de los ayuntamientos, es decir, a quienes representaban al estado llano, al
pueblo, dejando sin representación a la nobleza y el clero. Talamantes, en
cierto modo, coincidía con el virrey al recomendar que en estas elecciones no
hubiera nada de popular, es decir, que no se tomara como base a la población,
para que no se desataran los excesos (y sobre todo para que no se corriese el
riesgo de sustituir el orden monárquico por el republicano) sino se convocara
sólo a las ciudades, pues los ayuntamientos eran ya representación popular
y, como lo anotaban los oidores, “se componían en todo el reino, o casi
todos, de criollos”.
En
cambio, el corregidor Domínguez de Querétaro no sólo disputaba a México el
derecho de representar al reino sino se oponía también a que el congreso
fuese sólo popular o sólo aristocrático y se inclinaba, como Villaurrutia,
por los tres brazos: nobleza, clero y estado llano.
Al
mismo tiempo, las audiencias de México y Guadalajara sostenían que, para
evitar trastornos, el virrey debía sostener su autoridad conforme a las leyes
existentes –las de Indias- hasta que el desenlace de las cosas de España
determinara otra cosa, y alejarse de juntas y novedades que no podrían
producir más que su ruina.
En
medio de esta confusión y desorden, una cosa era clara. Todos temían que se
desatara la anarquía, y al mismo tiempo, todos veían que el congreso
convocado por el virrey Iturigaray pondría fin a la dominación española.
Para
todos era igualmente claro que, en el plan formado para establecer un Estado
nacional independiente, el papel de Iturrigaray era determinante, por lo que
todo estribaba en su persona: si se reforzaba su autoridad, el proyecto
prosperaría, y si se le quitaba de en medio, fracasaría.
La
noche del 15 al 16 de septiembre de 1808, pues, los peninsulares decidieron
quitarlo de en medio. Lo detuvieron y lo deportaron a España.
Arrestaron
a los regidores que habían promovido la junta así como a sus asesores,
algunos de los cuales perdieron la vida en prisión, entre ellos Primo de
Verdad, en México, y Melchor de Talamantes, en San Juan de Ulúa.
Además,
sin ninguna formalidad ni derecho, suplantaron la voluntad del rey y nombraron
virrey sustituto al mariscal Pedro Garibay. Por último, cancelaron a través
de éste la convocatoria al congreso nacional.
Así
terminó el intento legalista de los criollos para hacer la independencia bajo
el nombre de Fernando VII, con apoyo en citas legales y doctrinarias deducidas
de la tradición española así como en la peligrosa tesis moderna de la
soberanía popular.
El
sentimiento de indignación fue generalizado en todo el reino de la Nueva España.
“Los mexicanos no desperdiciaron la lección –dice Justo Sierra-: supieron
desde entonces que gobernaría quien pudiera más… era preciso poder más”.
La
primera lección que recibió el partido americano fue que en política no
suele triunfar el que tiene la razón o el que gana el voto de la mayoría
sino, sobre todo, el que tiene la fuerza. En lo sucesivo, pues, los americanos
o criollos tratarían de ejercer sus derechos por todos los medios y recursos
que se ofrecieran a su alcance, incluyendo, desde luego, el de la fuerza.
Congreso Constituyente
Versión de Juan O'Gorman
Castillo de Chapultepec
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