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José Herrera Peña

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Cesión inteligente de soberanía

14 octubre 2000. El proyecto de crear una comunidad económica con los países de América del Norte puede ser conveniente o no; pero suponer que para ello es necesario ceder una parte de la soberanía es técnicamente inexacto, jurídicamente incorrecto y políticamente contraproducente.

El gobierno representa la soberanía, pero no es su titular. Tampoco lo son el Congreso de la Unión, ni los partidos políticos, ni los sectores organizados, ni las clases sociales del país. Consecuentemente, aunque el gobierno quisiera, no podría ceder la soberanía a nadie -ni total, ni parcial, ni inteligente, ni torpemente- porque no tiene derecho a ceder lo que no es suyo, con aprobación del Congreso o sin ella.

El único soberano es el pueblo. Es la fuente suprema del derecho y del poder. Y dicha fuente no se puede dividir en dos, tres o cien partes. Tampoco se puede ceder a título oneroso o gratuito. No se puede vender, negociar, arrendar, obsequiar o transferir de alguna otra forma, a corto o a largo plazo.

Los políticos suelen ceder lo que sea -territorio, población, derechos o posiciones políticas- cuando son constreñidos a ello, por razones internas o externas. Lo que no pueden hacer es ceder soberanía.

La desafortunada expresión debe ser expulsada del vocabulario político panista. Concita a la discusión estéril, inoportuna e innecesaria.

Sobre todo, porque el concepto encierra no sólo complejas ideas políticas sino también profundas emociones históricas. Mutilarlo es correr el riesgo de producir inútilmente sismos sociales de efectos y plazos impredecibles.

En México hemos tenido múltiples experiencias que tienen como referente a Estados Unidos. En el pasado, le cedimos parte de nuestro territorio así como la población que ocupaba dicho territorio.

En los últimos años, le hemos cedido millones de trabajadores emigrantes; el derecho a controlar nuestra frontera común; el derecho a participar en la lucha contra el narcotráfico dentro del país y varias cosas más, sobre todo en materia de negocios. Pero nunca le hemos cedido soberanía.

Felipe González, exprimer ministro de España, ha justificado “la cesión de parte de la soberanía de su país para ingresar a la Unión Europea”. El presidente electo Vicente Fox, al escucharlo, ha considerado que es válido hacer lo mismo para crear una Comunidad Económica Americana. Pero Felipe no tiene razón. Tampoco Fox.

En Europa, el concepto de soberanía nació para justificar el poder supremo de los reyes frente a las potencias externas y los rivales internos. El monarca era el soberano, el señor, el Estado. Sus asuntos personales eran asuntos de Estado.

La revolución francesa trastocó el concepto. El nuevo soberano fue el pueblo. Los atributos del monarca, o sea, legislar, administrar los recursos de la sociedad y hacer justicia, fueron asumidos por el pueblo.

Ahora, los asuntos del pueblo son asuntos de Estado. Y los asuntos de Estado son asuntos del pueblo.

En México, Morelos dio a la soberanía su significado actual. En los Sentimientos de la Nación escribió que ésta dimana del pueblo y sólo la deposita en sus representantes. La Constitución de Apatzingán de 1814 siguió esta idea y agregó que, por ello, “la sociedad tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera” (Art. 4).

Nuestro concepto definitivo de soberanía se estableció en la Constitución Federal de 1857. Es el concepto vigente. Está redactado en los siguientes términos: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (Art. 39).

México ha suscrito desde el inicio de su vida independiente innumerables tratados internacionales. Todos ellos han producido efectos internos. De otro modo, hubiera resultado ocioso aprobarlos.

Ultimamente ha firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, todos los cuales han implicado la adecuación de la legislación nacional al espíritu de tales acuerdos.

Pero ni antes ni ahora esto ha significado ceder soberanía sino al contrario: ejercerla.

¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuáles son los puntos fundamentales del proyecto comunitario? ¿Despejar la vía no sólo a las mercancías sino también a los capitales, a las personas y al desarrollo sustentable? ¿Sujetar las políticas fiscales, cambiarias, financieras y laborales del país a un esquema común internacional?

¿Abrir las áreas estratégicas de la economía nacional a la inversión extranjera? ¿Flexibilizar las leyes laborales? ¿Someter las ganancias de los sectores productivos, de servicios y financieras a regulaciones aprobadas conjuntamente por varios países?

¿Construir un mercado común no sólo de mercancías sino también de mano de obra y de inversiones? ¿Vincular el valor de la moneda nacional a una unidad monetaria internacional?

¿Llegar en un futuro lejano a la supresión de pasaportes, visas y demás requisitos para viajar, residir, trabajar y ejercer derechos políticos en cualquiera de los países signatarios del convenio respectivo?

Todo ello se puede hacer sin ceder nada a nadie.

Lo único que se requiere es muy simple: legislar en consecuencia, esto es, ejercer la soberanía conforme a uno de sus principios fundamentales: que las leyes que se expidan y los poderes que se instituyan no sólo dimanen del pueblo sino también sean para su beneficio.

Eso es todo.

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