Política e historia

5 febrero 2002. El presidente Fox propuso hace un año,el 5 de febrero de 2001, que se revise integralmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta no fue demasiado mala. La Ley Fundamental debe revisarse constante y permanentemente a fin de actualizarla y ponerla a tono con las nuevas condiciones económicas, políticas y sociales de la Nación. Así se ha hecho desde 1857 hasta 2001. No hay ninguna razón para que no se siga procediendo de esta forma en el futuro inmediato.

Porfirio Muñoz Ledo, mientras estuvo en el país, conservó viva la corriente que sostenía la necesidad de una nueva Constitución Política y, consiguientemente, de que ésta fuera elaborada por un nuevo congreso extraordinario constituyente. Pero su destierro político (su nombramiento como embajador de México en la Unión Europea) hizo que dicha corriente perdiera fuerza. En todo caso, la propuesta carece de fundamento sólido. Las supresiones, agregados y modificaciones a la Ley Fundamental, pocas o muchas, deben hacerse conforme a los términos, formas y tiempos que ella misma establece, por las razones que se exponen a continuación.

Los congresos extraordinarios constituyentes, como su nombre lo indica, son propios de épocas extraordinarias, especiales, únicas, generalmente sacudidas por acontecimientos violentos o agitadas por vientos revueltos, como muchas de las que ha habido en nuestra atormentada historia. Dichos cuerpos suelen estar formados por una sola cámara, conocer únicamente los asuntos planteados por la convocatoria respectiva y disolverse tan pronto como concluyen su labor parlamentaria. El Poder Constituyente Permanente, en cambio, se forma en situaciones ordinarias, tranquilas, serenas, calmadas o normales, como lo es la actual. Dicho Poder está formado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por todas las legislaturas locales. Es el órgano encargado de revisar la Carta Magna.

Los congresos extraordinarios constituyentes han sido cuatro en total, tres en el siglo XIX y uno en el XX: el primero, en 1813-14; el segundo, en 1824; el tercero, en 1856-57, y el último, en 1916-17.

El primer Congreso Constituyente o Congreso de Anáhuac se instaló en Chilpancingo para establecer la división de poderes, declarar la independencia nacional y expedir el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (llamado también Constitución de Apatzingán), que legitimó los derechos de la Nación frente a España "o cualquiera otra nación, gobierno o monarquía", según rezan los Sentimientos de la Nación de José Ma. Morelos.

Frente a la forma imperial, aristocrática y centralista de gobierno, el Congreso Extraordinario Constituyente de 1824 se encargó de fundar la república democrática representativa sobre la base del pacto federal entre las entidades regionales que la componen.

Frente a la dictadura militar y centralista presidida por el general Antonio López de Santa Anna, el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-57 fue convocado para restablecer la forma republicana y federal de gobierno en un marco de democracia representativa.

Y el Congreso Extraordinario Constituyente de 1916-17 se instaló en Querétaro para restablecer formalmente la Constitución de 1857 y reformarla profundamente tanto en el aspecto político como en el social.

Estas asambleas parlamentarias, pues, se han instalado cuando la Nación ha estado inconstituida, como en 1810-20 y en 1855-57, o ilegítimamente constituida, como en 1821-24, o ha sido suspendida y sin autoridades legítimas que la cumplan y la hagan cumplir, como en 1913-16.

El Poder Constituyente Permanente, en cambio, ha funcionado desde 1857 a la fecha, con la sola excepción de los años 1913-1916, durante los cuales se quebrantó el orden constitucional con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José Ma. Pino Suárez; estalló la revolución contra el gobierno espurio del general Victoriano Huerta, y se desató la guerra civil entre las facciones revolucionarias.

Tomando en cuenta que la situación actual es ordinaria, no extraordinaria, no es políticamente necesario, ni legalmente procedente, ni legítimamente viable convocar a un nuevo congreso extraordinario constituyente. La Nación está legalmente constituida; la Ley Fundamental, en vigor; las autoridades, legítimamente electas, y éstas han protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución. Luego entonces, su revisión y modificación, en su caso, parcial o total, tendrá qué ser a través del Poder Constituyente Permanente.

Ahora bien, la Constitución Política está formada por tres asuntos fundamentales: derechos individuales y sociales; rasgos esenciales del sistema económico, y forma de gobierno.

Los derechos individuales y sociales forman el catálogo mínimo de derechos cuyo goce y ejercicio el Estado está obligado a garantizar. Este capítulo constitucional no podría revisarse más para aumentar, desarrollar o ampliar las libertades y derechos de los mexicanos, pero de ningún modo para restringirlos. Todo mexicano, por ejemplo, debería recibir un ingreso permanente durante toda la vida, desde su nacimiento hasta su muerte, que le permitiera asegurar su derecho a vivir y morir sin sobresaltos, angustias ni penurias. A partir de este derecho fundamental podrían fortalecerse, por una parte, las libertades democráticas, incluyendo la de formar parte de minorías y disentir de las políticas públicas, y por otra, los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda o al trabajo. Pero si se toma en cuenta que el Estado no tiene la capacidad suficiente para proteger las libertades y derechos que consagra actualmente la Ley Fundamental, sería ilusorio pensar en la posibilidad de su aumento, desarrollo o ampliación.

Por otra parte, el capítulo económico de la Constitución Política señala la participación del Estado, de los sectores sociales y del individuo en el desarrollo nacional; pero en lo que se refiere a determinadas áreas estratégicas, entre ellas, el petróleo y demás hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radioactivos, la generación de energía nuclear y la electricidad, dispone que se reservarán en forma exclusiva al sector público, y que el Gobierno Federal conservará siempre la propiedad y el control sobre los organismos correspondientes. Este capítulo no podría tocarse más que para ampliar o disminuir las áreas estratégicas a cargo del Estado o para ampliar o disminuir la influencia del Estado sobre dichas áreas estratégicas. Dada la orientación ideológica y política del actual Gobierno Federal, es probable que éste no se interese en aumentar las áreas estratégicas de la economía nacional ni en fortalecer la participación del Estado en el desarrollo de dichas áreas. Al contrario. Todo parece indicar que su propósito es reducir éstas y debilitar la influencia de aquél.

Y en cuanto a la forma de gobierno, se mantiene inalterable el sistema presidencialista (que no presidencial), es decir, el que implica el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros dos Poderes de la Unión, el del Gobierno Federal sobre las entidades Federativas, y en el cual no hay equilibrio ni precisión en las responsabilidades de los funcionarios públicos. Ahora bien, el Gobierno Federal está interesado en temas como la reelección del Ejecutivo y de los legisladores. En cambio, la sociedad desea que se sujete al Presidente de la República a juicio político por un mayor número de causales; que se reduzca su periodo gubernamental; que se someta a control más estricto a los funcionarios de la administración pública centralizada y paraestatal, y que se transfieran facultades del Gobierno Federal a los gobiernos locales y municipales.

Por lo pronto, dada la actual correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, es poco probable que se revise la Constitución en los términos que propuso el presidente Fox; pero el año próximo cambiará la situación. De los resultados de las elecciones intermedias en el ámbito federal dependerá que el proyecto empiece a prosperar en la segunda mitad del sexenio o que se quede relegado para esperar otros tiempos.

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