Política e historia

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Caso Gallardo

Ramón Cota Meza*
El Universal
Martes 27 de noviembre de 2001
nacion


AL llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el caso del general brigadier José Francisco Gallardo se ha convertido en prueba crucial de la primacía de la autoridad civil sobre el Ejército. La cuestión jurídica es: si la CIDH resuelve en favor del reo, ¿quién ejecutará la sentencia? He ahí un hoyo negro legislativo. El Ejecutivo podría conceder indulto, pero Gallardo lo rechaza de antemano, para no hablar del temor del propio Fox a agriar su luna de miel con el Ejército. De este lockout surgió la alternativa del amparo, pero el tribunal militar ha ignorado hasta ahora las diligencias de la justicia federal.

El caso adquiere así una dimensión política superior a las legítimas ansias reivindicativas de Gallardo. Éste debería reconocer lo que está en juego y aceptar que el indulto no sería un demérito de su persona sino el primer paso hacia la reforma o la derogación del monstruoso Código de Justicia Militar. Diputados del PAN, PRI y PRD de la Legislatura anterior intentaron reformarlo, pero los miembros de la comisión respectiva ni siquiera se dignaron considerar la iniciativa. Los miembros de la comisión ya lo adivinó usted eran militares. Es hora de que el Congreso reanude ese esfuerzo y tome una posición firme en el caso, así sea a manera de prevención.

En cuanto a la suerte de Gallardo, es indispensable que el público conozca los pormenores de su juicio. Es absurdo que mientras el caso se ventila en un tribunal internacional, el Ejército mantenga el expediente bajo siete llaves. El así llamado "Comandante en Jefe" de las Fuerzas Armadas debería ordenar su publicación; la Suprema Corte de Justicia debería emitir al menos un exhorto, y el Congreso debería condicionar la aprobación del presupuesto de la Defensa a la apertura del caso. Un despliegue de unidad política a ese nivel no sólo aflojaría las defensas del Ejército: demostraría la fortaleza del sistema político mexicano.

En lo poco que se sabe del caso hay indicios suficientes para presumir abuso de poder. Gallardo ha ido a prisión dos veces, no por proponer un ombudsman para los militares, sino por oscuros cargos que involucran a dos secretarios de la Defensa. Antonio Riviello Bazán lo involucró en corruptelas de un sobrino suyo y lo mandó un año a la cárcel. El sobrino de Bazán es ahora prófugo de la justicia. Libre, Gallardo terminó la carrera de ciencias políticas y publicó un artículo sobre la necesidad de un defensor de derechos humanos de los militares. Riviello lo mandó a la cárcel de nuevo, esta vez por supuestos ilícitos como administrador de la villa ecuestre del Ejército bajo el mando del entonces secretario Juan Arévalo Gardoqui.

Los cargos contra Gallardo son en sí mismos reveladores de la anómala justicia militar. Se le acusó de registrar en la villa un número de caballos menor que los existentes. Pero ocurrió que los caballos sin registrar no eran propiedad del Ejército sino de políticos que los tenían ahí mediante arreglo con Arévalo. De la discrepancia entre el número de caballos registrados y no registrados surgieron faltantes de forraje y equipo tampoco registrados, de lo cual la justicia militar dedujo tres cargos más: "Venta de forraje, disposición de equipo y quema de archivos": 28 años de prisión.

Ahora bien, ninguno de estos cargos fue comprobado. Fueron puras deducciones a partir de una discrepancia contable de activos, cuyo uso real era fácilmente comprobable. Pero como no había registro de ellos, al fiscal se le hizo fácil acusar a Gallardo de "quema de archivos". Parece claro, pues, que estamos ante un caso de fabricación monstruosa de pruebas contra un subordinado para proteger a los mandos superiores y sus contactos políticos.

¡Cómo!, exclamará el lector, ¿se puede condenar a un hombre a 28 años de prisión sin comprobar su delito? En el ejército mexicano sí. Lea usted bien esto: "La intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario": Código de Justicia Militar, artículo 102.

Bastaría esta aberración para que el Congreso votara la derogación fulminante de esa compilación de la ignominia y sometiera a revisión el artículo 13 constitucional, que instituye el fuero de guerra en tiempos de paz y que sólo sirve de cobertura para las atrocidades más espantosas. Hace más de tres años dediqué aquí mismo una serie de artículos a ese maldito código militar, excrecencia de las más oscuras pulsiones del militarismo español, transmitidas al ejército porfirista a través de la Ley Penal Militar de 1902, reforzadas por la Ordenanza General del Ejército de 1912 y recogidas en su maligna integridad por el Código de Justicia Militar de 1934, aún vigente.

La hechura casuística de este código, la vaguedad de sus conceptos y su estilo exuberantemente macarrónico revelan un ethos inquisitorial arraigado en un iusnaturalismo corporativo y fascista que tiende a instituir al Ejército en "sociedad perfecta", superior, por lo tanto, a la sociedad civil. En su versión porfirista vemos en él un retrato de la época de la leva y de la consigna "los mecates para los voluntarios", cuando el Ejército cumplía la función de institución alternativa para el confinamiento de la escoria de la sociedad mediante la "consignación a filas". La versión huertista, con sus detalladas y macabras disposiciones para honrar las pompas fúnebres del Presidente de la República, sobrevive como "ley reglamentaria" de la legislación actual.

Del aberrante principio de presunción de la culpa se desprende una combinación de penas donde las condenas pueden permutarse por "comisión militar". Esta figura incluye la facultad del así comisionado para "solicitar préstamos" a cualquier persona en la ejecución de su comisión. En 1998, poco después de la detención del general Gutiérrez Rebollo, conocimos el caso de un militar insólitamente entregado por la justicia militar a la Procuraduría General de la República por haber "solicitado un préstamo" de cinco millones de dólares nada menos que a Amado Carrillo en cumplimiento de una "comisión". Es claro, pues, que la justicia militar, al convertir a los reos en comisarios e investirlos de poder, sirve como fuente de corrupción en los más altos niveles del Ejército. Por cierto, ¿qué fue de la pena no purgada del padre del asesino de Colosio?

Con los años el espíritu de casta parece haberse enquistado en el Ejército. A fines de los años 80 casi un tercio de los generales era hijo de militar y casi la mitad de los egresados de la Escuela Superior de Guerra era hijo de general (Roderic Ai Camp, Generals in the Palacio, 1992). Como dijo el coronel Rodolfo Debernardi, en el Ejército sólo se asciende hasta coronel por méritos; el resto es cuestión de buenas relaciones. El caso de Gallardo es excepcional. Llegó a general brigadier por su desempeño como atleta olímpico, estudió en Universidad civil por genuino apetito intelectual y demostró independencia de criterio y confianza en sus propios méritos. Tenderle ahora la mano es asunto de elemental humanidad.

* Escritor, analista político


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