Política e historia

José Herrera Peña

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JOSÉ HERRERA PEÑA

“Entre los individuos, como entre las naciones,

el respeto al derecho ajeno es la paz”

Benito Juárez.

08 octubre 2001. Mientras truenan las bombas en Afganistán, la situación interna se complica en México.

Las actitudes vacilantes, temerosas y contradictorias del gobierno mexicano, a partir del 11 de septiembre, respondieron inicialmente a dudas y temores, más que a una posición política. Se temían, por una parte, represalias de EU, si México no apoyaba la “guerra contra el terrorismo”, y por otra, represalias del terrorismo, si apoyaba a EU.

De este modo, se emitieron declaraciones oficiales para responder a acusaciones de distintos frentes; unas, procedentes de la crítica interna, que calificaron al gobierno de entreguista, y otras, de los órganos de prensa internacionales, como The Economist, que lo llamaron tibio e ingrato con EU. En la práctica, unas anularon a otras.

Estas ambigüedades generaron cierta frialdad en las relaciones entre México y EU, y al mismo tiempo, un gran distanciamiento entre el poder político y la sociedad mexicana. El gobierno federal, pues, se debilitó en los dos ámbitos: interno y externo. Faltó seguridad y profesionalismo para manejar la situación.

El canciller Castañeda alegó que los ataques a las torres gemelas de NY afectaron las relaciones económicas entre los dos países, al extremo que hacer bajar la Bolsa de Valores; que la pérdida de vidas de quince mexicanos en NY había enlutado a la patria, y que lo que pasó allá también podría pasar aquí. Se concluyó que “el ataque contra EU es un ataque contra México”. Por consiguiente, nuestro país debía apoyar la guerra contra el terrorismo. Este silogismo político, basado en falacias, imponderables y en acontecimientos futuros e inciertos, no convenció a nadie, ni dentro ni fuera del país.

Sin embargo, el pasado domingo 7 de este mes, después de ocho horas de bombardeo sobre Afganistán, el Presidente Fox declaró que “México asume que los ataques del 11 de septiembre fueron un ataque contra la humanidad y, por tanto, atentan también contra el interés nacional”; que EU y Gran Bretaña han desatado las operaciones bélicas, y que “México apoya con firmeza estas acciones”. Pero el presidente no tiene razón. México no apoya estas acciones. Las apoya ilegalmente sólo su gobierno.

Hasta el día 7 de este mes, el “interés nacional” se fundaba en nuestros principios constitucionales, no en los altibajos de la Bolsa de Valores. En lo sucesivo, todo será diferente. Pero en un caso u otro, el presidente de la República no tiene facultades para comprometer la integridad de la nación en una aventura bélica internacional. El gobierno no tiene derecho a sacrificar los principios constitucionales en aras de una coyuntura política. Al contrario. Debe manejar la coyuntura en función de nuestros principios. Ahora será necesario plantear la gran cuestión. O la nación rescata sus principios históricos, políticos, morales y constitucionales, o los arroja al cesto de la basura y los suple por otros. Habrá que definir qué otros.

No se trata de ser indiferente o neutral ante el drama que desmoronó para siempre el poderío de EU ante nuestros ojos, sino de establecer apoyos y condenas en función de nuestra digna política exterior: primero, lamentar lo ocurrido y solidarizarse con el dolor del pueblo norteamericano; segundo, condenar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones; tercero, exigir que las naciones cooperen para llevar a la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de las atrocidades que se cometen en nombre de un ideal, y cuarto, pedirles que sumen esfuerzos no sólo para prevenir y reprimir este tipo de actos (sea cual fuere su origen y destino) sino también para identificar sus causas y erradicarlas en función de la paz.

Pero hasta allí. El gobierno no tiene derecho a comprometer el apoyo de México en una guerra ajena. La tradición de nuestro país no es belicista sino pacifista. Esta guerra es absurda. No hay enemigo al frente. Se sospecha de Osama Bin Laden y de su organización Al-Qaeda. Un individuo y un grupo. Pero este inidividuo, aunque espera que los ejecutores de los atentados sean recibidos en el paraíso musulmán, acaba de reafirmar que él no ordenó tales actos. Y hasta se ha dado el lujo de lanzar una temible amenaza: los norteamericanos no volverán a dormir tranquilos, a menos que los palestinos dejen de ser asesinados.

En todo caso, las guerras son entre Estados -entre naciones-, no entre las potencias del mundo y un pequeño y difuso grupo de individuos. Bin Laden y los miembros de su organización fueron agentes de la CIA; organizados, financiados y armados por EU durante la guerra contra la URSS, y sus métodos terroristas, trasmitidos y enseñados por la superpotencia, es decir, por EU.

Luego entonces, ésta no es, en rigor, una guerra internacional. Es una sórdida guerra interna entre EU y uno de sus agentes, aunque el teatro de operaciones sea Afganistán y los bombardeos estén segando vidas de afganos. Guerra, por cierto, que pretende ser aprovechada por la superpotencia para apropiarse de una riquísima cuenca petrolera en ese desdichado país y repartírsela con Gran Bretaña y Rusia, entre otras naciones.

Bin Laden nunca será capturado. Si lo fuera, jamás sería llevado a la Corte Penal Internacional, creada en julio de 1998 por la ONU, porque todavía no tiene vida institucional. Para que funcione, se requieren 60 ratificaciones, de las cuales se han dado hasta ahora 38 (entre las faltantes están las de México y EU). Pero aunque ya estuviera instalada, nunca juzgaría sus delitos, porque sólo es competente para conocer asuntos relacionados con genocidio; crímenes de lesa humanidad; crímenes de guerra y crimen de agresión. No terrorismo. Aunque parezca increíble, este delito no existe: no ha sido tipificado internacionalmente, entre otras cosas, por la oposición de EU.

El pasado viernes 5 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1373 contra el terrorismo. Nadie la objetó, pero carece de sentido. Su implementación será afectada por el hecho de que no existe internacionalmente una definición acordada de terrorismo. Cada país interpreta este concepto a su manera. Todas las resoluciones anteriores de la ONU así como las que ha aprobado la OEA o cualquier otro organismo internacional en esta materia, no tienen fundamento jurídico alguno.

Este asunto, pues, a pesar de su magnitud, es exclusivamente norteamericano. Si Bin Laden es capturado (lo cual es de dudarse) será llevado ante tribunales norteamericanos y enjuiciado conforme a leyes norteamericanas, como ocurrió con Noriega, el presidente de Panamá (otro agente de la CIA). Luego entonces, México no tiene por qué comprometer su prestigio moral ni por qué apoyar bombardeos contra ningún pueblo. Además, estos bombardeos, si bien se ve, no tienen la apariencia de ser actos de guerra, sino de terrorismo, sólo que de otra clase.

Ahora bien, ante el apoyo del presidente Fox a esta sofisticada expresión de terrorismo internacional, el Congreso de la Unión tendrá que definirse. Tiene tres alternativas: o suspende las garantías individuales y declara la guerra a un individuo (Osama Bin Laden) o a un concepto (terrorismo), o bien, reforma la Constitución Política para sustituir nuestros principios de política exterior por otros, o bien, dirige un extrañamiento al titular del Ejecutivo por ejercer atribuciones que no le corresponden conforme a la ley.

Mientras tanto, Fox está obligado a respetar la Ley Fundamental, so pena de incurrir en responsabilidad, hágasele efectiva o no de inmediato. En estas circunstancias, en lugar de plegarse ante los hechos consumados, está obligado legalmente a hacer funcionar a la diplomacia mexicana conforme al Derecho Internacional. Hay un extenso campo abierto en esa materia. El objetivo de la guerra es la paz. México debe interponer sus buenos oficios para alcanzar tal objetivo. No es fácil, pero tampoco imposible.

Y la paz debe establecerse en función de los principios de autodeterminación y no intervención. Mientras no se reforme la Constitución, o no se suspendan las garantías individuales, o no se apruebe una declaración de guerra, el titular del Ejecutivo está inhabilitado para dar apoyo “incondicional” a ataques armados contra países islámicos o no islámicos, porque nuestros principios establecen la solución pacífica de las controversias. No está facultado para apoyar la cooperación internacional relacionada con bombardeos duraderos, porque nuestros principios establecen la cooperación internacional para el desarrollo y el progreso de las naciones. Ni tampoco puede alinearse en una guerra para incrementar la inseguridad internacional, porque nuestros principios establecen la lucha por la paz y la seguridad mundiales. Y carece de atribuciones para inclinarse o ceder ante el derecho de la fuerza, porque nuestros principios establecen la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

jherrerapen@hotmail.com

 


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