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Terrorismos JOSÉ
HERRERA PEÑA “Entre
los individuos, como entre las naciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz” Benito
Juárez. 08 octubre 2001. Mientras truenan las
bombas en Afganistán, la situación interna se complica en México. Las
actitudes vacilantes, temerosas y contradictorias del gobierno
mexicano, a partir del 11 de septiembre, respondieron inicialmente a
dudas y temores, más que a una posición política. Se temían, por
una parte, represalias de EU, si México no apoyaba la “guerra
contra el terrorismo”, y por otra, represalias del terrorismo,
si apoyaba a EU. De
este modo, se emitieron declaraciones oficiales para responder a
acusaciones de distintos frentes; unas, procedentes de la crítica
interna, que calificaron al gobierno de entreguista, y otras, de los
órganos de prensa internacionales, como The Economist, que lo
llamaron tibio e ingrato con EU. En la práctica, unas anularon a
otras. Estas
ambigüedades generaron cierta frialdad en las relaciones entre México
y EU, y al mismo tiempo, un gran distanciamiento entre el poder político
y la sociedad mexicana. El gobierno federal, pues, se debilitó en los
dos ámbitos: interno y externo. Faltó seguridad y profesionalismo
para manejar la situación. El
canciller Castañeda alegó que los ataques a las torres gemelas de NY
afectaron las relaciones económicas entre los dos países, al extremo
que hacer bajar la Bolsa de Valores; que la pérdida de vidas de
quince mexicanos en NY había enlutado a la patria, y que lo que pasó
allá también podría pasar aquí. Se concluyó que “el ataque
contra EU es un ataque contra México”. Por consiguiente, nuestro país
debía apoyar la guerra contra el terrorismo. Este silogismo político,
basado en falacias, imponderables y en acontecimientos futuros e
inciertos, no
convenció a nadie, ni dentro ni fuera del país. Sin
embargo, el pasado domingo 7 de este mes, después de ocho horas de
bombardeo sobre Afganistán, el Presidente Fox declaró que “México
asume que los ataques del 11 de septiembre fueron un ataque contra la
humanidad y, por tanto, atentan también contra el interés
nacional”; que EU y Gran Bretaña han desatado las operaciones bélicas,
y que “México apoya con
firmeza estas acciones”. Pero el presidente no tiene razón. México
no apoya estas acciones. Las apoya ilegalmente sólo su gobierno. Hasta
el día 7 de este mes, el “interés nacional” se fundaba en
nuestros principios constitucionales, no en los altibajos de la Bolsa
de Valores. En lo sucesivo, todo será diferente. Pero en un caso u
otro, el presidente de la República no tiene facultades para
comprometer la integridad de la nación en una aventura bélica
internacional. El gobierno no tiene derecho a sacrificar los
principios constitucionales en aras de una coyuntura política. Al
contrario. Debe manejar la coyuntura en función de nuestros
principios. Ahora será necesario plantear la gran cuestión. O la
nación rescata sus principios históricos, políticos, morales y
constitucionales, o los arroja al cesto de la basura y los suple por
otros. Habrá que definir qué otros. No
se trata de ser indiferente o neutral ante el drama que desmoronó
para siempre el poderío de EU ante nuestros ojos, sino de establecer
apoyos y condenas en función de nuestra digna política exterior:
primero, lamentar lo ocurrido y solidarizarse con el dolor del pueblo
norteamericano; segundo, condenar el terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones; tercero, exigir que las naciones cooperen para
llevar a la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de
las atrocidades que se cometen en nombre de un ideal, y cuarto,
pedirles que sumen esfuerzos no sólo para prevenir y reprimir este
tipo de actos (sea cual fuere su origen y destino) sino también para
identificar sus causas y erradicarlas en función de la paz. Pero
hasta allí. El gobierno no tiene derecho a comprometer el apoyo de México
en una guerra ajena. La tradición de nuestro país no es belicista
sino pacifista. Esta guerra es absurda. No hay enemigo al frente. Se
sospecha de Osama Bin Laden y de su organización Al-Qaeda. Un
individuo y un grupo. Pero este inidividuo, aunque espera que los
ejecutores de los atentados sean recibidos en el paraíso musulmán,
acaba de reafirmar que él no ordenó tales actos. Y hasta se ha dado
el lujo de lanzar una temible amenaza: los norteamericanos no volverán
a dormir tranquilos, a menos que los palestinos dejen de ser
asesinados. En
todo caso, las guerras son entre Estados -entre naciones-, no entre
las potencias del mundo y un pequeño y difuso grupo de individuos.
Bin Laden y los miembros de su organización fueron agentes de la CIA;
organizados, financiados y armados por EU durante la guerra contra la
URSS, y sus métodos terroristas, trasmitidos y enseñados por la
superpotencia, es decir, por EU. Luego
entonces, ésta no es, en rigor, una guerra internacional. Es una sórdida guerra interna entre EU y uno de sus
agentes, aunque el
teatro de operaciones sea Afganistán y los bombardeos estén segando
vidas de afganos. Guerra, por cierto, que pretende ser aprovechada por la
superpotencia para apropiarse de una riquísima cuenca petrolera en
ese desdichado país y repartírsela con Gran Bretaña y Rusia, entre
otras naciones. Bin
Laden nunca será capturado. Si lo fuera, jamás sería llevado a la
Corte Penal Internacional, creada en julio de 1998 por la ONU, porque
todavía no tiene vida institucional. Para que funcione,
se requieren 60 ratificaciones, de las cuales se han dado hasta ahora
38 (entre las faltantes están las de México y EU). Pero aunque ya estuviera
instalada, nunca juzgaría sus delitos, porque sólo es competente
para conocer asuntos relacionados con genocidio; crímenes
de lesa humanidad; crímenes de guerra y crimen de agresión. No
terrorismo. Aunque parezca increíble, este delito no existe: no ha
sido tipificado internacionalmente, entre otras cosas, por la oposición
de EU. El
pasado viernes 5 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó
la resolución 1373 contra el terrorismo. Nadie la objetó, pero
carece de sentido. Su implementación será afectada por el hecho de
que no existe internacionalmente una definición acordada de
terrorismo. Cada país interpreta este concepto a su manera. Todas las
resoluciones anteriores de la ONU así como las que ha aprobado la OEA
o cualquier otro organismo internacional en esta materia, no tienen
fundamento jurídico alguno. Este
asunto, pues, a pesar de su magnitud, es exclusivamente
norteamericano. Si Bin Laden es capturado (lo cual es de dudarse) será
llevado ante tribunales norteamericanos y enjuiciado conforme a leyes
norteamericanas, como ocurrió con Noriega, el presidente de Panamá
(otro agente de la CIA). Luego entonces, México no tiene por qué
comprometer su prestigio moral ni por qué apoyar bombardeos contra
ningún pueblo. Además, estos bombardeos, si bien se ve, no tienen la
apariencia de ser actos de guerra, sino de terrorismo, sólo que de
otra clase. Ahora
bien, ante el apoyo del presidente Fox a esta sofisticada expresión
de terrorismo internacional, el Congreso de la Unión tendrá que
definirse. Tiene tres alternativas: o suspende las garantías
individuales y declara la guerra a un individuo (Osama Bin Laden) o a
un concepto (terrorismo), o bien, reforma la Constitución Política
para sustituir nuestros principios de política exterior por otros, o
bien, dirige un extrañamiento al titular del Ejecutivo por ejercer
atribuciones que no le corresponden conforme a la ley. Mientras tanto, Fox está obligado a respetar la Ley
Fundamental, so pena de incurrir en responsabilidad, hágasele
efectiva o no de inmediato. En estas circunstancias, en lugar de plegarse ante los hechos consumados, está
obligado legalmente a hacer funcionar a la diplomacia mexicana
conforme al Derecho Internacional. Hay un extenso campo abierto en esa
materia. El objetivo de la guerra es la paz. México
debe interponer sus buenos oficios para alcanzar tal objetivo. No es fácil,
pero tampoco imposible. Y la paz debe establecerse en función de los principios de
autodeterminación y no intervención. Mientras no se reforme la Constitución, o no se
suspendan las garantías individuales, o no se apruebe una declaración
de guerra, el titular del Ejecutivo está inhabilitado para dar apoyo
“incondicional” a ataques armados contra países islámicos o
no islámicos,
porque nuestros principios establecen la solución pacífica
de las controversias. No está facultado para apoyar la cooperación
internacional relacionada con bombardeos duraderos,
porque nuestros principios establecen la cooperación
internacional para el desarrollo y el progreso de las naciones. Ni
tampoco puede alinearse en una guerra para incrementar la inseguridad
internacional, porque nuestros principios establecen la lucha por
la paz y la seguridad mundiales. Y carece de atribuciones para
inclinarse o ceder ante el derecho de la fuerza, porque
nuestros principios establecen la proscripción de la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
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