Carrera
política en juego
José
Herrera Peña
19
junio 2001. Reelección, legalización del secreto en actos de
gobierno, autonomía de un órgano administrativo y
transferencia de atribuciones a las entidades federativas: tal
es la agenda que el pasado jueves 14 de los corrientes propuso
el secretario de Gobernación Santiago Creel a los legisladores
de la Comisión para la Reforma del Estado.
La
reelección la limitó a los integrantes del Poder Legislativo;
el secreto, a actos excepcionales del gobierno; la autonomía,
al INEGI, y la federalización, a nada.
Moderada
en apariencia, la propuesta anterior no deja de ser atrevida. A
nadie escapa que la reelección de los legisladores deja la
puerta abierta a la del presidente de la República. No importa
que esta figura política haya sido causa de graves disturbios
políticos, lo mismo con Porfirio Díaz bajo un sistema político,
que con Álvaro Obregón bajo otro. O en tiempos distintos, con
Miguel Alemán Valdés y con Carlos Salinas de Gortari. Lo que
importa es restablecerla para asegurar al poder a los que lo
detentan.
Por
otra parte, nada se sabe sobre las sórdidas matanzas y
misteriosos asesinatos ocurridos en los cinco pasados sexenios,
ni sobre el monstruoso saqueo nacional llamado “fobaproa”,
etcétera, salvo lo poco que el gobierno ha tenido a bien
informar. Y si se sabe algo más, ha sido gracias a algunos
investigadores, no a otra cosa. No importa. Lo que importa es
que se siga conservando el secreto en actos excepcionales de
gobierno, y además, que dicho secreto se legalice. “Por ello
–dijo Creel- el gobierno desea poner a su consideración una
propuesta de Ley de Acceso a la Información”.
El
mismo funcionario propuso también dar autonomía al INEGI a fin
de que “los datos nacionales sean los mismos para todos”.
Esto es reconocer que la información del gobierno varía según
la ocasión; pero en lugar de hacer el esfuerzo por ponerlo al
servicio de la sociedad, se le deja como está y se pide que un
órgano administrativo inferior haga lo que el superior es
incapaz de hacer.
A
propósito, ¡cómo han caído en picada -en escasos seis meses-
los planes y proyectos del equipo gobernante! ¡Qué desproporción
entre la propuesta actual y las ofertas de campaña! Durante la
campaña, se habló de actos fundacionales, de transformaciones
profundas, de hitos históricos. ¿Dónde quedaron esos
ampulosos proyectos? ¿Qué pasó con el aliento que les dio
vida?
En
lugar de resonantes actos inaugurales, Creel habla ahora de
“no partir de cero”, lo que no es de criticarse. Al
contrario. ¡Qué bueno! En lugar de la magna obra de un
congreso extraordinario constituyente, señala ahora las
modestas tareas a las que debe enfrentarse la LVIII Legislatura,
lo que tampoco es objetable. Al contrario. Es poner los pies
sobre la tierra. En lugar de promulgar una nueva Constitución
Política, intenta ahora la modificación de la actual, lo que
no es impropio. Al contrario. Es lo adecuado
Pero,
en lugar de acotar las atribuciones del Ejecutivo, Creel plantea
ahora la reelección inmediata de los legisladores, cosa que no
estaría mal en un sistema político distinto, pero que es
sumamente controvertible en el actual. En lugar de transparentar
los actos del Estado, proyecta ahora mantenerlos en secreto,
como excepción, lo que no deja de causar justificados recelos.
En lugar de reformar la administración pública federal, pide
ahora que se dé autonomía a un solo órgano, lo que hace
recordar el parto de los montes. En lugar de evocar el
equilibrio de poderes, omite ahora toda referencia al respecto,
lo que no deja de ser frustrante. Y en lugar de fortalecer a las
entidades federativas, sugiere ahora “federalizar” ciertas
actividades, sin señalar cuáles, lo que, además de
incorrecto, es censurable.
A
pesar de que las concepciones y proyectos del equipo foxista se
han reducido -en un semestre- a su mínima expresión, es
probable que ni así se realicen, lo que pondrá en riesgo la
carrera política de Santiago Creel no sólo como secretario de
Gobernación sino como aspirante a la Presidencia de la República.
Sobre todo, porque el mensaje de sus interlocutores no fue nada
alentador.
El
PRI, a través de Beatriz Paredes, sin negarse a abordar el tema
de la reelección inmediata, dijo: ¿cómo justificar ante la
ciudadanía que ésta se autorice en el Poder Legislativo y se
prohíba en el Ejecutivo? ¿Por qué no mejor regular las
facultades metaconstitucionales del Presidente? ¿Por qué no
revisar su facultad de veto? ¿Por qué no fijar términos para
la promulgación por el Ejecutivo de las resoluciones y decretos
del Congreso?
Y
el PRD, a través de Martí Batres, agregó: ¿por qué no
legislar para que el Ejecutivo no recaiga sobre una sola
persona? ¿Por qué no autorizar al Congreso a que ratifique los
miembros del gabinete y los sujete a censura? ¿Por qué no
instituir el juicio político contra el Presidente? ¿Por qué
no establecer el régimen parlamentario o semiparlamentario?
La
vía política planteada por el secretario de Gobernación, como
se ve, está sembrada de piedritas. Esto significa que si se
llega a hacer la reforma del Estado durante la primera mitad del
gobierno foxista, el proceso reformador tendrá que estar sujeto
a intercambios y concesiones entre los partidos políticos.
En
estas condiciones, es probable que el asunto crezca y, si hay
acuerdos, se llegue a aceptar la reelección inmediata de los
legisladores, a condición de que se reduzca el periodo
presidencial de seis a cuatro años. O que se llegue a aceptar
el secreto de los actos de gobierno, a condición de que los
secretarios sean nombrados con aprobación del Congreso. O algo
parecido.
Si
se pactan las reformas, pues, el secretario de Gobernación
alcanzará un indudable éxito político, garantizará la
posible mayoría panista en el Congreso durante las próximas
elecciones intermedias y fortalecerá su posición como
aspirante a la presidencia de la República.
Pero
si no se pactan, su cabeza podría rodar antes de tiempo. Felipe
Calderón permanece al acecho…
jherrerapen@hotmail.com
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