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José Herrera Peña

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La reforma del Estado podría ser insuficiente

I

1.       Durante este sexenio se presentaron problemas de gobierno que, en cuatro ocasiones, alcanzaron niveles de crisis.

a)       El licenciado Esteban Moctezuma presentó su renuncia por problemas de salud en 1995, después del controvertible cambio de ministros en la Suprema Corte de Justicia, las negociaciones con el llamado subcomandante Marcos en Chiapas y la elección del licenciado Roberto Madrazo Pintado como gobernador de Tabasco.

b)       El licenciado Emilio Chuaiffett Chemor presentó su renuncia en 1997, después de los gravísimos problemas de instalación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

c)       El licenciado Francisco Labastida Ochoa presentó su renuncia en 1999, para postularse como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, dejando pendientes tres problemas: la reforma del Estado, la paz en Chiapas y la seguridad pública.

d)       Finalmente, el licenciado Diódoro Carrasco dejará el cargo al término del presente sexenio (o quizá antes para presidir el PRI) sin haber tenido tiempo de atender los pendientes, ni mejorado las relaciones entre el Gobierno Federal y los partidos políticos, deterioradas al hacerse públicas las negociaciones políticas entre la institución a su cargo y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

2.       Las fallas anteriores, al agregarse a otras de diversa naturaleza, propiciaron la delincuencia a nivel nacional, lo que afectó igualmente el pacto entre los poderes públicos federales y la población, y vulneró el prestigio del gabinete de seguridad nacional.

3.       Luego entonces, las fallas afectaron en diversos tiempos y formas las relaciones entre:

a)      el Ejecutivo Federal y los otros dos poderes de la Unión;

b)      el Gobierno de la Federación y las entidades federativas;

c)      el Ejecutivo Federal y los partidos políticos nacionales;

d)      El Gobierno de la República y la población en general, y

e)      el Gobierno Federal y grupos armados, unos, tolerados por leyes especiales (EZLN) y otros no (ERP y demás).

4.       Contra lo que pudiera suponerse, estas crisis no se debieron a una política incorrecta de la Presidencia de la República, ni a una atención inadecuada de los asuntos de la Secretaría de Gobernación, ni a falta de sagacidad o talento de los encargados del ramo, sino a causas más complejas y profundas que no han sido debidamente revisadas, analizadas y sistematizadas.

5.       El pasado 2 de julio, el electorado del país, en su mayoría, presintió que si se daba oportunidad a otro partido político para que su candidato se hiciese cargo de la Presidencia de la República, éste daría tratamiento distinto a los asuntos antes planteados, lo que traería como consecuencia la atenuación o desaparición de las crisis.

6.       Es posible que así ocurra. Por lo pronto, el Presidente electo ha propuesto que se inicien los trabajos para la reforma del Estado y, en su oportunidad, designará sin duda a la persona más adecuada para encargarse de los asuntos de la Secretaría de Gobernación y coordinar los del gabinete de Seguridad Nacional.

7.       El equipo del Presidente electo ha anunciado, por su parte, que por reforma del Estado debe entenderse una reorganización de la administración pública federal o ciertos reajustes administrativos de los órganos del Estado y la continuidad de los actuales legisladores. Se han anunciado las siguientes:

a)      reformas a corto plazo, administrativas más que políticas, como la posibilidad de suprimir la Secretaría de la Reforma Agraria, o la de dividir la Secretaría de Comercio en dos áreas (comercio interior y comercio exterior) así como la del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en otras dos (ecología y pesca);

b)      reformas más profundas, a mediano plazo, pero al mismo tiempo más controvertidas, como la posibilidad de sustituir la Procuraduría General de Justicia por dos instituciones: una Fiscalía General y una Secretaría de Seguridad y Justicia, así como la de transferir a ésta algunos órganos de la Secretaría de Gobernación, entre otros, la Policía Federal Preventiva, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

c)      reformas igualmente controvertidas, menos profundas y más complicadas, a mediano plazo, como la posibilidad de transferir los tribunales fiscales, administrativos, agrarios y del trabajo del Poder Ejecutivo al Poder Judicial de la Federación y, en sentido contrario, transferir la Defensoría de Oficio de dicho Poder Judicial al Poder Ejecutivo Federal (a la Secretaría de Seguridad y Justicia) y, finalmente, transferir la Secretaría de la Contraloría al Poder Legislativo Federal:

d)      reformas no menos controvertidas y nada profundas, a mediano plazo, como la posibilidad de reelección de diputados y senadores al Congreso de la Unión.

8.       Aunque los propósitos de la reforma anterior son legítimos, entre ellos, los de “reducir” (no eliminar) la corrupción, sus posibilidades de prosperar no son muchas, salvo quizá las anotadas en los incisos a) y d) del punto que antecede, y eso, con no pocas resistencias, porque lejos de simplificar los asuntos, los complica.

9.       Pero aunque dicha reforma se llevara a cabo, los beneficios que le reportaría a la Nación y a la sociedad no estarían a la altura de las expectativas que ha despertado en ésta el cambio de gobierno.

10.   Nada garantiza, en efecto, que el Poder Ejecutivo funcionará mejor sólo porque algunas de sus dependencias cambiarán de nombre, o de adscripción, o porque se les dividirá en dos. O que el Poder Legislativo funcionará mejor sólo porque se reeligirán sus integrantes. O que el Poder Judicial funcionará mejor sólo porque ya no estarán a su cargo los defensores de oficio o porque se le adscribirán los tribunales administrativos.

11.   Esto parece una historia de gatos: más de lo mismo, pero de otra forma (la misma gata nada más que revolcada), o de hacer cambios para que todo siga igual (gatopardismo). No se tocan los problemas de fondo.

12.   La reforma política que la sociedad espera es mucho más profunda que la que se ha anunciado. En este sentido, Porfirio Muñoz Ledo tiene razón. No hasta el extremo de que se modifique la forma de gobierno y se reemplace el sistema presidencial por el sistema parlamentario, como éste lo ha propuesto; pero sí yendo más allá de lo que proyectan los amigos de Fox.

13.   La reforma política que desea la ciudadanía es diferente. Hay que recordar que el aparato del Estado mexicano fue concebido y diseñado no sólo para gobernar a la sociedad sino también para hacerla depender de él. La situación ha cambiado. Ahora es el aparato del Estado el que debe depender de la sociedad para gobernarla.

14.   Luego entonces, hay que rediseñar el aparato del Estado bajo este enfoque. Rediseñar el aparato como lo requieren los intereses y necesidades de la población y hacerlo depender de sus reclamos. Esta es, a grandes rasgos, la reforma política que quiere la ciudadanía.

Sigue…

México, D.F. 30 julio 2000.

 

 

 

 


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