Historia y política
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Los ganadores:
la Cámara, el Presidente, el país. Los perdedores:
Chuayffet, Arturo y Genovevo. ¿Minigolpe? Ni ideas,
ni fuerza, ni decisión 1. Oposición del PRI a la
oposición. Durante tensas horas, México se asomó el fin de la semana anterior
al borde de un peligroso abismo político, al cual no se arrojó por las mismas
causas que lo llevaron a él: por falta de ideas, de fuerza y de decisión.
Situación que, de todos modos, nos hizo pensar involuntariamente en épocas
oscuras de nuestra historia De lo publicado por los
diarios nacionales se desprende que el secretario de Gobernación Emilio
Chuayffet habría persuadido al presidente de la República que los
procedimientos de los diputados de la oposición para instalar la Cámara de
Diputados y nombrar al presidente de la mesa directiva, estaban "fuera
de la ley". De allí que el Presidente
haya declarado el 27 de agosto que "no es congruente pretender soslayar
la legalidad para hacer avanzar causas políticas" (El Universal, 28 ago
97). Con el apoyo presidencial,
el secretario de Gobernación Chuayffet, al parecer, habría desdoblado sus
actividades políticas en dos direcciones distintas, en coordinación con los
líderes de las fracciones parlamentarias del PRI en el Congreso: el diputado
Arturo Núñez y el senador Genovevo Figueroa. Por una parte, intentaría
cooptar a más de 20 diputados de la oposición, según lo denunció el diputado
panista edina Placencia, a fin de obtener una mayoría incontrovertible en la
Cámara de Diputados y tener el derecho de nombrar mesa directiva (El
Universal, 29 ago 97). Y por otra, emplear medidas de fuerza para desconocer
a dicho órgano legislativo, en caso de que fallara la opción anterior. Los dos operativos se
llevarían a cabo simultáneamente; pero ante la imposibilidad de cooptar a por
lo menos 12 diputados a la oposición que, sumados a los 239 del PRI, dieran a
éstos la mayoría de 251 que necesitaban, se empezaría a preparar el segundo
escenario. 2. Horas de crisis. ¿Qué ideas
servirían eventualmente para justificar el golpe? Unicamente se invocaron la
de defensa de la "legalidad". Pero el mismo diputado
Medina Placencia ya había revelado el verdadero motivo que, en su opinión,
empezaba a causar la crisis. A diferencia de otras épocas, en que nadie
intentaba siquiera proyectarse como probable sucesor hacia la mitad de un
sexenio, "con Ernesto Zedillo pareciera que los priistas tienen un poco
más de libertad para construir sus proyectos políticos personales". Y,
más explícito aún, agregó que no le había extrañado que el secretario de
Gobernación, quien es aspirante a la presidencia de la República, pretendiera
intervenir en la negociación entre los diputados de las distintas fracciones
parlamentarias (El Universal, 29 ago 97). El anuncio del diputado
Arturo Núñez el viernes 29 de agosto, por la noche, en el sentido de que los
diputados del PRI no se presentarían a la instalación solemne de la Cámara de
Diputados el sábado 30 por la mañana, sino el domingo 31 por la tarde, para
instalar la ellos mismos, fue el detonador de la crisis. Sus palabras del día
anterior, en el sentido de que estaba listo para enfrentar lo que viniera en
las próximas 48 horas si no lograban ponerse de acuerdo, empezaron a cobrar
un siniestro sentido. Al día siguiente, sábado
30, habiéndose instalado la cámara baja con la asistencia de 255 diputados de
los cuatro partidos -PRD, PAN, PVEM y PT-, que pronto aumentaron a 260, el diputado
Arturo Núñez se apresuró a calificarla de "ilegal"; advirtió que
esa situación podría "llevar al país a una crisis constitucional",
y ratificó que los priistas acudirían al recinto parlamentario de San Lázaro
para instalar su propia cámara y elegir su propia mesa directiva (El
Universal, 31 ago 97). Al mismo tiempo,
acompañado por los senadores María de los Angeles Moreno, José Murat, Eduardo
Andrade, Salvador Rocha Díaz y Lanz Cárdenas, el líder del Senado Genovevo
Figueroa calificó a la Cámara de Diputados de "junta previa de presuntos
diputados de diversos grupos parlamentarios"; declaró inconstitucionales
tanto a la "junta previa" como a la mesa directiva, y advirtió que
el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República no asistiría el lunes
1 de septiembre a la apertura del Congreso General "para no validar una
indiscutible ruptura del orden constitucional" (La Jornada, 31 ago 97). El ambiente político se
cargó de funestos presagios. Era de esperarse que se tomaran medidas de
fuerza para hacer valer sus posiciones. El domingo 31 de agosto, el diario La
Jornada publicó un editorial titulado Democracia en Peligro. Por un momento
se pensó que tanques y bayonetas saldrían a la calle en apoyo a los
legisladores priistas. 3. Presentación del informe. En esos días,
había empezado a manejarse en los periódicos la idea de que el Presidente de
la República no estaba obligado a leer su informe ante el Congreso sino
únicamente a hacerle llegar su texto. El Artículo 69 de la
Constitución establece que "a la apertura de sesiones ordinarias del
primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y
presentará su informe por escrito, en el que manifieste el estado general que
guarda la administración pública del país". Consecuentemente, no tenía
por qué "ingresar al terreno del debate con los diputados y senadores
reunidos en la sesión de Congreso General del 1 de septiembre", en frase
de Aurora Berdejo (Excelsior, 28 ago 97). Esta moda, impuesta por
los propios gobernadores de la oposición, particularmente Ruffo en Baja
California en 1990, no podría ser objetada por los diputados opositores que
se habían apropiado de la cámara baja, o que la habían tomado "por
asalto", según la expresión de los diputados Ricardo Monreal, Alfredo Phillips
Olmedo y Enrique Jackson Ramírez (El Universal, 31 ago 97). Juristas prominentes como
Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas opinaron que el Presidente de
la República tiene la facultad legal de entregar personalmente y por escrito su
informe de gobierno a la Cámara de Diputados, en caso de no sesionar el
Congreso el día 1 por falta de quórum (La Jornada, 31 ago 97). 4. Intervención del
Presidente. En este estado de cosas, el Presidente Zedillo intervino; aunque no
para apoyar la intentona golpista de su secretario de Gobernación sino para
hacer sentir que nada tenía que ver con ella y anunciar que leería su
informe. "Fuentes
gubernamentales dijeron a EL UNIVERSAL que es voluntad del mandatario acudir
el próximo lunes al Palacio Legislativo de San Lázaro y dar lectura a su
informe de labores, como tradicionalmente ocurre, pero aseguraron que el
Presidente no asistirá a menos que se integre el pleno del Congreso que
agrupa a ambas Cámaras" (31 ago 97). En efecto, en un
comunicado oficial, y a diferencia del protagonismo de Gobernación, la
Presidencia expresó que "por el debido respeto a la división entre los
Poderes de la Unión, el Presidente considera su deber mantenerse ajeno a
asuntos que sólo conciernen al régimen interno de las Cámaras del Congreso
Federal". Consecuentemente, exhortó
a "todos los grupos parlamentarios que habrán de integrar la Honorable
Cámara de Diputados de esta Legislatura para que, en aras de la observancia
de la Constitución General de la República y del cumplimiento de la elevada
misión que tiene el Poder Legislativo, hagan su mejor esfuerzo con el fin de
resolver la citada controversia". Y para que no quedara
ninguna duda, "el Presidente de la República ha determinado que el C.
secretario de Gobernación esté a disposición de los representantes de los
grupos parlamentarios para abundar en las consideraciones aquí
expresadas". En otras palabras, ya que
Chuayffet había complicado un asunto menor hasta convertirlo en crisis
constitucional, que él lo resolviera. 5. Duro golpe a los
presuntos golpistas. Eso fue todo. El secretario de Gobernación, en
lugar de disponer de los recursos de fuerza (que quizá jamás llegó a
controlar) o de tomar la decisión de emplearlos (aunque los controlara), en
acatamiento a las instrucciones presidenciales, se vería obligado a pedir a
sus partidarios en ambas cámaras que dieran marcha atrás. En todo caso, al día
siguiente, los 239 diputados del PRI asistieron al Palacio de San Lázaro para
integrarse a la Cámara de Diputados "ilegal", rindieron la protesta
de ley y reconocieron a la "espuria" mesa directiva electa el
sábado anterior. Los senadores, por su
parte, en lugar de ponerse en huelga, como habían amenazado, reconocieron la
legitimidad de la "junta previa de presuntos diputados" y decidieron
"validar una indiscutible ruptura del orden constitucional". Por lo pronto, tanto el
diputado Arturo Núñez como el senador Genovevo Figueroa perdieron autoridad
moral, para no hablar del secretario Chuayffet. Y la imagen de todos ellos
quedó tan endeble y llena de grietas, que no sería sorprendente ver en poco
tiempo a los tres desempeñando otras funciones más congruentes con sus
capacidades reales. Por otra parte, aunque el
país no alcanzó realmente a alterarse, porque nunca vio ningún preparativo
militar, ni siquiera policíaco, que aumentara la tensión política, de todos
modos volvió a respirar con normalidad. El diputado Muñoz Ledo expresó: "Nadie sale humillado ni ofendido. Creo que todos ganamos y sobre todo gana la Cámara y el país". Sí. Es cierto. Ganó también el presidente de la República. Pero para quitar por completo el mal sabor de boca que nos dejaron los acontecimientos anteriores, no estaría de más hacer una investigación oficial a fin de saber si, efectivamente, hubo una intentona de golpe político contra la Cámara de Diputados (que no se llevó a cabo por que al grupo priista le faltaron ideas, fuerza y decisión) o sólo un infortunado encadenamiento de imprudencias personales ordinarias en una época extraordinaria. México, D.F. septiembre 1997. |
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