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José Herrera Peña

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Intentona de golpe

Los ganadores: la Cámara, el Presidente, el país.

Los perdedores: Chuayffet, Arturo y Genovevo.

¿Minigolpe? Ni ideas, ni fuerza, ni decisión

 

1. Oposición del PRI a la oposición. Durante tensas horas, México se asomó el fin de la semana anterior al borde de un peligroso abismo político, al cual no se arrojó por las mismas causas que lo llevaron a él: por falta de ideas, de fuerza y de decisión. Situación que, de todos modos, nos hizo pensar involuntariamente en épocas oscuras de nuestra historia

De lo publicado por los diarios nacionales se desprende que el secretario de Gobernación Emilio Chuayffet habría persuadido al presidente de la República que los procedimientos de los diputados de la oposición para instalar la Cámara de Diputados y nombrar al presidente de la mesa directiva, estaban "fuera de la ley".

De allí que el Presidente haya declarado el 27 de agosto que "no es congruente pretender soslayar la legalidad para hacer avanzar causas políticas" (El Universal, 28 ago 97).

Con el apoyo presidencial, el secretario de Gobernación Chuayffet, al parecer, habría desdoblado sus actividades políticas en dos direcciones distintas, en coordinación con los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI en el Congreso: el diputado Arturo Núñez y el senador Genovevo Figueroa.

Por una parte, intentaría cooptar a más de 20 diputados de la oposición, según lo denunció el diputado panista edina Placencia, a fin de obtener una mayoría incontrovertible en la Cámara de Diputados y tener el derecho de nombrar mesa directiva (El Universal, 29 ago 97). Y por otra, emplear medidas de fuerza para desconocer a dicho órgano legislativo, en caso de que fallara la opción anterior.

Los dos operativos se llevarían a cabo simultáneamente; pero ante la imposibilidad de cooptar a por lo menos 12 diputados a la oposición que, sumados a los 239 del PRI, dieran a éstos la mayoría de 251 que necesitaban, se empezaría a preparar el segundo escenario.

2. Horas de crisis. ¿Qué ideas servirían eventualmente para justificar el golpe? Unicamente se invocaron la de defensa de la "legalidad".

Pero el mismo diputado Medina Placencia ya había revelado el verdadero motivo que, en su opinión, empezaba a causar la crisis. A diferencia de otras épocas, en que nadie intentaba siquiera proyectarse como probable sucesor hacia la mitad de un sexenio, "con Ernesto Zedillo pareciera que los priistas tienen un poco más de libertad para construir sus proyectos políticos personales". Y, más explícito aún, agregó que no le había extrañado que el secretario de Gobernación, quien es aspirante a la presidencia de la República, pretendiera intervenir en la negociación entre los diputados de las distintas fracciones parlamentarias (El Universal, 29 ago 97).

El anuncio del diputado Arturo Núñez el viernes 29 de agosto, por la noche, en el sentido de que los diputados del PRI no se presentarían a la instalación solemne de la Cámara de Diputados el sábado 30 por la mañana, sino el domingo 31 por la tarde, para instalar la ellos mismos, fue el detonador de la crisis. Sus palabras del día anterior, en el sentido de que estaba listo para enfrentar lo que viniera en las próximas 48 horas si no lograban ponerse de acuerdo, empezaron a cobrar un siniestro sentido.

Al día siguiente, sábado 30, habiéndose instalado la cámara baja con la asistencia de 255 diputados de los cuatro partidos -PRD, PAN, PVEM y PT-, que pronto aumentaron a 260, el diputado Arturo Núñez se apresuró a calificarla de "ilegal"; advirtió que esa situación podría "llevar al país a una crisis constitucional", y ratificó que los priistas acudirían al recinto parlamentario de San Lázaro para instalar su propia cámara y elegir su propia mesa directiva (El Universal, 31 ago 97).

Al mismo tiempo, acompañado por los senadores María de los Angeles Moreno, José Murat, Eduardo Andrade, Salvador Rocha Díaz y Lanz Cárdenas, el líder del Senado Genovevo Figueroa calificó a la Cámara de Diputados de "junta previa de presuntos diputados de diversos grupos parlamentarios"; declaró inconstitucionales tanto a la "junta previa" como a la mesa directiva, y advirtió que el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República no asistiría el lunes 1 de septiembre a la apertura del Congreso General "para no validar una indiscutible ruptura del orden constitucional" (La Jornada, 31 ago 97).

El ambiente político se cargó de funestos presagios. Era de esperarse que se tomaran medidas de fuerza para hacer valer sus posiciones. El domingo 31 de agosto, el diario La Jornada publicó un editorial titulado Democracia en Peligro. Por un momento se pensó que tanques y bayonetas saldrían a la calle en apoyo a los legisladores priistas.

3. Presentación del informe. En esos días, había empezado a manejarse en los periódicos la idea de que el Presidente de la República no estaba obligado a leer su informe ante el Congreso sino únicamente a hacerle llegar su texto.

El Artículo 69 de la Constitución establece que "a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará su informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país".

Consecuentemente, no tenía por qué "ingresar al terreno del debate con los diputados y senadores reunidos en la sesión de Congreso General del 1 de septiembre", en frase de Aurora Berdejo (Excelsior, 28 ago 97).

Esta moda, impuesta por los propios gobernadores de la oposición, particularmente Ruffo en Baja California en 1990, no podría ser objetada por los diputados opositores que se habían apropiado de la cámara baja, o que la habían tomado "por asalto", según la expresión de los diputados Ricardo Monreal, Alfredo Phillips Olmedo y Enrique Jackson Ramírez (El Universal, 31 ago 97).

Juristas prominentes como Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas opinaron que el Presidente de la República tiene la facultad legal de entregar personalmente y por escrito su informe de gobierno a la Cámara de Diputados, en caso de no sesionar el Congreso el día 1 por falta de quórum (La Jornada, 31 ago 97).

4. Intervención del Presidente. En este estado de cosas, el Presidente Zedillo intervino; aunque no para apoyar la intentona golpista de su secretario de Gobernación sino para hacer sentir que nada tenía que ver con ella y anunciar que leería su informe.

"Fuentes gubernamentales dijeron a EL UNIVERSAL que es voluntad del mandatario acudir el próximo lunes al Palacio Legislativo de San Lázaro y dar lectura a su informe de labores, como tradicionalmente ocurre, pero aseguraron que el Presidente no asistirá a menos que se integre el pleno del Congreso que agrupa a ambas Cámaras" (31 ago 97).

En efecto, en un comunicado oficial, y a diferencia del protagonismo de Gobernación, la Presidencia expresó que "por el debido respeto a la división entre los Poderes de la Unión, el Presidente considera su deber mantenerse ajeno a asuntos que sólo conciernen al régimen interno de las Cámaras del Congreso Federal".

Consecuentemente, exhortó a "todos los grupos parlamentarios que habrán de integrar la Honorable Cámara de Diputados de esta Legislatura para que, en aras de la observancia de la Constitución General de la República y del cumplimiento de la elevada misión que tiene el Poder Legislativo, hagan su mejor esfuerzo con el fin de resolver la citada controversia".

Y para que no quedara ninguna duda, "el Presidente de la República ha determinado que el C. secretario de Gobernación esté a disposición de los representantes de los grupos parlamentarios para abundar en las consideraciones aquí expresadas".

En otras palabras, ya que Chuayffet había complicado un asunto menor hasta convertirlo en crisis constitucional, que él lo resolviera.

5. Duro golpe a los presuntos golpistas. Eso fue todo. El secretario de Gobernación, en lugar de disponer de los recursos de fuerza (que quizá jamás llegó a controlar) o de tomar la decisión de emplearlos (aunque los controlara), en acatamiento a las instrucciones presidenciales, se vería obligado a pedir a sus partidarios en ambas cámaras que dieran marcha atrás.

En todo caso, al día siguiente, los 239 diputados del PRI asistieron al Palacio de San Lázaro para integrarse a la Cámara de Diputados "ilegal", rindieron la protesta de ley y reconocieron a la "espuria" mesa directiva electa el sábado anterior.

Los senadores, por su parte, en lugar de ponerse en huelga, como habían amenazado, reconocieron la legitimidad de la "junta previa de presuntos diputados" y decidieron "validar una indiscutible ruptura del orden constitucional".

Por lo pronto, tanto el diputado Arturo Núñez como el senador Genovevo Figueroa perdieron autoridad moral, para no hablar del secretario Chuayffet.

Y la imagen de todos ellos quedó tan endeble y llena de grietas, que no sería sorprendente ver en poco tiempo a los tres desempeñando otras funciones más congruentes con sus capacidades reales.

Por otra parte, aunque el país no alcanzó realmente a alterarse, porque nunca vio ningún preparativo militar, ni siquiera policíaco, que aumentara la tensión política, de todos modos volvió a respirar con normalidad.

El diputado Muñoz Ledo expresó: "Nadie sale humillado ni ofendido. Creo que todos ganamos y sobre todo gana la Cámara y el país". Sí. Es cierto. Ganó también el presidente de la República.

Pero para quitar por completo el mal sabor de boca que nos dejaron los acontecimientos anteriores, no estaría de más hacer una investigación oficial a fin de saber si, efectivamente, hubo una intentona de golpe político contra la Cámara de Diputados (que no se llevó a cabo por que al grupo priista le faltaron ideas, fuerza y decisión) o sólo un infortunado encadenamiento de imprudencias personales ordinarias en una época extraordinaria.

 

Arriba

 

México, D.F. septiembre 1997.

 

 

 

 


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