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Anuncia
la CIDH que acusará a México ante la Corte Interamericana
Washington,
14 de noviembre 2001
Notimex
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al gobierno de México
liberar al general mexicano José Francisco Gallardo, y anunció que
acudirá ante la Corte Interamericana para lograr este objetivo.
El
presidente de la CIDH, Claudio Grossman, quien calificó a Gallardo como
el único preso político contra el que se violentó el sistema
interamericano, dijo que podrían desistirse de la acción, a menos de
que México responda de manera favorable el próximo viernes.
Durante una
audiencia de seguimiento en la sede de la CIDH, a la que asistieron
representantes del gobierno mexicano y la parte afectada, Grossman fue
severamente crítico por la falta de repuesta por parte de México a las
gestiones en favor del militar.
Ante ello,
anunció que la Comisión acudirá ahora a la Corte en busca de
"medidas provisionales" para Gallardo, en favor de quien la
CIDH dictó el pasado 2 de noviembre medidas cautelares, como su
liberación inmediata y la garantía de su integridad física.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica,
sería la última instancia continental en este ambito, y a cuya
jurisdicción México se incorporó después de haber ratificado la
Convención Interamericana en diciembre de 1998.
En octubre
de 1996, la CIDH, emitió la recomendación 4396 en la que solicitó al
gobierno mexicano la pronta liberación del militar, el fin de la campaña
de persecución, hostigamiento y difamación en su contra, y el pago de
una indemnización justa.
En la
audiencia a puerta cerrada y ante la subsecretaria de Derechos Humanos
de la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Marie Claire Acosta,
Grossman indicó que "cada día que pasa (sin su cumplimiento) es
un desafío que el gobierno hace a la Comisión".
El director
de Derechos Humanos de la cancilleria mexicana Juan Carlos Gómez
Camacho, indicó que el gobierno estaba buscando "las medidas jurídicas
internas" para lograr la jurisdicción, como eran el indulto, el
reconocimiento de inocencia o reducción de la pena.
Para
Alejandro Gallardo, hijo del militar quien estuvo presente en la
audiencia, la primer opción esta descartada de modo total por su padre,
al insistir que aceptarla llevaría implícito aceptar la culpa de los
delitos que se le imputan.
La víspera,
durante un desayuno con representantes de medios de comunicación y
cuestionada sobre la situación de Gallardo, Acosta dejo entrever el difícil
balance que enfrenta el gobierno al indicar que "el caso está bajo
jurisdicción militar".
"Queremos
seguir buscando vías para liberarlo, las opciones son el indulto o la
reducción de la sentencia", explicó.
Amelia
Simpson, especialista para México de la oficina de Amnistía
Internacional (AI) Estados Unidos, consideró que, sin duda, la
presencia de elemento militar en este caso, hace que su resolución no
sea tan fácil como pudiera esperarse.
"Creo
que este caso es uno de los más difíciles porque están involucrados
personal militar de alto rango, pero a la misma vez es un caso crítico
para las aspiraciones de un México más democrático a las que el
propio (presidente Vicente) Fox se comprometio", dijo.
Consideró,
sin embargo, que por ello mismo "cumplir con la recomendación para
liberar al general Gallardo enviaría un fuerte mensaje sobre la
seriedad para proteger los derechos humanos, incluso más fuerte que en
el caso de los campesinos ecologistas".
En 1993, la
revista Forum publicó un texto del general del Ejército mexicano, José
Francisco Gallardo, en el que planteó la necesidad de establecer un
ombusdman militar.
El 9 de
noviembre de ese año, Gallardo fue detenido, acusado de delitos contra
el honor militar y difamación de las Fuerzas Armadas.
Más tarde,
se le imputaron los delitos por malversación de recursos y le fueron
dictados nueve actos de formal prisión. Fue sentenciado a 28 años y
nueve meses de prisión que cumple actualmente en un penal cercano a la
capital mexicana. |