La
reforma de las Fuerzas Armadas Cd
de México. 08 agosto 2000.- El texto que sigue fue escrito por el general José Francisco
Gallardo Rodríguez, general brigadier que ha levantado la demanda de crear un
ombudsman de las Fuerzas Armadas. Preso desde hace años, el general Gallardo ha
hecho frente a decenas de procesos los cuales ha ganado uno tras otro en la
Suprema Corte de Justicia mientras sus acusadores le arman nuevas acusaciones. Su firmeza y la justicia de su causa le han ganado un
respeto generalizado y el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, del PEN Internacional y de numerosos organismos nacionales y
extranjeros defensores de los derechos humanos. Se trata de un hombre con
autoridad para opinar sobre el ámbito castrense y proponer su reforma. Este es
su texto: José Francisco Gallardo RodríguezSi
retomamos la historia, el sistema político mexicano (1929), nació con vicios
de origen al tener en su seno una marcada presencia militar y hacer de las
Fuerzas Armadas una corporación más del partido ligado al poder. Fue hasta
1946 cuando se entregó la Presidencia de la República a un civil. Pese a lo
anterior, hasta 1964 los militares ocuparon la presidencia del partido oficial.
Igualmente, con la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) varias
figuras del orden castrense ocuparon posiciones significativas en los servicios
de inteligencia que reclamaba el gobierno. De la misma manera, elementos
militares se han desempeñado en gubernaturas, han tenido cargos en los tres
niveles de gobierno, así como escaños y curules; han operado en las policías
y en la campaña contra el narcotráfico a la vez que mantienen permeada a la
administración pública mediante el Estado Mayor Presidencial con escoltas,
guaruras, abrepuertas, etcétera. Lo
anterior ha tenido resultados nefastos que van desde la corrupción hasta crímenes
de lesa humanidad, como el homicidio del general Francisco Serrano en Huitzilac
y de los vasconcelistas en Topilejo; el asesinato de Rubén Jaramillo y su
familia, la masacre estudiantil de 1968, los desaparecidos de la década de los
setenta, los asesinatos políticos, los crímenes de odio en Aguas Blancas,
Acteal o El Bosque; la participación de altos jefes militares en el narcotráfico
y el lavado de dinero y la descomposición de la moral y estructura del Ejército
que afecta el orden público y la seguridad nacional. La
politización del Ejército o la militarización de la sociedad, a tono con la
negación al principio de civilidad del Estado, ha llevado al rompimiento del
tejido social y a socavar el orden institucional al trastocar la Constitución,
lo que se refleja en una persistente y sistemática violación de los derechos
humanos y en altos índices de inseguridad. El
día 2 de julio, al recobrar la calidad de ciudadanos por relevar en las urnas
al grupo que nos había gobernado por más de 71 años, se inició el
desmantelamiento del sistema autoritario de gobierno. Para continuar con esa
tarea, se hace necesario acabar con el carácter perverso de las Fuerzas
Armadas, a las que durante muchas décadas se confundió con una institución al
servicio del gobierno y del partido. La próxima administración debe incluir
dentro de la reforma del Estado, y muy en serio, la modernización, apertura y
vigilancia de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, siendo tan importante para
el país, sería altamente riesgoso dejar la cartera de la Defensa Nacional en
manos exclusivamente de militares. En
ese contexto de renovación, la primera institución que se debe instaurar es el
Ombudsman Militar; es decir, el Congreso de la Unión deberá crear, a través
de una reforma o adición al apartado B del artículo 102 de la Constitución,
un instrumento que le permita tener presencia permanente dentro del Ejército,
vigilar el respeto a los derechos humanos de los militares y de los civiles que
se vean afectados por la actuación de las Fuerzas Armadas y supervisar el
ejercicio del presupuesto y la acción de mando con el fin de fortalecer la
disciplina y fomentar una cultura de respeto al derecho y la dignidad de la
persona, para que la disciplina militar se soporte en criterios como un alto
concepto del honor, la lealtad, el patriotismo, la ética y la moral. En esas
condiciones, el ombudsman tutelará el fiel y exacto cumplimiento de las leyes
militares y de la Constitución General de la República, será la palanca del
cambio, la soberanía en acción dentro del Ejército. La
existencia de un auténtico ombudsman en México tendrá que ser por completo
distinta de esa pantomima que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El
ombudsman militar debe ser el germen, la fuente, el principio de modernización
y apertura del Ejército hacia la sociedad, el ariete que derrumbe los muros de
la corrupción y de la impunidad, la química que dé transparencia a las
Fuerzas Armadas y las mantenga inmunes a toda contaminación. Dado el primer
paso, los cambios vendrán uno tras otro, la designación de un secretario de
Defensa de procedencia civil, el vínculo entre el Ejército y los poderes públicos
y la sociedad, lo que impedirá a los militares olvidar que están subordinados
al poder civil. De esa manera, la dirección operativa del Ejército deberá
estar al mando de un Estado Mayor conjunto de las tres Fuerzas Armadas, cada una
de las cuales tendrá que sea autónoma. Para
romper la cultura de la sumisión, el servilismo y el culto a la personalidad,
se deben reestructurar los sistemas de educación y adiestramiento militar. Con
base en el federalismo se tendrá que descentralizar el ejercicio de mando y
crearse la guardia nacional. Se deberán acotar en todas sus formas las
funciones del secretario de la Defensa, abrogar el fuero de guerra en tiempos de
paz, incorporar el sistema de administración de justicia militar al Poder
Judicial de la Federación; dar independencia a la seguridad social militar, la
industria militar y el sistema escalafonario; es indispensable que la Cámara de
Senadores ratifique el nombramiento del secretario de la Defensa, de altos
cargos militares y agregados castrenses y que supervise los tratados
internacionales que tengan que ver con la defensa nacional; debe evitarse que
las comisiones de Defensa del Congreso sean presididas por militares; el
secretario de la Defensa y altos jefes militares deben comparecer ante el
Congreso cada vez que sean requeridos; tendrá que suprimirse el Estado Mayor
Presidencial; regresar a filas a los elementos militares de la Policía Federal
Preventiva; incorporar a escoltas, comisionados en policías y cuanto personal
militar esté fuera de filas; el Ejército deberá regresar a sus cuarteles y no
realizar más funciones que sean exclusivas de la autoridad civil; para romper
el nepotismo y los favoritismos en los ascensos y recompensas se tendrá que
fortalecer el sistema de méritos y competencia a través del servicio
administrativo de carrera; los aparatos de inteligencia tendrán que estar
permanentemente sometidos al poder civil y separados los servicios de
inteligencia de los que realizan tareas operativas; habrán de rendir cuentas y
ser suprimidos la Policía Judicial Militar y el Centro de Información del Alto
Mando (CIAM), policías políticas del secretario de la Defensa, grupos
inconstitucionales que habiendo rebasado al mando y sus funciones se dedican a
delinquir y denigrar al Ejército. De lo que se trata es de que a partir de una decisión soberana iniciemos la formación de un Estado que se funde en el principio de civilidad y de que el Ejército quede definitivamente anclado en el cauce constitucional y acotado en sus funciones, que no serán otras que aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿En estos nuevos tiempos democráticos, se tendrá la voluntad política para llevar adelante esta gran reforma? Publicado en Reforma, 08 agosto 2000
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