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Información sobre MEXICO


La reforma de las Fuerzas Armadas
Por HUMBERTO MUSACCHIO

Cd de México. 08 agosto 2000.- El texto que sigue fue escrito por el general José Francisco Gallardo Rodríguez, general brigadier que ha levantado la demanda de crear un ombudsman de las Fuerzas Armadas. Preso desde hace años, el general Gallardo ha hecho frente a decenas de procesos los cuales ha ganado uno tras otro en la Suprema Corte de Justicia mientras sus acusadores le arman nuevas acusaciones. Su firmeza y la justicia de su causa le han ganado un respeto generalizado y el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del PEN Internacional y de numerosos organismos nacionales y extranjeros defensores de los derechos humanos. Se trata de un hombre con autoridad para opinar sobre el ámbito castrense y proponer su reforma. Este es su texto:

José Francisco Gallardo Rodríguez

Si retomamos la historia, el sistema político mexicano (1929), nació con vicios de origen al tener en su seno una marcada presencia militar y hacer de las Fuerzas Armadas una corporación más del partido ligado al poder. Fue hasta 1946 cuando se entregó la Presidencia de la República a un civil. Pese a lo anterior, hasta 1964 los militares ocuparon la presidencia del partido oficial. Igualmente, con la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) varias figuras del orden castrense ocuparon posiciones significativas en los servicios de inteligencia que reclamaba el gobierno. De la misma manera, elementos militares se han desempeñado en gubernaturas, han tenido cargos en los tres niveles de gobierno, así como escaños y curules; han operado en las policías y en la campaña contra el narcotráfico a la vez que mantienen permeada a la administración pública mediante el Estado Mayor Presidencial con escoltas, guaruras, abrepuertas, etcétera.

Lo anterior ha tenido resultados nefastos que van desde la corrupción hasta crímenes de lesa humanidad, como el homicidio del general Francisco Serrano en Huitzilac y de los vasconcelistas en Topilejo; el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, la masacre estudiantil de 1968, los desaparecidos de la década de los setenta, los asesinatos políticos, los crímenes de odio en Aguas Blancas, Acteal o El Bosque; la participación de altos jefes militares en el narcotráfico y el lavado de dinero y la descomposición de la moral y estructura del Ejército que afecta el orden público y la seguridad nacional.

La politización del Ejército o la militarización de la sociedad, a tono con la negación al principio de civilidad del Estado, ha llevado al rompimiento del tejido social y a socavar el orden institucional al trastocar la Constitución, lo que se refleja en una persistente y sistemática violación de los derechos humanos y en altos índices de inseguridad.

El día 2 de julio, al recobrar la calidad de ciudadanos por relevar en las urnas al grupo que nos había gobernado por más de 71 años, se inició el desmantelamiento del sistema autoritario de gobierno. Para continuar con esa tarea, se hace necesario acabar con el carácter perverso de las Fuerzas Armadas, a las que durante muchas décadas se confundió con una institución al servicio del gobierno y del partido. La próxima administración debe incluir dentro de la reforma del Estado, y muy en serio, la modernización, apertura y vigilancia de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, siendo tan importante para el país, sería altamente riesgoso dejar la cartera de la Defensa Nacional en manos exclusivamente de militares.

En ese contexto de renovación, la primera institución que se debe instaurar es el Ombudsman Militar; es decir, el Congreso de la Unión deberá crear, a través de una reforma o adición al apartado B del artículo 102 de la Constitución, un instrumento que le permita tener presencia permanente dentro del Ejército, vigilar el respeto a los derechos humanos de los militares y de los civiles que se vean afectados por la actuación de las Fuerzas Armadas y supervisar el ejercicio del presupuesto y la acción de mando con el fin de fortalecer la disciplina y fomentar una cultura de respeto al derecho y la dignidad de la persona, para que la disciplina militar se soporte en criterios como un alto concepto del honor, la lealtad, el patriotismo, la ética y la moral. En esas condiciones, el ombudsman tutelará el fiel y exacto cumplimiento de las leyes militares y de la Constitución General de la República, será la palanca del cambio, la soberanía en acción dentro del Ejército.

La existencia de un auténtico ombudsman en México tendrá que ser por completo distinta de esa pantomima que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El ombudsman militar debe ser el germen, la fuente, el principio de modernización y apertura del Ejército hacia la sociedad, el ariete que derrumbe los muros de la corrupción y de la impunidad, la química que dé transparencia a las Fuerzas Armadas y las mantenga inmunes a toda contaminación. Dado el primer paso, los cambios vendrán uno tras otro, la designación de un secretario de Defensa de procedencia civil, el vínculo entre el Ejército y los poderes públicos y la sociedad, lo que impedirá a los militares olvidar que están subordinados al poder civil. De esa manera, la dirección operativa del Ejército deberá estar al mando de un Estado Mayor conjunto de las tres Fuerzas Armadas, cada una de las cuales tendrá que sea autónoma.

Para romper la cultura de la sumisión, el servilismo y el culto a la personalidad, se deben reestructurar los sistemas de educación y adiestramiento militar. Con base en el federalismo se tendrá que descentralizar el ejercicio de mando y crearse la guardia nacional. Se deberán acotar en todas sus formas las funciones del secretario de la Defensa, abrogar el fuero de guerra en tiempos de paz, incorporar el sistema de administración de justicia militar al Poder Judicial de la Federación; dar independencia a la seguridad social militar, la industria militar y el sistema escalafonario; es indispensable que la Cámara de Senadores ratifique el nombramiento del secretario de la Defensa, de altos cargos militares y agregados castrenses y que supervise los tratados internacionales que tengan que ver con la defensa nacional; debe evitarse que las comisiones de Defensa del Congreso sean presididas por militares; el secretario de la Defensa y altos jefes militares deben comparecer ante el Congreso cada vez que sean requeridos; tendrá que suprimirse el Estado Mayor Presidencial; regresar a filas a los elementos militares de la Policía Federal Preventiva; incorporar a escoltas, comisionados en policías y cuanto personal militar esté fuera de filas; el Ejército deberá regresar a sus cuarteles y no realizar más funciones que sean exclusivas de la autoridad civil; para romper el nepotismo y los favoritismos en los ascensos y recompensas se tendrá que fortalecer el sistema de méritos y competencia a través del servicio administrativo de carrera; los aparatos de inteligencia tendrán que estar permanentemente sometidos al poder civil y separados los servicios de inteligencia de los que realizan tareas operativas; habrán de rendir cuentas y ser suprimidos la Policía Judicial Militar y el Centro de Información del Alto Mando (CIAM), policías políticas del secretario de la Defensa, grupos inconstitucionales que habiendo rebasado al mando y sus funciones se dedican a delinquir y denigrar al Ejército.

De lo que se trata es de que a partir de una decisión soberana iniciemos la formación de un Estado que se funde en el principio de civilidad y de que el Ejército quede definitivamente anclado en el cauce constitucional y acotado en sus funciones, que no serán otras que aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. ¿En estos nuevos tiempos democráticos, se tendrá la voluntad política para llevar adelante esta gran reforma?

 Publicado en Reforma, 08 agosto 2000

 

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