Caso del General Gallardo
José Herrera Peña

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió amparo al General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez a fin de que mantenga su grado militar, el cual le había sido cancelado por la Secretaría de la Defensa Nacional hace año y medio.

Las autoridades habían exigido al General Gallardo la entrega de las patentes o constancias de sus grados militares a fin de proceder a su cancelación, en cumplimiento de una sentencia del Supremo Tribunal Militar.

Además, le habían prohibido que no usara las insignias de General Brigadier, retirado su salario y apercibido que no firmara con su grado de general, ya que de hacerlo se haría acreedor al cargo de usurpación de funciones.

El General Gallardo interpuso una demanda de amparo -que fue registrada con el número 669-98 por el Juzgado de Distrito respectivo- contra tales disposiciones. El juez de Distrito se lo concedió.

Sin embargo, las autoridades se negaron a acatar la resolución, motivo por el cual la defensa del General Gallardo interpuso una queja por desacato que fue turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Corresponde al tribunal supremo resolver si hay sanciones contra las autoridades militares que se negaron a acatar la sentencia de amparo y, en su caso, cuáles son éstas.

El General Gallardo ha interpuesto 17 amparos en materia penal y 20 en materia administrativa contra actos de la autoridad militar a lo largo del proceso que se le sigue desde 1993, en el cual se han acumulado 16 averiguaciones previas, 9 causas penales, 7 autos de formal prisión y más de 20 delitos imputados.

El caso del General Gallardo atrajo la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación para que éste sea liberado.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA)

Secretaría de la Defensa Nacional (SDN)

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Considera Gallardo “solapadora” a CNDH

Gallardo manifestó que no le extraña la posición de la CNDH porque cumple con el rol para el que fue creada: ser la tapadera de las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno Federal.

Por ABEL BARAJAS/ Grupo Reforma (*)

Ciudad de México, 30 julio 2000.- Luego de que miembros del Ejército y la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideraran como innecesario el establecimiento de un ombudsman militar, uno de los promotores de esta iniciativa, el General Brigadier Francisco Gallardo, calificó a la CNDH como "solapadora" del Gobierno y el Ejército y como un obstáculo para la democracia en México.

Vía telefónica desde la prisión civil de Neza-Bordo, donde purga una condena de 28 años de cárcel, Gallardo dijo que no es lamentable la postura de la comisión, sino coherente con sus funciones para la que fue creada: ser la tapadera de las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno Federal.

Sobre la postura del General Álvaro Vallarta y del Primer Visitador de la CNDH, Víctor Martínez Bullegoyri, quienes afirmaron que no era necesaria la figura de un ombudsman militar, Gallardo manifestó que es normal, ya que la comisión humanitaria no cuenta con autonomía presupuestal ni de investigación.

"No es lamentable (la coincidencia), se me hace coherente para lo que fue creada, porque la CNDH ha sido una tapadera de la impunidad de los altos mandos militares y las cúpulas de poder político priísta. Hasta cierto punto es lógico porque está coludida con el Ejército, el único soporte que tiene el gobierno para sostenerse en el poder.

"La CNDH ha impedido que se abra la democracia en México porque ha sido una solapadora y una cobija de impunidad para el Gobierno y, principalmente, el Ejército Mexicano", expuso.

Gallardo, quien al menos en 15 ocasiones ha solicitado protección directa de la CNDH y dice nunca haber recibido ese apoyo, señaló también que dicha comisión resulta carísima para el erario público, ya que "si dividimos cuántas recomendaciones ha emitido y cuántas se han cumplido, se verá que cada recomendación sale en millones de pesos que necesitan otras personas".

Indicó que con el cambio suscitado el 2 de julio, hoy más que nunca es necesaria la figura del ombudsman militar, ya que sus funciones contribuirán a acotar el ejercicio de poder de la cúpula militar, aclarar el presupuesto del Ejército y servir de enlace con el Congreso de la Unión.

Sobre las cifras "alegres" del Ejército, con las que rebate las acusaciones de organismos civiles en el sentido de violar los derechos humanos, recordó que en 7 años de estar detenido nunca vio a un militar procesado por asesinato, desapariciones o algún otro delito.

"Los casos sobran, los asesinatos del mercado de Ocosingo en enero de 1994, o el caso de los militares que asesinaron a policías judiciales en Tlalixcoyan en 1991, o las recomendaciones a las Fuerzas Armadas por el encarcelamiento de 28 marinos acusados de narcotráfico en 1991. Nunca vi que algún militar fuera procesado a la prisión militar por estos casos", expuso.

Sobre el caso de Tlalixcoyan, señaló que el actual Procurador Militar Rafael Macedo procesó a los responsables, pero nunca pisaron prisión; y que en el caso de los marinos, el cual le costó el puesto al entonces Secretario Mauricio Scheleske, todos fueron torturados y uno de ellos castrado.

(*) Publicado en Reforma, 30 julio 2000

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