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El
EPR y el PDRP dicen NO a la intermediación del IFE y a la vía pacífica
José Herrera
Peña
12 agosto 2000. “La lucha armada es producto y tiene su sustento en la pobreza, en la marginación, en la miseria, en la negación de los derechos políticos, económicos y sociales a la mayoría de los mexicanos, en la represión, y mientras estos existan, la lucha armada revolucionaria es tan legítima y necesaria que constituiría un error y un crimen pretender dejar indefenso y a merced de los cuerpos policíacos y militares a los sectores sociales que hoy ven en el movimiento armado una alternativa política”.
Tal
es la respuesta del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Partido Democrático
Revolucionario Popular (PDRP) a varios grupos de exguerrilleros, publicada en su
órgano de análisis y difusión llamado “El
Insurgente”, fechado en mayo-junio del corriente año, pero enviado a través
del correo electrónico hasta el 11 de
agosto.
La solicitud de que depongan las armas y prosigan la lucha por la vía pacífica fue hecha “a los grupos armados” por un conjunto de exguerrilleros de los años 60 y 70, que formaron parte de los grupos Liga Comunista 23 de Septiembre, Partido de los Pobres, Liga Espartaco y Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Dichos
grupos firmaron un compromiso político el 20 de junio del presente año ante el
Instituto Federal Electoral (IFE), obligándose a “trabajar
intensamente para lograr la paz en México, por el respeto a los derechos
humanos y la consolidación de las instituciones fundamentales para la vida del
país, además de hacer un llamado a los grupos armados para que dejen esta
lucha”.
Los
exguerrilleros que trabajan por la paz aclararon a “los grupos armados… que
no se trata de un llamado a la claudicación, ni a que se rindan. No se trata de
un llamado a la traición de sus principios y aspiraciones”.
Se
trata solamente de que acepten continuar su lucha por medios pacíficos y en el
marco de la ley, porque “el costo de llevar a una sociedad a la guerra es altísimo”
y “porque en este momento no se justifica la lucha armada”.
El
EPR y el PRDP contestan que ya impulsaron la lucha legal y pacífica, pero sólo
recibieron represión: “allí están Aguas Blancas, Acteal, el Charco, El
Bosque, cientos de perredistas asesinados, presos y desaparecidos políticos,
hogares vestidos de luto y habitados por viudas y huérfanos”.
Allí
están también las cárceles del país llenas de “campesinos, indígenas y
luchadores sociales, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e
Hidalgo”.
Todos
ellos –agregan- son “testigos y botón de muestra de la respuesta
gubernamental a la lucha legal y pacífica”.
No
hubo más alternativa que repeler la fuerza con la fuerza. Consecuentemente,
“para nosotros y para la base política que nos sostiene y nos protege, la
lucha “legal y pacífica” ha sido agotada, porque no resuelve los problemas
económicos, sociales y políticos de nuestro pueblo. De esto dan cuenta los últimos
11 años de lucha electoral, que algunos sectores sociales vieron como una
esperanza”.
En
conclusión, según el EPR y el PRDP, “la lucha armada hoy más que nunca
tiene vigencia, y es tan legítima y necesaria desarrollarla, que sería un
crimen social, una cobardía política y una inconsecuencia histórica no
enarbolar las banderas de la lucha armada revolucionaria que hoy ondean en
varios estados de nuestra patria”.
“Abandonar
las armas insurgentes constituye una traición a nuestros muertos caídos en
combate y en la tortura, a nuestros presos y desaparecidos políticos, a
nuestras bases populares que a pesar de la guerra de baja intensidad siguen
resistiendo y sosteniendo las banderas de la lucha por el socialismo, de ese
cambio social profundo y revolucionario que demanda con urgencia nuestra
sociedad”.