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1.
Los retos más graves que tiene ante sí la administración que se
renovará a partir del 1 de diciembre son dos: seguridad pública y empleo, en
un marco de relajamiento y deterioro de los vínculos del aparato del Estado con
la población.
2.
Luego entonces, las estrategias más importantes que debería establecer
son las de fortalecer tales vínculos a través de medidas adecuadas, y no
deteriorarlos más con propuestas decepcionantes, como la de aumentar el IVA a
alimentos y medicinas o iniciando una reforma política superficial,
intrascendente y casi inútil, como la que han propuesto los amigos de Fox (con
todo respeto para ellos).
3.
Las crisis de gobernablidad que hubo durante el sexenio del Presidente
Ernesto Zedillo fueron graves; pero quedaron momentáneamente resueltas por los
cambios en su gabinete y, sobre todo, por el golpe de la ciudadanía del 2 de
julio. Sin embargo, si no se analizan sus orígenes y se preven sus
consecuencias para el sexenio que se avecina, podrían presentarse otra vez en
condiciones más graves.
4.
Las causas que produjeron las crisis políticas a que se hizo referencia
podrían hundir sus raíces en sexenios anteriores y seguir produciendo sus
frutos en el próximo sexenio, a pesar de la voluntad y el talento que se pongan
en juego para superarlas o de las complicadas reformas cosméticas que se han
propuesto.
5.
Dicho de otro modo, la nueva filosofía política del titular del Poder
Ejecutivo Federal podría no ser suficiente para afrontar las crisis, y menos la
reforma del Estado que se ha anunciado para tal efecto. En tal caso, los
problemas no se resolverían. Se pospondrían, se complicarían y se agudizarían,
y sus perniciosos efectos podrían afectar cada vez más a las fuerzas armadas.
6.
Tales son las razones por las cuales sería conveniente hacer un trabajo
de investigación cuyo objetivo fundamental sea identificar con escrupuloso
rigor y exactitud las causas que produjeron las crisis institucionales y políticas
antes citadas, la importancia específica de cada una de esas causas, y en fin,
los efectos que podría evitar el próximo gobierno así como los que no le será
posible evitar.
7.
Las ventajas del análisis serían prever alcances, orientación y límites
de las medidas de política interior del Gobierno Federal; carácter, objetivos
y modalidades de las estrategias del gabinete de Seguridad Nacional, y
necesidad, conveniencia y oportunidad de suprimir, modificar o establecer
dependencias y unidades administrativas, según el caso.
8.
Aunque estos trabajos suelen llevarse a cabo por algunas dependencias del
Ejecutivo Federal (no así por el Poder Legislativo) sería conveniente que
también les fueran encargados -en forma paralela- a centros privados -no
gubernamentales- de investigación política especializada -no docentes ni académicos-
por las siguientes razones y ventajas:
a)
El enfoque sería objetivo e imparcial, y no sujeto a órdenes,
instrucciones u orientaciones, ni siquiera de los que financien los trabajos
correspondientes, más que a título de simples sugerencias. Se atendería únicamente
lo que indiquen las evidencias respectivas.
b)
El enfoque comprendería todos los temas de seguridad nacional, gobierno
interior y relaciones entre los diversos órganos de los Poderes Público, así
como entre ellos y la población.
c)
Cada uno de los temas tendría que someterse a un riguroso análisis
objetivo, dividido en dos etapas: en la primera, se dividiría cada tema en el
mayor número de sus partes y se les examinaría en forma aislada, individual y
especializada, y en la siguiente, se vincularía cada tema con los demás, se
integrarían todos orgánicamente y se estudiaría el conjunto en forma global,
sistemática y en movimiento.
d)
El método de investigación sería rigurosamente científico, histórico,
jurídico, socioeconómico y político, estrictamente apegado a los hechos y al
contexto en que surgieron, evolucionaron y existen en su estado actual.
e)
Se traerían a colación situaciones relativamente semejantes que se han
presentado en nuestro país, en el pasado, así como en otros países, en lo
inmediato, y modos en que se afrontaron, estableciendo las analogías y
diferencias de rigor, para deducir posibilidades de aprovechar experiencias o
no, en lo conducente.
f)
Los trabajos tendrán que estar a cargo de profesionales e investigadores
especializados y expertos en la materia, y la entrega de los resultados, sujeta
a términos pre-establecidos.
g)
El producto final podría ser fácilmente cotejado por las autoridades
responsables con sus estudios internos y serviría, en cualquier caso, para
fortalecer conceptos, jerarquizar prioridades, reafirmar objetivos y enriquecer
estrategias.
h)
La investigación sería a título confidencial y reservado, sujeta
contractualmente a condiciones, modalidades y sanciones previamente
establecidas.
i)
Los resultados de la investigación, que plantearían las ventajas e
inconveniencias de las alternativas planteadas en función de los intereses
nacionales, incluirían un segmento en el que se formularían igualmente sus
ventajas y desventajas para el sistema de partidos en general así como para
cada partido político en particular, y se pondrían oportunamente a disposición
de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión para que
normen su criterio, antes de someterse a la consideración de la opinión pública.
9.
No se piense, pues, que lo que se propone es que los políticos se
conviertan en científicos sociales –no es su papel ni su función- sino que
los políticos sociales provean a los políticos de la utilería que se requiere
para la eficaz toma de decisiones. El futuro del país no depende únicamente de
los votos de los legisladores, condicionados y limitados por la visión e
intereses de sus respectivos partidos sino también de la historia, la ciencia y
la tecnología.
10.
Si se contrata a un contador público extranjero y se le pagan millones
de dólares para hacer una auditoría que permita detectar las causas de un
desfalco monstruoso, como el de Fobaproa, no hay ninguna razón para no
contratar a un cuerpo de investigadores nacionales y se les pague razonablemente
bien para que hagan una auditoría política que permita detectar las causas de
las crisis de gobernabilidad, como las enumeradas en la primera
parte de este trabajo, que representan graves riesgos para la
seguridad nacional, y que podrían ser peores en el futuro inmediato.
11.
La reforma del Estado, por consiguiente, no sólo es necesaria sino
imprescindible; pero al mismo tiempo, insuficiente, si no va precedida por una
investigación que trascienda lo coyuntural. No bastan los eventuales
compromisos de los partidos, condicionados casi siempre por las ventajas que
suelen obtener, para rendir beneficios a la población. Al contrario. Es
necesario que éstos entiendan los intereses y compromisos de la población y se
limiten a convertirlos en leyes.
12.
La auditoría política podría ser la vía o, por lo menos, una de las vías
para fortalecer el Estado mexicano en esta materia, redefinir el papel de los
Poderes Públicos así como las relaciones entre ellos y, fundamentalmente,
restablecer la normalidad de las relaciones entre el aparato del Estado y la
población. Esta, pues, podría ser la vía o, por lo menos, una de las vías
para garantizar la trascendencia de la reforma política.
México,
D.F. 30 julio 2000.
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