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Información sobre MEXICO
Intentona
de golpe
José
Herrera Peña
Los
ganadores: la Cámara, el Presidente, el país.
Los
perdedores: Chuayffet, Arturo y Genovevo.
¿Minigolpe?
Ni ideas, ni fuerza, ni decisión
1.
Oposición del PRI a la oposición.
Durante tensas horas, México se asomó el fin de la semana anterior al borde de
un peligroso abismo político, al cual no se arrojó por las mismas causas que
lo llevaron a él: por falta de ideas, de fuerza y de decisión. Situación que,
de todos modos, nos hizo pensar involuntariamente en épocas oscuras de nuestra
historia
De lo publicado por los diarios nacionales se desprende que el secretario de Gobernación Emilio Chuayffet habría persuadido al presidente de la República que los procedimientos de los diputados de la oposición para instalar la Cámara de Diputados y nombrar al presidente de la mesa directiva, estaban "fuera de la ley".
De
allí que el Presidente haya declarado el 27 de agosto que "no es
congruente pretender soslayar la legalidad para hacer avanzar causas políticas"
(El Universal, 28 ago 97).
Con
el apoyo presidencial, el secretario de Gobernación Chuayffet, al parecer, habría
desdoblado sus actividades políticas en dos direcciones distintas, en
coordinación con los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI en el
Congreso: el diputado Arturo Núñez y el senador Genovevo Figueroa.
Por
una parte, intentaría cooptar a más de 20 diputados de la oposición, según
lo denunció el diputado panista edina Placencia, a fin de obtener una mayoría
incontrovertible en la Cámara de Diputados y tener el derecho de nombrar mesa
directiva (El Universal, 29 ago 97). Y por otra, emplear medidas de fuerza para
desconocer a dicho órgano legislativo, en caso de que fallara la opción
anterior.
Los
dos operativos se llevarían a cabo simultáneamente; pero ante la imposibilidad
de cooptar a por lo menos 12 diputados a la oposición que, sumados a los 239
del PRI, dieran a éstos la mayoría de 251 que necesitaban, se empezaría a
preparar el segundo escenario.
2.
Horas de crisis.
¿Qué ideas servirían eventualmente para justificar el golpe? Unicamente se
invocaron la de defensa de la "legalidad".
Pero
el mismo diputado Medina Placencia ya había revelado el verdadero motivo que,
en su opinión, empezaba a causar la crisis. A diferencia de otras épocas, en
que nadie intentaba siquiera proyectarse como probable sucesor hacia la mitad de
un sexenio, "con Ernesto Zedillo pareciera que los priistas tienen un poco
más de libertad para construir sus proyectos políticos personales". Y, más
explícito aún, agregó que no le había extrañado que el secretario de
Gobernación, quien es aspirante a la presidencia de la República, pretendiera
intervenir en la negociación entre los diputados de las distintas fracciones
parlamentarias (El Universal, 29 ago 97).
El
anuncio del diputado Arturo Núñez el viernes 29 de agosto, por la noche, en el
sentido de que los diputados del PRI no se presentarían a la instalación
solemne de la Cámara de Diputados el sábado 30 por la mañana, sino el domingo
31 por la tarde, para instalar la ellos mismos, fue el detonador de la crisis.
Sus palabras del día anterior, en el sentido de que estaba listo para enfrentar
lo que viniera en las próximas 48 horas si no lograban ponerse de acuerdo,
empezaron a cobrar un siniestro sentido.
Al
día siguiente, sábado 30, habiéndose instalado la cámara baja con la
asistencia de 255 diputados de los cuatro partidos -PRD, PAN, PVEM y PT-, que
pronto aumentaron a 260, el diputado Arturo Núñez se apresuró a calificarla
de "ilegal"; advirtió que esa situación podría "llevar al país
a una crisis constitucional", y ratificó que los priistas acudirían al
recinto parlamentario de San Lázaro para instalar su propia cámara y elegir su
propia mesa directiva (El Universal, 31 ago 97).
Al
mismo tiempo, acompañado por los senadores María de los Angeles Moreno, José
Murat, Eduardo Andrade, Salvador Rocha Díaz y Lanz Cárdenas, el líder del
Senado Genovevo Figueroa calificó a la Cámara de Diputados de "junta
previa de presuntos diputados de diversos grupos parlamentarios"; declaró
inconstitucionales tanto a la "junta previa" como a la mesa directiva,
y advirtió que el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República no
asistiría el lunes 1 de septiembre a la apertura del Congreso General
"para no validar una indiscutible ruptura del orden constitucional"
(La Jornada, 31 ago 97).
El
ambiente político se cargó de funestos presagios. Era de esperarse que se
tomaran medidas de fuerza para hacer valer sus posiciones. El domingo 31 de
agosto, el diario La Jornada publicó un editorial titulado Democracia en
Peligro. Por un momento se pensó que tanques y bayonetas saldrían a la calle
en apoyo a los legisladores priistas.
3.
Presentación del informe.
En esos días, había empezado a manejarse en los periódicos la idea de que el
Presidente de la República no estaba obligado a leer su informe ante el
Congreso sino únicamente a hacerle llegar su texto.
El
Artículo 69 de la Constitución establece que "a la apertura de sesiones
ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República
y presentará su informe por escrito, en el que manifieste el estado general que
guarda la administración pública del país".
Consecuentemente,
no tenía por qué "ingresar al terreno del debate con los diputados y
senadores reunidos en la sesión de Congreso General del 1 de septiembre",
en frase de Aurora Berdejo (Excelsior, 28 ago 97).
Esta
moda, impuesta por los propios gobernadores de la oposición, particularmente
Ruffo en Baja California en 1990, no podría ser objetada por los diputados
opositores que se habían apropiado de la cámara baja, o que la habían tomado
"por asalto", según la expresión de los diputados Ricardo Monreal,
Alfredo Phillips Olmedo y Enrique Jackson Ramírez (El Universal, 31 ago 97).
Juristas
prominentes como Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas opinaron que
el Presidente de la República tiene la facultad legal de entregar personalmente
y por escrito su informe de gobierno a la Cámara de Diputados, en caso de no
sesionar el Congreso el día 1 por falta de quórum (La Jornada, 31 ago 97).
4.
Intervención del Presidente.
En este estado de cosas, el Presidente Zedillo intervino; aunque no para apoyar
la intentona golpista de su secretario de Gobernación sino para hacer sentir
que nada tenía que ver con ella y anunciar que leería su informe.
"Fuentes
gubernamentales dijeron a EL UNIVERSAL que es voluntad del mandatario acudir el
próximo lunes al Palacio Legislativo de San Lázaro y dar lectura a su informe
de labores, como tradicionalmente ocurre, pero aseguraron que el Presidente no
asistirá a menos que se integre el pleno del Congreso que agrupa a ambas Cámaras"
(31 ago 97).
En
efecto, en un comunicado oficial, y a diferencia del protagonismo de Gobernación,
la Presidencia expresó que "por el debido respeto a la división entre los
Poderes de la Unión, el Presidente considera su deber mantenerse ajeno a
asuntos que sólo conciernen al régimen interno de las Cámaras del Congreso
Federal".
Consecuentemente,
exhortó a "todos los grupos parlamentarios que habrán de integrar la
Honorable Cámara de Diputados de esta Legislatura para que, en aras de la
observancia de la Constitución General de la República y del cumplimiento de
la elevada misión que tiene el Poder Legislativo, hagan su mejor esfuerzo con
el fin de resolver la citada controversia".
Y
para que no quedara ninguna duda, "el Presidente de la República ha
determinado que el C. secretario de Gobernación esté a disposición de los
representantes de los grupos parlamentarios para abundar en las consideraciones
aquí expresadas".
En
otras palabras, ya que Chuayffet había complicado un asunto menor hasta
convertirlo en crisis constitucional, que él lo resolviera.
5.
Duro golpe a los presuntos golpistas.
Eso fue todo. El secretario de Gobernación, en lugar de disponer de los
recursos de fuerza (que quizá jamás llegó a controlar) o de tomar la decisión
de emplearlos (aunque los controlara), en acatamiento a las instrucciones
presidenciales, se vería obligado a pedir a sus partidarios en ambas cámaras
que dieran marcha atrás.
En
todo caso, al día siguiente, los 239 diputados del PRI asistieron al Palacio de
San Lázaro para integrarse a la Cámara de Diputados "ilegal",
rindieron la protesta de ley y reconocieron a la "espuria" mesa
directiva electa el sábado anterior.
Los
senadores, por su parte, en lugar de ponerse en huelga, como habían amenazado,
reconocieron la legitimidad de la "junta previa de presuntos
diputados" y decidieron "validar una indiscutible ruptura del orden
constitucional".
Por
lo pronto, tanto el diputado Arturo Núñez como el senador Genovevo Figueroa
perdieron autoridad moral, para no hablar del secretario Chuayffet.
Y
la imagen de todos ellos quedó tan endeble y llena de grietas, que no sería
sorprendente ver en poco tiempo a los tres desempeñando otras funciones más
congruentes con sus capacidades reales.
Por
otra parte, aunque el país no alcanzó realmente a alterarse, porque nunca vio
ningún preparativo militar, ni siquiera policíaco, que aumentara la tensión
política, de todos modos volvió a respirar con normalidad.
El diputado Muñoz Ledo expresó: "Nadie sale humillado ni ofendido. Creo que todos ganamos y sobre todo gana la Cámara y el país". Sí. Es cierto. Ganó también el presidente de la República.
Pero para quitar por completo el mal sabor de boca que nos dejaron los acontecimientos anteriores, no estaría de más hacer una investigación oficial a fin de saber si, efectivamente, hubo una intentona de golpe político contra la Cámara de Diputados (que no se llevó a cabo por que al grupo priista le faltaron ideas, fuerza y decisión) o sólo un infortunado encadenamiento de imprudencias personales ordinarias en una época extraordinaria.
México, D.F. septiembre 1997.