Política e historia

José Herrera Peña

Quien es el editor

 




México 2001


Portada

Sección Política

Enlaces

Ilustraciones

Temario


Información sobre MEXICO
  

 

 

 

 

Temas generales

¿Demasiado tarde?

No hay dudas

Olor a petróleo

La tomenta no cesará

Condolencias

La guerra y la paz

Oleajes históricos

Lista roja

Rescate de la historia

Desarrollo político

Mi cena con Trudeau

El mensaje de las urnas

¿Y después de la democracia?

Globalidad en español

Llamada de atención

Falta congruencia

El rey ha muerto

A 190 años...

Política interior

Quién lo dijera: el PRI

¿Dictadura?

Transición permanente

Carrera política en juego

Transición democrática

Propaganda y realidad

El necesario equilibrio

El combate a la corrupción

¿Qué nos dice el censo poblacional 2000?

Chiapas, mitos...

Reforma del Estado

Política exterior

Terrorismos

Injustificable

¿Ataque armado?

Inteligente cesión de soberanía

Cambio de política exterior

Partidos políticos

El dinero de los partidos

Nuevos partidos políticos

Fuerzas armadas

El ejército y Vicente Fox

El caso del general Gallardo

La reforma de las Fuerzas Armadas

Gallardo sigue siendo general

Se exige liberación de Gallardo

Gallardo protesta

Guerrillas

El EPR dijo no al IFE

El ERPI también se niega

Guerillas en México

Justicia electoral

Michoacán

Candidaturas independientes

Otros

Falta congruencia
Catón

Llamada de atención
Catón

Un buen principio
Catón

La Jornada

¿Ignorancia o mala fe?

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

MIERCOLES ¤ 21 ¤ NOVIEMBRE ¤ 2001. Llaman la atención las recientes y reiteradas declaraciones del Presidente de la República y del secretario de Gobernación en el sentido de que el general Francisco Gallardo, preso político de la alta burocracia del Ejército, debiera recurrir a la justicia civil, para ganar, debemos entender, el juicio que se ventila en los sótanos de la justicia militar.

Esas declaraciones se han hecho en situación de apremio, para no tener que acatar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no enfrentar al gobierno de México con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual -todo hace suponer- por la forma como autoridades militares y políticas del país han manejado el caso, de llegarle el asunto, fallará a favor del general Gallardo.

Llaman la atención en particular sus declaraciones, porque los señores Fox y Creel saben bien -sería inconcebible pensar que ambos lo ignoraran- que desde el pasado 18 de febrero se presentó en su contra, así como de otras autoridades menores, un amparo indirecto por el incumplimiento de la recomendación de la CIDH, que ni ellos dos, ni nadie, ha contestado; saben también que el general Gallardo sólo aceptará cualquier medida que lo beneficie, si ésta deriva del cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana, pues está en juego su dignidad militar y ciudadana, y saben, sobre todo, que al recurrir a la justicia civil, solicitando un amparo directo, estaría el general Gallardo cayendo en el garlito de reconocer su culpabilidad ante los tribunales militares, que ya se ha visto cómo han actuado, yendo de violación en violación al derecho en este caso, moviéndose según las presiones ejercidas indebidamente por algunos de los altos mandos, que tienen nombres y apellidos.

Invitar entonces al general Francisco Gallardo a acogerse a la justicia civil, se hace ¿por ignorancia o por mala fe?

La Jornada,21 nov 2001

 

jherrerapen@hotmail.com

   


Portada

Sección Política

Enlaces

Ilustraciones

Temario